PANI pierde la pista a siete jóvenes trasladados de albergue denunciado por torturas

La entidad confirmó que los siete varones son parte de un grupo de 42 jóvenes que habían sido movidos del albergue denunciado a otros sitios de cuido o con familiares. Sin embargo, el pasado sábado 17 de junio hicieron un egreso no autorizado y desde entonces no se sabe dónde están.

La denuncia por desaparición fue presentada de inmediato al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y se trabaja en asocio con las oficinas locales del PANI para determinar si pudieran estar incluso con sus familiares, confirmó la institución ante consultas de La Nación.

Se trata de una población de extrema vulnerabilidad, que está bajo custodia del Patronato porque en sus hogares están expuestos a riesgos de violencia sexual, maltrato, explotación, consumo de drogas o incluso la muerte. De momento se desconoce si dentro de este grupo están algunos de los jóvenes que denunciaron actos de tortura.

El caso de este albergue trascendió el pasado 14 de junio, cuando quedaron detenidos dos hombres de apellidos Esquivel Campos, de 32 años, quien es encargado del lugar de cuido, y Padilla González, de 30, encargado en el PANI del expediente de uno de los ofendidos.

Ese día se supo que el sitio allanado es administrado por una organización no gubernamental (ONG), cuyo nombre no fue detallado, en convenio con el Patronato.

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“Al parecer, si los jóvenes no tenían buen comportamiento los metían a una habitación donde los amarraban de pies y manos por cuatro horas en unas agarraderas adheridas a una cama. En ese periodo, no les daban comida, ni podían ir al baño, mientras los vigilaban con una cámara de video”, indicó la Policía Judicial.

Un día después, la Fiscalía informó de otras cuatro detenciones, dos hombres apellidados Juárez Angulo, Pino Holguin, y dos mujeres identificadas como Jiménez Barahona y Ballestero López, quienes también estaban involucradas en la causa. De estas últimas no trascendió cuáles eran sus funciones.

Quedaron libres

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Este lunes el Ministerio Público confirmó que los seis quedaron libres y sin medidas cautelares, tras una audiencia en el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José el jueves anterior. La resolución fue apelada por la Fiscalía, que ahora está a la espera de que se señale una nueva audiencia para presentar las objeciones, las cuales no fueron dadas a conocer.

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La investigación por este asunto empezó desde febrero, luego de que llegara una alerta al Ministerio Público donde se denunciaban los maltratos, desde entonces se han recibido cerca de 25 denuncias. ‘No se descarta que la cantidad de imputados aumente, conforme avance la investigación’, informó la entidad.

“Aparentemente, los menores que residen en dicho sitio son masculinos de entre los 12 y 17 años, quienes llegan ahí en apariencia por convenios que mantiene el ente encargado de los menores de edad en el país”, añadió la Policía Judicial, que tramita la causa bajo el número de expediente 23-000404-0175-PE.

Por el cuido de cada uno de estos adolescentes, el PANI paga ¢1,6 millones por mes.

De confirmarse los hechos, el delito de tortura, según el artículo 381 bis del Código Penal, es penado con entre tres y 15 años de prisión.

La ley indica que esta pena se impone contra quien use métodos de tortura “dirigidos a la afectación grave de la integridad física, mental o emocional de la víctima, que sean realizados para afectar la dignidad humana, el desarrollo físico o la capacidad mental de la víctima, con ocasión de cualquier tipo de discriminación o por razones fundadas en la pertenencia a un grupo racial, étnico, nacionalidad, religioso o definido por su edad, sexo, orientación sexual, opinión política, condición migratoria, discapacidad o características genéticas y cualquier otra condición”.