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Mélida Solís, dueña de la constructora H. Solís, dejó la prisión el pasado sábado, luego de permanecer detenida casi nueve meses. A ella se le investiga por el Caso Cochinilla, al igual que a Carlos Cerdas, propietario de MECO, a quien también se le impuso la medida de casa por cárcel con tobillera. (Rafael Pacheco)
La resolución judicial que permitió salir de prisión a los empresarios Carlos Cerdas y Mélida Solís, investigados por el Caso Cochinilla, recibió una apelación de la Fiscalía y 14 de los abogados que representan a otros imputados en la causa por presuntos actos de corrupción en contratos de obras viales.
Cerdas, dueño de la constructora MECO, y Mélida Solís, propietaria de H Solís, ya están en sus domicilios, luego de que el Juzgado Penal de Hacienda aceptara un cambio de medidas cautelares y les impusiera casa por cárcel con uso de tobilleras electrónicas, las cuales les fueron colocadas el pasado fin de semana.
El primero estuvo detenido en la cárcel de San Sebastián mientras que la segunda permaneció en el Centro de Atención Institucional Vilma Curling. Ambos abandonaron la prisión el pasado sábado 26 de marzo, por orden de la jueza Karol Castro Fallas.
Dicha resolución fue apelada desde el primer momento por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, entidad que insiste en la pena de cárcel contra los empresarios.
Por ahora, el Poder Judicial envió un oficio a la Dirección General de Migración y Extranjería, para que por ninguna razón les expida pasaportes a los empresarios. También alertó a la Dirección General de Aviación Civil para que inhabilite sus hangares.
Ambos ya entregaron sus pasaportes y, de acuerdo con sus defensores, llevan muy avanzado el proceso para presentar ante el Juzgado los bienes y dinero que sustentarán la caución real o fianza exigida, que es de $5 millones para Solís y de $10 millones para Cerdas.
Erick Ramos, abogado codefensor de Cerdas, dijo este lunes estar de acuerdo con el monto dispuesto por la jueza para asegurar el proceso. Confió en que se tendrá todo listo antes de este martes a las 4:30 p. m., cuando vence el plazo que les dio el Juzgado.
“Ha quedado harto demostrado que es innecesario que don Carlos (Cerdas) esté detenido para continuar el proceso”, manifestó Ramos con respecto a la apelación de la Fiscalía.
Por su parte Erick Gatgens, codefensor de Mélida Solís, expresó que era de esperarse la apelación del Ministerio Público que, según afirma, “está empecinado” en mantener en prisión a su cliente, “pese a que el daño patrimonial de ₡78.000 millones está descartado”.
El monto de ambas fianzas subió en relación con lo estipulado el 26 de junio del año pasado, cuando la jueza Carolina Lizano había dispuesto $3 millones para Mélida Solís y $5 para Cerdas.
Ninguno de los imputados deberá firmar ante el Juzgado cada semana, como erróneamente fue indicado el fin de semana por el Poder Judicial.
Investigación avanza
Con respecto a las críticas de los defensores de los empresarios con respecto al lento avance de la investigación, la Fiscalía afirma que las diligencias realizadas hasta ahora han permitido el desarrollo y avance de la causa.
El Caso Cochinilla salió a la luz pública el 14 de junio del 2021, cuando autoridades judiciales realizaron más de 50 allanamientos y detuvieron a 30 personas, mientras que otras 40 fueron incluidas en la investigación pero sin haber sido arrestadas.
El foco del caso se encuentra en las constructoras MECO y H. Solís, donde ejecutivos y empleados figuran entre los imputados, así como funcionarios y exfuncionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y otras entidades estatales.
Al parecer, empleados del Conavi habrían recibido dádivas como licor, dinero en efectivo, vehículos y “favores sexuales” a cambio de concederles ciertos beneficios a constructoras en relación con contratos de obra pública.
El abogado Erick Gatgens afirmó que el Ministerio Público sabe que hay confusión a lo interno del Poder Judicial sobre el tema de la derogatoria del artículo 2 de la Ley de Delincuencia Organizada, el cual duplica los plazos de la investigación preparatoria.
Sin embargo, el Juzgado Penal de Hacienda, consideró en febrero de este año que la derogatoria del artículo 2 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada en el periodo comprendido entre el 14 al 30 de octubre del 2019, en nada afecta el desarrollo del proceso penal conocido como Caso Cochinilla.
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