EscucharEl Estado reclamó más de ¢210.279 millones por daño social a los acusados de presuntos aumentos irregulares de sueldos en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), un hecho denunciado en el 2012 y que cuenta con 18 imputados en el Segundo Circuito Judicial de San José.
La cifra fue confirmada a La Nación este viernes por la oficina de prensa de la Procuraduría General de la República (PGR), que indicó que dicho monto se basa en un peritaje realizado por un perito actuario matemático.
El proceso penal dentro del expediente 12-0046-0615-PE finalizó este jueves su etapa preliminar en el Juzgado Penal de Hacienda y, ahora, la jueza Andrea Rodríguez Segura decidirá si el caso amerita ser elevado a juicio.
La causa se tramita contra Eduardo Doryan Garrón, quien fue presidente ejecutivo de la Caja entre el 2006 y 2010, así como los exgerentes Gustavo Picado Chacón, Ileana Balmaceda Arias, Dinorah Garro Herrera, Manuel Ugarte Brenes, José Alberto Acuña Ulate e Iván Guardia Rodríguez.
Los otros encartados son de apellidos Vega Rojas, Montoya Murillo, López Vargas, Chaves Muñoz, Quesada Martínez, Retana Mora, Hernández Chacón, González Castillo, Trejos Lobo, Madrigal Mora y Cabezas Solera.
Sobre este reclamo de la PGR, el defensor del exdirectivo Cabezas Solera, Alfredo Chirino, indicó a La Nación que la solicitud “debe ser rechazada, no solo porque es accesoria a la causa principal, sino también porque no logra demostrar los daños que había planteado en su petitoria”.
La causa
Estas personas fueron acusadas por los presuntos delitos de influencia contra la hacienda pública, fraude de ley y administración fraudulenta.
En el 2019, trascendió que, en apariencia, los encartados aprobaron aumentos a los empleados de la CCSS por encima de la inflación, como el ocurrido en el 2009, cuando los entonces 42.885 trabajadores recibieron un incremento salarial del 6,9%.
Según los señalamientos, estas decisiones fueron parte de los detonantes de la crisis financiera que sufrió la CCSS entre 2010 y 2011.
La Fiscalía también los señaló por la contratación de más de 10.000 personas, lo que habría llevado a la Caja a un déficit que alcanzó su peor momento en el 2011, con ¢93.000 millones.
