“Se dio un plazo al Organismo de Investigación Judicial para que nos rindieran un último informe, y esperamos que en el caso de don Sergio (Rojas Ortiz), en el mes de setiembre tener algún resultado. No podemos adelantar cuál será la solicitud fiscal, pero depende de que un juez la acoja o no acoja”.
Con estas palabras, Ileana Mora Muñoz, fiscala adjunta contra el narcotráfico y delitos conexos, respondió una pregunta sobre qué pasó con la pesquisa por el crimen del líder indígena ocurrido el 18 de marzo del 2019, en Buenos Aires de Puntarenas.
La funcionaria brindó la declaración el pasado 22 de junio ante la comisión legislativa que investiga la responsabilidad del Estado en los homicidios en los territorios indígenas.
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Esta posible conclusión de la investigación trasciende pocos días después de que Mary Lawlor, relatora especial sobre derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUD), hizo pública su preocupación por la impunidad de los delitos en las regiones indígenas de Costa Rica.
Lawlor, en un comunicado de prensa emitido el 8 de junio anterior dijo: “Costa Rica experimentó un auge en ataques contra líderes indígenas desde el asesinato de Sergio Rojas, en marzo de 2019, que trabajó durante décadas para defender los derechos de los pueblos indígenas frente la ocupación ilegal de sus territorios.
“Hoy, más de 16 meses más tarde, todavía no está claro si las autoridades se encuentran más cerca de identificar a los responsables”.
La magistrada de la Sala Primera, Damaris Vargas Vásquez, coordinadora de subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, consultada sobre el tema de la impunidad dijo tener limitaciones legales para referirse a casos concretos. Asimismo afirmó que se hacen esfuerzos para brindar a esa población un trámite ágil en los procesos.
Recuento
Sergio Rojas, de 59 años, fue asesinado la noche del 18 de marzo del 2019 en su casa en Yeri de Salitre, cantón de Buenos Aires, Puntarenas.
Ese día, al menos dos individuos le dispararon con armas de diferente calibre. Los autores materiales escaparon con rumbo desconocido.
Tres meses después del crimen, el Ministerio Público divulgó los retratos hablados de los dos individuos que dispararon. Desde ese momento, no han trascendido más detalles sobre el homicidio.
Con el paso de los meses la situación en los territorios indígenas del cantón de Buenos Aires siguió alterada con amenazas de muertes, quemas de propiedades y agresiones, hasta que la noche del martes 25 de febrero anterior asesinaron de cinco balazos a otro dirigente indígena, Yehry Helmut Rivera Rivera, de 45 años, en Mano de Tigre, un poblado de la Reserva Indígena de Térraba.
El crimen ocurrió en medio de una disputa por tierras en la que participaron unas 20 personas. Dos hermanos de apellidos Varela Rojas fueron detenidos como sospechosos del homicidio. Un juzgado los dejó con medidas cautelares mientras sigue el proceso judicial.
Ileana Mora dijo a los diputados que en ambos homicidios se han hecho “todas y cada una de las diligencias que se suelen hacer para las investigaciones de homicidios. No se han escatimado esfuerzos (...) las investigaciones de crimen organizado, de homicidios complejos, generalmente el promedio que tenemos (para terminarlas) es de año y nueve mes”.
Origen del conflicto
Según las autoridades judiciales, la mayoría de delitos que se presentan en los territorios indígenas tienen origen en el conflicto de tierras. Esto porque según la Ley Indígena (6.172) del 29 de noviembre de 1977, se establecieron 24 territorios, cuyas tierras son propiedad de los indígenas y por tanto debían pasar a manos de ellos.
Empero, el traspaso de las propiedades de no indígenas a indígenas ha sido lento, razón por la cual los segundos iniciaron las recuperaciones por sus propias manos. Esa situación es la que genera los conflictos. Hasta ahora las pugnas se han dado en la reserva del pueblo Térraba o Teribe, que está en San Francisco de Térraba, en el distrito de Boruca, en Buenos Aires.
Debido a esos conflictos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde el 30 de abril del 2015, dictó una medida cautelar obligando al Gobierno a “garantizar la vida y la integridad personal del pueblo indígena Teribe (o Térraba) y del pueblo indígena Bribri de Salitre”.
La Asamblea Legislativa luego del crimen de Sergio Rojas integró una comisión para determinar si el Estado tuvo responsabilidad en ese homicidio. El grupo lleva más de un año de sesionar y el pasado 22 de junio invitaron a funcionarios judiciales para que explicaran las razones sobre la lentitud en las investigaciones de los homicidios y en los procesos por usurpación de tierras.
Ante los cuestionamientos, Tatiana García Chaves, de la Fiscalía de Asuntos Indígenas, dijo que el año anterior se presentó una acusación contra 42 personas por usurpación de tierras en Salitre. Asimismo, agregó que en el territorio Térraba se están investigando a 102 personas también por ocupar de manera ilegal territorio indígena.
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“Se han realizado investigaciones, no solo de usurpación, también las que se han originado producto de las amenazas, de agresiones con arma, de tentativas de homicidio producto de este conflicto de tierras”, agregó.
Pablo Sibar Sibar, coordinador del Consejo de Mayores Brörán y uno de los principales líderes indígenas, manifestó que debido a la pandemia por la covid-19 tanto las recuperaciones de hecho que practican los indígenas, como los procesos por usurpación se paralizaron.
“Las amenazas, como no hay más recuperaciones, entonces están calmadas, pero en el momento en que empiecen las recuperaciones las amenazas van a continuar (...) una de las preocupaciones es que el homicidio de Sergio Rojas esté en la impunidad. ¿Cómo es posible que año y medio después del crimen no digan nada?”, añadió.
El último incidente reportado en los territorios indígenas de Buenos Aires sucedió el 27 de julio pasado, cuando maquinaria pesada llevada por no indígenas removió un terreno recuperado por indígenas en Crun Shuri en Térraba. Ese ilegal trabajo que fue paralizado destruyó un monumento arqueológico no registrado, según determinaron en una inspección especialistas del Museo Nacional.
