Los integrantes de un opulento grupo narco desarticulado el martes anterior, comunicaron en diversas llamadas telefónicas su gran interés porque se desarrollara a la mayor brevedad un proyecto turístico entre Portete y Moín de Limón, en el cual invertirían $12 millones.
El hecho consta en las intervenciones telefónicas, incluidas como parte de las pruebas que el Ministerio Público tiene en el expediente judicial 18-00092-1219-PE, contra una organización señalada por dedicarse al tráfico de drogas y la legitimación de capitales.
El plan que pretendían desarrollar se llama Beitos Place y constaría de una estructura de uso mixto, con un hotel cinco estrellas, un residencial y un oficentro.
El complejo abarcaría 14 villas habitacionales, dos restaurantes, un centro de convenciones y un club de playa, además de piscinas, áreas de ejercicio al aire libre y de coworking, que es una forma de trabajar en la que un conjunto de trabajadores de distintos sectores comparten el mismo espacio físico.
Aunque la obra arrancó con la construcción de una calle adoquinada y muros en la entrada, actualmente se encuentra paralizada porque la Municipalidad de Limón se negó a declarar como calle pública esa vía de acceso.
Obtener esa declaratoria es fundamental para el plan, pues requieren de otros permisos para continuar con las construcciones.
Antecedente
Aunque en los documentos judiciales no se precisa la fecha en que inicia este proyecto, se hace ver que uno de los primeros pasos de la organización para desarrollarlo se dio el 9 de julio del 2019.
En esa ocasión la sociedad Urbanizadora Acre de Heredia inscribió en el Registro Nacional una finca que mide 18.865 metros para desarrollar Beitos Place. El representante judicial de esta empresa era un hombre de apellido Cartín, investigado en este asunto, pero que falleció en mayo de este año.
La enorme propiedad la compraron a un hombre de apellido Sarquis en ¢6 millones.
Según los investigadores judiciales, al empresario dedicado a la construcción, en asocio con su hijo del mismo apellido, le correspondió “frentear y coordinar en nombre de la organización criminal el proyecto hotelero”, el que promovían como un plan de bien social y económico pues generaría 400 empleos.
Los agentes confirman esa hipótesis en diversas publicaciones periodísticas en las cuales Cartín aparece como impulsor del plan.
Una de las que citan la hizo el periódico La República en noviembre del 2020, en la cual se menciona que la obra tendrá una inversión de $12 millones y estará concluida en el 2023.
Cartín da declaraciones como presidente de la urbanizadora Acre y en ellas manifiesta: “Actualmente el proyecto se encuentra en etapa de movimiento de tierras y diseño de planos arquitectónicos”.
El sujeto mencionó en esa ocasión que uno de los motivos para promover el proyecto era la ampliación de la carretera entre Limón y San José y la apertura de la terminal portuaria de APM Terminals.
Inconvenientes
Sin embargo, el desarrollo del plan sigue paralizado porque no lograron que se designara como calle pública a un viejo camino de acceso que existía en el lugar, según consta en dos acciones de inconstitucionalidad que presentó Cartín como representante de Urbanizadora Acre, ante la Sala Constitucional, según los expedientes 19-022936-0007-CO y 20-005731-0007-CO.
En ambas acciones el accionante pidió que se declare la inconstitucionalidad de la Ley No. 2906 del 24 de noviembre de 1961, que declaró “Zona Recreo y Turismo la Franja entre Portete y 12 Millas Limón”.
Dicha ley tenía por objeto inscribir una propiedad en el Registro Público, para que el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) promoviera el turismo y recreo en dicha zona y pudiera vender lotes a poseedores para efectos de proyectos turísticos.
En la acción Cartín alegó que la empresa que representa y vecinos están procurando que se declare calle pública la entrada a 10 propiedades, pero el ICT se opone, indicando que tiene una finca en esa zona y no está segura de la ubicación real de la misma.
Alegó que en esa finca, ubicada en Portete, pretenden construir un proyecto turístico, para lo cual tienen permisos de Setena, pero urgen la declaratoria de calle pública para los permisos de otras entidades, entre ellos la Municipalidad de Limón, que se negó a hacer dicha declaración por la oposición del ICT.
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Sin embargo, los magistrados declararon inadmisibles las acciones porque no estaban agotadas las vías administrativas y por incumplimiento de requisitos formales para presentar una acción de inconstitucionalidad, según sentencia dictada el 29 de abril del 2020.
Además hay que señalar que el 22 de mayo del 2019, la Fiscalía Adjunta de Limón allanó el lugar por presunta violación a la Ley Marítimo Terrestre. En ese momento se dijo que se investigaba la ruptura de sellos municipales en la construcción de proyecto habitacional y centro comercial.
En el expediente que se sigue contra el grupo narco se menciona esa acción judicial que se tramita en el legajo 19-000999-063-PE.
