La falta de pruebas en el caso del asesinato del líder indígena Sergio Rojas provocó que la Fiscalía se decante por pedir una desestimación en contra de los tres sospechosos.

La información fue confirmada por la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos luego de que se le consultara por el avance de la pesquisa por este homicidio, ocurrido en marzo del 2019 en Salitre, Buenos Aires de Puntarenas.

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Ese despacho informó que la hipótesis fiscal señala que en el crimen participaron autores intelectuales como materiales. Tres de ellos lograron identificarse, pero los otros aún no. No brindó la identidad de los ligados al proceso ni cuántas personas faltarían por vincular.

Sin embargo, pese a las pesquisas realizadas, “las pruebas con las que se cuenta contra esas tres personas, en este momento, no son suficientes para atribuirles cargos”, acotó la fiscala adjunta de ese despacho, Ileana Mora Muñoz.

Agregó: “La conclusión fiscal se da por falta de elementos de prueba suficientes para fundamentar una acusación. Lo anterior, pese a la robusta investigación que se realizó de manera conjunta con el Organismo de Investigación Judicial, que incluyó, entre muchas otras diligencias, entrevistas, análisis telefónicos, inspecciones en sitio, análisis de trayectorias balísticas y la solicitud de un allanamiento que no fue concedido", aportó.

Ante eso, solicitarán en los próximos días ante el Juzgado Penal de Buenos Aires la desestimación del caso 19-000178-0990-PE.

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No obstante, la Fiscalía resaltó que hará un testimonio de piezas del expediente principal y dictará sobre él un archivo fiscal. Este consiste en un cierre temporal debido a que no se identificó a la persona que cometió el hecho, pero puede ser reabierto en cualquier momento en caso de conocerse quién es la persona imputada.

La solicitud de desestimación trasciende apenas 30 días después de que la propia Fiscalía aseverara que estaban a un mes de concluir la pesquisa por este caso.

Todo lo anterior fue comunicado el jueves a la familia de la víctima en una reunión realizada en los Tribunales de Pérez Zeledón.

El objetivo era que participaran los parientes y su abogado, así como la fiscala general, Emilia Navas; Mora Muñoz; y la fiscala adjunta de asuntos indígenas, Tattiana García.

Sin embargo, debido a un inconveniente tecnológico, el abogado de los dolientes no pudo conectarse de forma virtual al encuentro. Aún así, “durante el espacio (...) se atendieron y explicaron preguntas que tenían las víctimas indirectas de la causa”.

Un día después de que la Fiscalía diera a conocer la decisión en este caso, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un vehemente llamado para continuar la investigación y esclarecer el homicidio del líder indígena.

“La ONU destacó que Costa Rica ha sido un país respetuoso de los derechos humanos y tiene plena confianza en que las autoridades judiciales esclarecerán el caso y llevarán ante los tribunales a las personas responsables”, se lee en el comunicado colgado en su página web.

Recuento

Sergio Rojas, de 59 años, fue asesinado la noche del 18 de marzo del 2019 en su casa en Yeri de Salitre, cantón de Buenos Aires, Puntarenas.

Ese día, al menos dos individuos le dispararon con armas de diferente calibre. Los autores materiales escaparon con rumbo desconocido.

Tres meses después del crimen, el Ministerio Público divulgó los retratos hablados de los dos individuos que dispararon. Desde ese momento, no han trascendido más detalles sobre el homicidio.

Con el paso de los meses la situación en los territorios indígenas del cantón de Buenos Aires siguió alterada con amenazas de muerte, quemas de propiedades y agresiones, hasta que la noche del martes 25 de febrero anterior asesinaron de cinco balazos a otro dirigente indígena, Yehry Helmut Rivera Rivera, de 45 años, en Mano de Tigre, un poblado de la Reserva Indígena de Térraba.

El crimen ocurrió en medio de una disputa por tierras en la que participaron unas 20 personas. Dos hermanos de apellidos Varela Rojas fueron detenidos como sospechosos del homicidio. Un juzgado los dejó con medidas cautelares mientras sigue el proceso judicial.

Ileana Mora, fiscala adjunta contra el narcotráfico y delitos conexos, dijo a los diputados que en ambos homicidios se han hecho “todas y cada una de las diligencias que se suelen hacer para las investigaciones de homicidios. No se han escatimado esfuerzos (...) las investigaciones de crimen organizado, de homicidios complejos, generalmente el promedio que tenemos (para terminarlas) es de año y nueve mes”.