Seguridad

Lento proceso para devolver tierras a indígena atiza la hostilidad en Térraba

Estado inició desde el 2016 un proyecto para desalojar terrenos en poder de personas no indígenas pero cuatro años después los avances son mínimos

El 1.° de marzo del 2016, el Gobierno puso en marcha un ambicioso proyecto denominado Plan-RTI, para devolver a las personas autóctonas las tierras en los 24 territorios indígenas. Empero, cuatro años después, en Térraba, uno de esos territorios, no se ha logrado entregar de vuelta ninguna finca.

Esta situación denunciada por el Consejo de Mayores Brörán de Térraba y confirmada por el Viceministerio de Diálogo Ciudadano, demuestra el poco avance de la iniciativa, prevista para concluirse en el 2022.

Precisamente, la disputa por los terrenos es la que ocasiona la creciente hostilidad en Térraba y en el vecino pueblo de Salitre, ambas comunidades del cantón de Buenos Aires de Puntarenas.

La escalada de violencia llevó a que, la noche del martes 25 de febrero, fuera asesinado de cinco balazos el dirigente Yehry Helmut Rivera Rivera, de 45 años, en Mano de Tigre, poblado de la Reserva Indígena de Térraba.

Este homicidio es secuela de actos delictivos previos como quema de ranchos y de plantaciones, amenazas, cierre de caminos e intentos de homicidio, que ocurren desde hace hace más de un año en la región, cuando mataron a Sergio Rojas Ortiz, otro líder indígena, en Salitre.

Para las autoridades, los actos delictivos se dan porque, desde hace años, los indígenas se organizaron para realizar recuperaciones de hecho. Es decir, organizaciones indígenas envían una notificación a algún poseedor de tierra que consideran no indígena en Térraba o Salitre, y lo invitan a abandonar el lugar, para lo cual le dan un plazo.

Este tipo de acciones generan la reacción de los llamados no indígenas, quienes alegan ser dueños legítimos de esas fincas e incluso ser descendientes de algún indígena.

Debido al conflicto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 30 de abril del 2015 dictó una medida cautelar obligando al Gobierno a “garantizar la vida y la integridad personal del pueblo indígena Teribe (o Térraba) y del pueblo indígena Bribri de Salitre”.

Pueblo Térraba o Teribe

La reserva del pueblo Térraba o Teribe está en San Francisco de Térraba, en el distrito de Boruca, cantón de Buenos Aires, Puntarenas. Fue establecida mediante decreto del 15 de noviembre de 1956.

FUENTE: INEC Y FOREST PEOPLES PROGRAMME    || c.f. / LA NACIÓN.

Propósito del plan

El Plan-RTI se creó para resarcir las tierras y cumplir con lo ordenado por la Ley Indígena (6.172) del 29 de noviembre de 1977, que estableció 24 territorios del país cuyas tierras son propiedad de los indígenas.

El proyecto está previsto para desarrollarse en bloques y deberá concluirse en el 2022, cuando se espera tener expedientes de todas las fincas y que sean puestos en manos de personas autóctonas.

Sin embargo, el avance del plan es limitado. En el caso de Térraba se está en un proceso de censar los predios. Se han contabilizado 825 lotes pero todavía falta los planos y determinar quien es el dueño actual. Luego vendrá el desalojo.

Las organizaciones indígenas Consejo Ditsö Iriria AjkönuK Wakpa y el Consejo de Mayores Brörán informaron de que “después de tres años en Térraba ningún desalojo ha sido ejecutado y este territorio está habitado en un 80% por ocupantes ilegales”.

En un documento hecho público en febrero pasado y que está firmado por Lesner Figueroa Lázaro, cocoordinador del Consejo Ditsö y Manuel Villanea, cocoordinador del Consejo de Mayores Brörán, pidieron al Gobierno: “acciones inmediatas para sanear nuestros territorios y poner fin a la impunidad que nos trae más inseguridad”.

Pero esta no es la primera vez que dichos grupos gestionan al Gobierno mayor agilidad. Anteriormente, el 24 de noviembre del 2019 en un documento dirigido a Juan Alfaro López, en aquel momento viceministro de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, aseguraron que el Plan-RTI es únicamente es un estudio, que además de tener un atraso de dos años, no tiene definido cómo se convertirá el resultado del proyecto, en órdenes de desalojo ejecutables.

El actual viceministro de la Presidencia y Diálogo Ciudadano, Randall Otárola Madrigal dijo que el tema es un asunto muy complejo, al tiempo que mencionó que un factor que retrasa un trámite mas expedito es “la multiplicidad de actores y porque se ha debido construir una base de datos para determinar quién es indígena y quién no”

Sostuvo que el Plan-RTI se está cumpliendo y que el cronograma previsto para cada uno de los bloques se concluirá en el 2022.

“En esta ruta ha habido pausas porque para medir ciertas fincas hay que hacerlo de una manera negociada y consensuada, con los diferentes actores a lo interno”, precisó.

Para ejemplicar que hay varios actores, dijo que la Comisión de Diálogo, tras la muerte Jehry Rivera, debió reunirse por separado con los miembros de la Asociación de Desarrollo Integral de Térraba y con el Consejo de Mayores Brörán.

Otárola dijo que en esos diálogos se logró suspender los desalojos de hecho y que las organizaciones se acojan a la vía institucional.

Sin embargo, Pablo Sibar Sibar, coordinador del Consejo de Mayores Brörán, dijo que lo que admitieron fue “hacer una pausa” por un tiempo indeterminado.

Consultado Otárola, si el afectado puede impugnar el desalojo, respondió que sí. Al respecto, explico que eso significa que el desalojo debe esperar años hasta que se resuelva en la vía judicial.

Ese inconveniente los señalaron los grupos indígena al exviceministro Juan Alfaro. En esa ocasión las organizaciones manifestaron que por un lado el Gobierno les pide tener confianza en el Plan-RTI pero advirtieron “la experiencia nos muestra que casi todas las órdenes de desalojo emitidas hasta la fecha, han sido apeladas y están estancadas en los tribunales”.

Violencia persistente

Las denuncias por quemas de potreros, sembradíos de caña de azúcar, ranchos, destrucción de cañerías, desvió de canales de agua, agresiones a golpes, amenazas y usurpación de tierras, son son comunes en los pueblos indígenas de Térraba (o Teribe), Bribri y Cabécar.

Los hechos se registran en Térraba, Salitre y China Kichá, pueblos del cantón de Buenos Aires.

La tarde del martes se reportó un incendio en la finca Crun Shurin, que se ubica cerca de la carretera Interamericana Sur, en el camino hacia San Vito de Coto Brus.

Esta propiedad fue recuperada por 17 familias indígenas Brörán. Bomberos y voluntarios apagaron las llamas, pero el miércoles la finca volvió a arder.

Pablo Sibar Sibar, coordinador del Consejo de Mayores Brörán, y que vive en una parte de la finca, afirmó que el incendio fue provocado y estuvo a punto de quemar varias casas. Agregó que el caso fue denunciado ante la Fiscalía de Buenos Aires.

Sin embargo, Edwin Miranda jefe de la Fuerza Pública en la región Brunca, dijo que se trata “de algunos focos (de fuego) que se han dado por vegetación que está seca por ocasión del verano (...) no tenemos ninguna investigación tendiente a relacionar los incidentes de la semana pasado con lo que está ocurriendo en esa finca”.

Sobre los hechos delictivos en la zona, el Ministerio Público informó de que en los casos de los homicidios de Sergio Rojas y Jehry Rivera están en proceso de investigación. Por este último, se tiene a dos hermanos de apellidos Varela Rojas como imputados. Ambos están en libertad.

Paralelamente, el ente acusador del Estado comunicó que en la causa 16-200108-634-PE, se tiene como acusados a 41 personas no indígenas por el delito de usurpación en el territorio de Salitre. Este lergajo está desde el 6 de abril del 2018 en el Juzgado Penal de Buenos Aires en espera de que se fije una fecha para la audiencia preliminar.

La diligencia no se ha realizado porque la defensa de los imputados solicitó que se realice un peritaje.

Asimismo, la Fiscalía de Adjunta de Asuntos Indígena indicó que luego del 6 de abril del 2018 también presentó otras acusaciones por usurpación de tierra contra 19 personas, que se manejan en cinco expedientes diferentes.

Carlos Arguedas C.

Carlos Arguedas C.

Periodista en la sección de Sucesos. Trabaja en La Nación desde el 2000 siempre en la cobertura de asuntos de Sucesos y Jurídicos.