El asesinato del dirigente indígena, Yehry Helmut Rivera Rivera, durante un enfrentamiento armado con finqueros en territorio Térraba, específicamente en Mano de Tigre de Boruca, en Buenos Aires de Puntarenas, revive la vieja disputa por esas tierras.

Los acontecimientos ocurrieron este lunes por la noche, confirmaron el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), que atendieron la situación.

De acuerdo con la Policía, cerca de 20 personas, entre indígenas y finqueros tuvieron una riña y eso desencadenó una balacera.

Producto de los disparos, Rivera fue impactado en al menos cinco ocasiones en el hombro, axila, espalda y cabeza, por lo que falleció en el sitio.

Además, otro hombre resultó herido con un machete en ambas piernas.

Edwin Miranda Hernández, director regional de Fuerza Pública en Buenos Aires, manifestó que los hechos ocurrieron muy rápido y fueron provocados por una quema.

“Lamentablemente se da el contacto entre estos dos sectores y una riña en la que se da el deceso de una persona y otra resulta herida.

“Fuerza Pública llega y atiende las dos partes para que la situación no siga en escalada”, explicó Miranda.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Michael Soto Rojas, dijo que lamenta esta situación, la cual se registra en medio del despliegue policial permanente que hay en la zona, donde también se han desarrollado una serie de reuniones mensuales para proceder con una recuperación pacífica de tierras.

El jerarca aseveró que los policías reaccionaron apenas dos minutos después de que empezó el enfrentamiento y eso evitó una escalada de violencia.

"No podemos tener un policía por metro, ni una patrulla cuidando persona por persona para evitar que esto ocurra. Hemos cumplido con las disposiciones de las medidas cautelares (...), pero en esta circunstancia, las dos personas que están en conflicto buscan la no presencia policial.

“El conflicto se da sobre vía principal, sobre una calle interna del territorio. Ahí se encuentra el fallecido (Rivera) con otro hombre, tienen una discusión y Rivera lo hiere con machete. El hermano del herido aparece y dispara, esa es la información preliminar que tenemos”, explicó el jerarca.

Poco después de lo ocurrido un hombre, de apellidos Varela Rojas, se entregó como sospechoso del crimen. Por medio de un tercero, el presunto responsable abordó al oficial Miranda y pidió conversar sobre lo ocurrido.

“Él (sospechoso) nos indica de forma circunstancial y voluntaria que fue la persona que actúo en este tema y que quiere, lógicamente, entregarse a las autoridades policiales”, aseguró Miranda Hernández.

En el lugar, agentes judiciales decomisaron evidencias balísticas de un arma calibre nueve milímetros, mientras que durante la tarde se realizó un despliegue para tratar de ubicar una pistola que habría utilizado el agresor; sin embargo, al cierre de esta nota no trascendió si esta fue localizada.

Asimismo, se entrevistaron personas y buscaron evidencias para la investigación del caso.

Víctima con protección

Yehry Rivera, de 45 años, era un líder indígena brörán y según el ministro de Seguridad, tenía medidas cautelares de protección.

Precisamente, la Fiscalía aseguró que el caso se tramitará "con la celeridad e importancia debida, tomando en cuenta que la víctima era una de las personas indígenas del territorio bajo tutela de la medida cautelar MC 321-12, impuesta al Estado de Costa Rica por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

“Desde la interposición de dicha medida, en el 2015, la Fiscalía de Asuntos Indígenas ha realizado acciones afirmativas, tanto en el abordaje de los casos, como el análisis de la conflictividad en la zona y su impacto en los procesos, con el fin de dar cumplimiento a la disposición del órgano interamericano”, recalcó el Ministerio Público en un comunicado de prensa.

Este homicidio se investiga dentro del expediente 20-000108-0990-PE y está a cargo de la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos.

Tanto la Defensoría de los Habitantes como el Sistema de las Naciones Unidas condenaron lo ocurrido y llamaron al Estado a promover las medidas necesarias para que los pueblos indígenas tengan garantizado su derecho de la posesión de sus tierras.

“Las normas internacionales y la legislación nacional son muy claras al disponer que estos territorios son para uso exclusivo de los pueblos indígenas. Las autoridades del país deben garantizar la protección de los defensores indígenas de derechos humanos”, señaló Alice Shackelford, coordinadora Residente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Costa Rica.

En tanto, la Defensoría informó de que “elevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe sobre la situación que se vive en territorio indígena costarricense, pero además hizo un llamado al Estado a liderar de manera inmediata y efectiva acciones que permitan atender el conflicto por tierras”.

El ministro de Seguridad mencionó que desde que comenzaron a abordar la problemática que hay con tierras se detectó la necesidad de realizar ocho desalojos, de los cuales se concretaron cuatro, están pendientes dos y otros dos están suspendidos por medidas cautelares agrarias.

Tras lo ocurrido, Carlos Alvarado Quesada, presidente de la República, condenó el crimen y lamentó la situación de violencia que se ha desencadenado en los últimos días en esa comunidad.

“Anunciaremos más medidas en esta materia”, afirmó el mandatario en Twitter.

Plan de interés público

Asimismo, el Gobierno anunció que el Plan de Recuperación de Tierras Indígenas (RTI) fue declarado de interés público.

Para este se destinó un fondo de ¢500 millones aprobados por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), a los que se sumarán en los próximos dos años el 80% de los ingresos no tributarios recibidos por la institución producto arrendamientos, venta de tierras y el canon de concesiones en Franja Fronteriza. Posteriormente, en los siguientes tres años, será el 50% de ese dinero el que se destine a esta iniciativa.

Harys Regidor Barboza, presidente ejecutivo del Inder, explicó que con ese dinero se comprarán y se devolverán las tierras a los indígenas.

“Hemos intentado no patear la bola y tratar de resolver en la medida de lo posible. Se creó un fondo con recursos del Inder como parte del camino de recuperación por vías legales y del marco normativo. Estamos incorporando dentro del plan el acompañamiento a familias no indígenas en el proceso de reubicación”, aseveró Regidor.

Por otro lado, el Ministerio de Educación Pública (MEP) informó de que como parte de las medidas de seguridad, se decidió suspender lecciones en los centros educativos del circuito 13 de Térraba por el resto de la semana.

Sobre el territorio Térraba

La reserva indígena de Térraba es uno de los siete territorios indígenas de Costa Rica. Ocupa un territorio de 9.355 hectáreas, principalmente en la comunidad de San Francisco de Térraba, en el distrito de Boruca, cantón de Buenos Aires, Puntarenas.

Fue establecida mediante decreto emitido el 15 de noviembre de 1956 y, según el INEC, para el 2013 la población indígena era de 1.267 personas y la no indígena de 817.

En la comunidad funciona una Asociación de Desarrollo Integral Indígena y en los últimos años se constituyó un consejo de mayores indígenas que se empieza a llamar brörán, de donde Rivera era dirigente.

De acuerdo con datos de la organización Forest Peoples Programme, del total del territorio, 1.122 hectáreas están en manos de indígenas y 8.233 hectáreas de no indígenas.

Asesinato reciente

El crimen de Rivera ocurre apenas 11 meses después de que también fuera asesinado de múltiples disparos el lider bribri Sergio Rojas Ortiz, conocido por su defensa de tierras indígenas en Salitre, Buenos Aires de Puntarenas.

Rojas, de 59 años, fue asesinado a balazos la noche del 18 de marzo del 2019. Su cuerpo fue encontrado en el segundo piso de su vivienda.

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El asesinato se perpetró horas después de que Rojas acompañó a otros dos indígenas a presentar una denuncia ante la Fiscalía de Buenos Aires por amenazas de supuestos usurpadores de tierras, informó la Defensoría de los Habitantes.

Su homicidio derivó en una fuerte movilización de efectivos de Fuerza Pública y Policía Judicial para tratar de controlar los ánimos en la zona.

Este martes por la mañana, la Federación Ecologista (Fecon) se refirió a los hechos y calificó de “hipócrita” al Estado, al acusarlo de abandonar a los pueblos indígenas, pese a ser defensor de los Derechos Humanos.

"Este nuevo crimen se da a menos de un mes de cumplir un año del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, líder indígena quien a pesar de tener medidas cautelares para su protección, fue asesinado por personas no indígenas que usurpan la tierra de los pueblo originarios.

"Estas son propiedades que la legislación costarricense reconoce, por mérito histórico, como parte de los territorios indígenas, pero que los gobiernos de turno no aplican, protegiendo así intereses de grupos racistas que han agredido a las personas indígenas.

“Desde la Federación Ecologista exigimos el saneamiento de los territorios indígenas y que los usurpadores no originarios salgan de estos lugares que le pertenecen a los pueblos indígenas. Además es urgente que los asesinatos de Rojas y Rivera no queden en la impunidad”.

Información actualizada a las 6:24 p. m. con más datos del caso.