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El presidente de la Sala IV, Gílbert Armijo, comentó ayer que esa cámara, analizará, nuevamente, la constitucionalidad de los rastreos telefónicos sin que medie la orden de un juez. | MANUEL VEGA. (MANUEL VEGA Q.)
La Sala Constitucional resolverá si los rastreos telefónicos que la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron a un periodista del Diario Extra vulneraron el derecho a la reserva de las fuentes, que tienen los comunicadores.
Los magistrados admitieron ayer para estudio un recurso de amparo presentado, el jueves, por el Grupo Extra, el cual también fue firmado por varios directores de medios contra el jerarca del OIJ, Francisco Segura, y los fiscales José Ángel Peñaranda Chaverri y Wálter Espinoza Espinoza.
El reclamo detalla que a partir del 1.° de abril del 2013 y hasta fecha indeterminada, el periodista Manuel Estrada fue víctima de rastreo de sus llamadas telefónicas, lo que implicó una invasión a sus fuentes, las cuales debieron mantenerse en el anonimato.
Con base en los resultados del rastreo, el OIJ apuntó a una agente de la Sección de Delitos Varios de San José, de apellido Fonseca, como la sospechosa de proporcionar a Estrada datos sobre dos casos de secuestros, que luego fueron publicados en el Diario Extra .
Para la Fiscalía, la información que Fonseca, aparentemente, filtró era “sensible”, por lo que le abrieron una causa penal por el delito de divulgación de información confidencial, mientras que en enero de este año un juez penal la suspendió durante tres meses del cargo.
Medidas. Gílbert Armijo, presidente de la Sala Constitucional, explicó que, por unanimidad, aceptaron dos medidas cautelares solicitadas en el recurso de amparo.
Esas disposiciones incluyen garantizar al periodista Manuel Estrada el libre acceso a la información pública del OIJ y la Fiscalía, y si se la niegan, puede reclamar y le deben contestar con fundamento dentro de 48 horas.
Pese a que en el amparo también se solicitó el cese de cualquier acción de acoso, amenaza u hostigamiento contra el periodista Manuel Estrada, los magistrados no lo aceptaron.
Según dijeron, estos son aspectos que la Sala no puede tener demostrados a priori.
Por otra parte, ordenaron al OIJ que no dicte ningún tipo de sanción administrativa contra la funcionaria Fonseca, hasta tanto no se resuelva el recurso.
El OIJ y la Fiscalía deberán rendir, el miércoles, un informe completo a los magistrados sobre los hechos reclamados.
Con una nueva integración, la Sala Constitucional deberá discutir, de nuevo, si son constitucionales los rastreos telefónicos que se realizan sin orden de juez.
