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Una disputa por identificar quién es indígena y quién no, es la principal traba que enfrenta el Gobierno para concretar la recuperación de tierras en la comunidad indígena de Salitre en Buenos Aires de Puntarenas.
El hecho lo dieron a conocer Juan Alfaro López, viceministro de la Vicepresidencia y de Diálogo, así como Heiner Blanco Acosta, asesor del Gobierno en materia indígena, al explicar las razones por las cuales no se ha logrado el resarcimiento de los 11.700 hectáreas de esa comunidad.
La intervención estatal se dio porque en el 2010, grupos indígenas bribris decidieron rescatar por sus propios medios los terrenos al alegar que estaban en manos de no indígenas.
La acción generó reacciones como quema de ranchos y agresiones que se mantuvieron hasta, que el pasado lunes 18 de marzo, llegó a un punto crítico al ser asesinado Sergio Rojas Ortíz, uno de los líderes bribris de Salitre.
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Aunque el Gobierno alega ese inconveniente, la fiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio, por su parte, al asumir el cargo en octubre del 2017 y ante las múltiples denuncias por la usurpación de las tierras en Salitre, ordenó una atención oportuna a la problemática existente, según dijo el 28 de enero pasado ante la Corte Plena.
En esa ocasión agregó que como resultado de la intervención, el 6 de abril del año pasado se acusó a 41 personas por el delito de usurpación, al ocupar, presuntamente, de manera ilegítima terrenos en esa comunidad indígena.
No fue posible conocer cómo hizo la fiscalía para determinar que esas personas eran no indígenas. Tampoco se dieron a conocer los nombres de los imputados.
El Ministerio Público en un comunicado de prensa solo detalló: “este expediente representa un caso inédito, ya que se inició de oficio, ejerciendo el control de convencionalidad, aplicando lo que establecen los convenios internacionales que tutelan los derechos de los pueblos indígenas, el derecho de propiedad colectiva y tomando en cuenta el sistema propio de transmisión de tierras en Salitre”.
El caso está pendiente de ir a audiencia preliminar para determinar si el asunto es elevado a juicio. Todavía no se tiene fecha para la audiencia.
Dilema estatal
Salitre, es un poblado del distrito central de Buenos Aires y según el censo del 2011 tiene una población de 1.845 habitantes.
Este territorio y otros 23, que pertenecen a otros grupos indígenas del país, quedaron protegidos por la Ley Indígena (6172) emitida el 29 de noviembre de 1977.
Ahí se estableció que las reservas indígenas son “inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar (...) terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas”.
Heiner Blanco al explicar el origen del conflicto en Salitre dijo: “los habitantes vienen de Talamanca. Ellos migraron en 1845. Reclaman el territorio y dicen que ahí solo pueden vivir bribris por descendencia de línea materna, pero hay estudios que dicen que antes de que ellos llegaran ya andaban personas teribes y bruncas en esa zona (...)
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“Estamos teniendo casos en donde personas dicen yo soy bribri porque mi papá es bribri pero la tradición dice que para ser bribri usted tiene que ser de línea materna.
“Por eso, cuando se reciben reclamos se dice que esa persona no es indígena bribri pero resulta que esa persona vive ahí desde hace 50 años, solo que no es bribri por línea materna, pero nació ahí, vive ahí, habla bribri, conoce el contexto pero por una cuestión cultural no es reconocido como bribri Salitre”.
Blanco precisó que en este aspecto, en otras ocasiones se ha tenido que recurrir a peritajes culturales, que realizan profesionales de la Universidad de Costa Rica (UCR).
En un juicio por usurpación que se realizó en el 2015 en los Tribunales de Pérez Zeledón se condenó a una mujer, que alegó ser indígena bribri por ocupar un terreno en Salitre. La medida se adoptó luego de que dos peritajes hechos por especilistas de la UCR establecieron que “no se puede reconocer que la mujer sea indígena de Salitre”. Ella recibió una pena de tres años de prisión.
Mesa de diálogo
El viceministro Juan Alfaro explicó que fue en el 2015 luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) emitió la medida cautelar de protección para los pueblos bribri y teribe y ordenó la recuperación de los territorios, para lo cual se creó una mesa de diálogo.
La idea, dijo, era facilitar que funcionarios del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) ejecutaran el plan de Reinvidicación de los Territorios Indígenas (conocido como RTI), que se realizaría tanto en Salitre como en las otras 24 poblaciones indígenas del país.
Alfaro manifestó que el proyecto contempla seis actividades que son: documentación, amojonamiento del territorio, estudio censal de pobladores, levantamiento topográfico, creación de expedientes por finca y determinar si alguno es no indígena para desalojarlo o indemnizarlo.
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Sin embargo, en Salitre no se ha llegado a la segunda etapa, afirmó el viceministro. En otras comunidades como la maleku en Guatuso de Alajuela, ya está en la última etapa.
“Han existido algunos inconvenientes desde el punto de vista técnico y también social. El 15 de noviembre pasado habíamos retomado conversaciones. Aquí estuvieron Sergio Rojas, Pablo Sivas y otras personas. Este viernes (el 22 de marzo) íbamos para Buenos Aires y ya se había coordinado una reunión con Sergio para retomar el tema de la reincorporación del Inder al territorio de ellos y que dieran acompañamiento para avanzar en las etapas que estaban pendientes del plan de RTI”.
El funcionario dijo que debido a la muerte de Rojas se dio un tiempo de espera pero en esta semana se van a reiniciar las conversaciones para continuar con el proyecto.
ADI, otro entidad en disputa
En Salitre no solo existe la pugna por los terrenos sino que también se perciben diferencias o intereses por asumir el control del principal órgano rector de la comunidad, la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Salitre
Al revisar documentos judiciales en la Sala Constitucional se constatan las luchas de grupos por manejar dicho órgano, que es la dueño de las tierras, distribuye bonos de vivienda y tiene injerencia en la escogencia del Consejo Local de Educación Indígena (CLEI) que designa los maestros en el territorio indígena e incluso avala los Consejos de Mayores.
El poder de ADI quedó establecido en el reglamento a la ley indígena, que se publicó en mayo de 1978. Allí se afirma que “las Asociaciones de Desarrollo, una vez inscritas legalmente, representarán judicial y extrajudicialmente a dichas comunidades (...) y designarán a los comités auxiliares como organismos subordinados”.
Sergio Rojas Ortiz asumió la presidencia de la ADI de Salitre en el año 2003 cargo en el que se mantuvo hasta octubre del 2015, cuando fue separado por una decisión de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco), pues en aquel momento se le atribuyeron supuestas anomalías en el manejo de la ADI.
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Debido a la queja, la Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas abrió un proceso penal contra Rojas y otras 11 personas (directivos y exdirectivos de la ADI de Salitre) por los delitos de peculado y estafa. El caso se tramita en el expediente 12-200679-0634-PE.
El Ministerio Público acusó en el año 2017, a las 12 personas porque, supuestamente, entre octubre del 2003 a abril de 2013, sustrajeron ₡ 562 millones, provenientes del Fondo Nacional de Fideicomiso Forestal (Fonafifo) que debían ser distribuidos entre las personas indígenas poseedoras de los terrenos sometidos al régimen de conservación del bosque.
El expediente que estaba en manos del Juzgado Penal de Hacienda en Goicoechea para que fijara la fecha de la audiencia preliminar, fue devuelto recientemente al Ministerio Público, para que se realizara, precisamente de un peritaje cultural de los imputados.
El abogado Gustavo Cabrera Vega, defensor de Sergio Rojas en ese proceso, dijo que esa gestión la hizo un defensor público y ellos se adhirieron.
“El peritaje es para que se aclare si las personas que están imputadas conocían sobre los procedimientos administrativos de un fondo bajo su control. Que se analice su conocimiento, como viven y sus responsabilidades”, precisó. Dichos peritajes todavía no están concluidos.
Al consultarle a Cabrera, si tras la muerte de Rojas, pedirá que se dicte un sobreseimiento definitivo, dijo que junto al otro abogado defensor, Rubén Chacón Castro, analizarán la estrategia a seguir a partir de este momento, pues argumentó que ahora “nuestro interés es limpiar el nombre de Sergio Rojas”.
