OIJ arresta a dos sospechosos por tortura a niños y adolescentes en albergue de Coronado

El sitio, donde había 20 niños, es administrado por una organización no gubernamental (ONG), cuyo nombre no fue detallado, en convenio con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI). Asimismo, los agentes allanaron una oficina del PANI en San Antonio de Coronado, donde decomisaron “documentación importante para la investigación”.

Los detenidos fueron identificados como de apellido Esquivel, de 32 años, quien es encargado del lugar de cuido, y Padilla, de 30 años, presunto encargado en el PANI del expediente de uno de los ofendidos.

Al parecer, si los niños no tenían buen comportamiento los metían a una habitación donde los amarraban de pies y manos por cuatro horas en unas agarraderas adheridas a una cama. En ese periodo, no les daban comida, ni podían ir al baño, mientras los vigilaban con una cámara de video.

La investigación empezó en febrero de este año, cuando llegó una alerta al Ministerio Público de Goicoechea.

“Aparentemente, los menores que residen en dicho sitio son masculinos de entre los 12 y 17 años, quienes llegan ahí en apariencia por convenios que mantiene el ente encargado de los menores de edad en el país”, señaló la Policía Judicial.

El OIJ agregó que la Fiscalía estaba identificando a los encargados del hogar de cuido, así como a los funcionarios del PANI que podrían tener responsabilidad en estos delitos.

Gloriana López Fuscaldo, presidenta ejecutiva del PANI, declaró que la entidad ya trasladó a los menores de este albergue a otras instalaciones, donde están recibiendo atención de tutores y personal auxiliar de cuido directo.

“Respecto de las acciones judiciales en oficinas locales, la administración tomó todas las medidas para garantizar la continuidad del servicio a la niñez, a la adolescencia y a las familias de esas comunidades, el PANI ha coordinado con el Poder Judicial y está a disposición de esta instancia para las diligencias que se requieran”, indicó la jerarca.

El delito de tortura, según el artículo 381 bis del Código Penal, es penado con entre tres y 15 años de prisión.

La ley indica que esta pena se impone contra quien use métodos de tortura “dirigidos a la afectación grave de la integridad física, mental o emocional de la víctima, que sean realizados para afectar la dignidad humana, el desarrollo físico o la capacidad mental de la víctima, con ocasión de cualquier tipo de discriminación o por razones fundadas en la pertenencia a un grupo racial, étnico, nacionalidad, religioso o definido por su edad, sexo, orientación sexual, opinión política, condición migratoria, discapacidad o características genéticas y cualquier otra condición”.