El 25 de mayo del 2021, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desmanteló una organización criminal que preparaba un enorme proyecto en Limón para construir un hotel cinco estrellas, 14 villas habitacionales, dos restaurantes, entre otras instalaciones dentro de un complejo turístico. Una traba de la Municipalidad de Limón, que se negó a declarar como calle pública la vía de acceso al complejo, impidió que el proyecto avanzara.
Aunque el plan no prosperó, este tipo de inversiones con origen ilícito han puesto el foco en Costa Rica a nivel internacional. Así lo refleja un reporte anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la situación del lavado de dinero en diferentes países del mundo.
“El narcotráfico continuó siendo una fuente importante de lavado de activos en Costa Rica en 2021. Los sectores de la construcción, inmobiliario y hotelero siguen siendo vulnerables al lavado de dinero”, señala el documento llamado Reporte Estratégico de Control Internacional de Narcóticos, enviado a inicios de marzo al Congreso estadounidense.
Estas observaciones del Gobierno de Estados Unidos son compartidas por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), entidad que se encarga de recibir reportes de movimientos sospechosos de dinero y facilitarle la información recolectada al Ministerio Público.
“Esto es concordante con el análisis que nosotros hacemos de la información que llega a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del ICD”, afirmó el director general del ICD, Sergio Rodríguez Fernández.
Por ley, la UIF recolecta reportes de operaciones sospechosas (ROS), los cuales son brindados por las entidades del sistema financiero que están obligadas a alertar cuando alguna transacción se sale de lo común. Rodríguez apuntó que según los análisis del ICD, los sectores mencionados en el informe del gobierno estadounidense se encuentran dentro de las actividades económicas que más veces se han visto vinculadas a los ROS.
Las estadísticas del 2021 del ICD indican que los seis sectores en los que más se registraron ROS fueron: consultoría informática (25 reportes), servicios administrativos combinados (25), actividades no especificadas (24), construcción de edificios residenciales (20), administración de mercados financieros (18) y consultoría de gestión empresarial (13).
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Estas actividades son seguidas por programación informática (12), contabilidad y asesoría fiscal (11), comercio al por mayor no especializado (11), agentes de propiedad inmobiliaria (11), otras actividades relacionadas a educación (10) y orden público y seguridad (10).
Durante el 2021, la UIF recibió 643 ROS involucrando $383 millones (¢249.417 millones al tipo de cambio actual), un incremento de 80,6% comparado con los 356 ROS del 2017.
“No significa que las actividades señaladas sean ilegales, sino que están un poco más vulnerables, tal vez por falta de controles, de una debida diligencia de los gestores de esas actividades económicas, en el sentido de saber con quién estamos haciendo un negocio”, explicó Rodríguez.
El director del ICD explicó que existen cooperaciones con diferentes sectores empresariales para atacar el lavado de dinero, y aunque muchos sí están anuentes a colaborar, como el sector exportador, otros no parecen tan dispuestos. “Hemos tenido muy buenas experiencias y otras no tanto. En algunos nuestra semilla caerá en tierra fértil, y en otros habrá que seguir insistiendo”, dijo Rodríguez.
Por su parte, el fiscal adjunto contra Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial, Olger Calvo Calderón, mencionó que “toda actividad de contenido económico es susceptible de lavado de dinero. Desde luego que aquellas que manejan mayores e inmediatos flujos de dinero son las más apetecidas, ya que por su dinámica natural son riesgosas para el lavado de activos”.
Otros sectores preocupantes
El informe también menciona preocupaciones en cuanto al financiamiento de partidos políticos, a propósito de la campaña electoral del presente año.
Además, el documento indica que “la legalidad de las apuestas y las empresas de apuestas deportivas continúan siendo motivo de preocupación, al igual que los aeropuertos y los cruces fronterizos, estos últimos a menudo sirven como sitios para el contrabando de efectivo a granel y tipologías relacionadas”.
Con respecto a la campaña electoral, el director del ICD detalló que existen coordinaciones con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en caso de que la UIF reciba un ROS.
“En el tema de las campañas, el ICD, a través de la UIF, únicamente recibe información a través de los reportes de operación sospechosa. Si existiera un reporte que obviamente es confidencial, que ponga sobre la palestra algún flujo de dinero sospechoso en un partido político, eso se investiga y se traslada al Ministerio Público”, detalló Rodríguez.
“Si el TSE tiene la sospecha de que haya alguna acción irregular, no es ante el ICD ni la UIF que lo debe denunciar, sino ante el Ministerio Público”, añadió.
Sobre los aeropuertos y los cruces fronterizos, la actividad ilícita detectada en estos puestos ha llegado a tal punto que el Ministerio Público tomó la decisión de, a partir de enero, asignar a un fiscal que trabaje desde el aeropuerto internacional Juan Santamaría, desde donde se coordinan también asesorías y monitoreos con los otros aeropuertos del país.
El fiscal Olger Calvo puntualizó que en cuanto a las fronteras terrestres, el Ministerio Público elabora planes en conjunto con autoridades fronterizas y el ICD para abordar el trasiego de dinero de manera oculta o en condiciones sospechosas.
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Según el Departamento de Estado estadounidense, entre enero y agosto del 2021 las autoridades costarricenses decomisaron $1,2 millones (¢781.464 millones) en efectivo por violar la Ley 8204, la cual requiere que se declaren cantidades mayores a $10.000 al entrar a Costa Rica.
Entre las medidas positivas tomadas en el país, el informe destaca el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, el cual es un sistema en el cual las sociedades y otras personas jurídicas deben detallar quiénes son sus accionistas y beneficiarios finales. El registro se creó como parte de la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal del 2016.
También resalta el uso del mecanismo de sanciones por capitales emergentes, utilizado desde el 2009, el cual permite al Estado decomisar por la vía administrativa el patrimonio emergente de una persona si esta no puede demostrar su origen, sin la necesidad de acudir a la vía judicial.