Una jueza decidirá si el proceso contra 18 exfuncionarios y altos directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por presuntos aumentos irregulares de sueldos será o no elevado a juicio, luego de que este jueves finalizara la audiencia preliminar en el Juzgado Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José.
Se trata del expediente 12-0046-0615-PE, el cual se tramita contra Eduardo Doryan Garrón, quien fue presidente ejecutivo de la Caja entre el 2006 y 2010, además de exgerentes como Gustavo Picado Chacón, Ileana Balmaceda Arias y Dinorah Garro Herrera, Manuel Ugarte Brenes, José Alberto Acuña Ulate e Iván Guardia Rodríguez.
Los otros encartados son de apellidos Vega Rojas, Montoya Murillo, López Vargas, Chaves Muñoz, Quesada Martínez, Retana Mora, Hernández Chacón, González Castillo, Trejos Lobo, Madrigal Mora y Cabezas Solera.
Estos jerarcas fueron señalados por los presuntos delitos de influencia contra la hacienda pública, fraude de ley y administración fraudulenta. En el 2019 había trascendido que, en apariencia, los encartados aprobaron aumentos a los empleados de la CCSS por encima de la inflación, como el ocurrido en el 2009, cuando los entonces 42.885 trabajadores recibieron un incremento salarial del 6,9%.
El caso fue denunciado hace más de diez años. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)
Presuntamente, estas decisiones fueron parte de los detonantes de la crisis financiera que sufrió la CCSS entre 2010 y 2011.
La Fiscalía también los señaló por la contratación de más de 10.000 personas, lo que habría llevado a la Caja a un déficit que alcanzó su peor momento en el 2011, con ¢93.000 millones.
Alfredo Chirino, defensor del exdirectivo Cabezas Solera, indicó a La Nación este jueves que la decisión de la jueza Andrea Rodríguez Segura podría demorarse debido a que el expediente contiene más de 30.000 folios y la audiencia, que empezó desde el lunes 9 de enero, produjo mucha información que se debe considerar.
Este medio solicitó información adicional sobre este caso al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República, pero al cierre de esta publicación no se había obtenido respuesta.
El caso
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Las supuestas irregularidades se dieron a conocer por una denuncia presentada en el 2012 por Daniel Muñoz, economista que laboraba en la Caja. Según él, la crisis de liquidez que enfrentaba la entidad desde 2008 fue causada por un “maquillaje” de datos sobre salarios institucionales.
Muñoz señaló que, con base en esa información, la Junta Directiva aprobó un proyecto de política salarial que incluía romper el tope de la cesantía de 12 a 20 años.
“(La política) se hizo al margen de la valoración anual del Actuarial del Seguro de Salud, que es el documento oficial, y maquillando proyecciones financieras de ese seguro al 2025″, alegó Muñoz en aquel momento.
“Al falsearse los resultados verdaderos que no daban viabilidad a estos incrementos, en el 2009 se aprobaron estos beneficios”, añadió.
La Junta Directiva de la CCSS luego propuso a los empleados bajar nuevamente el tope del cálculo de cesantía a partir del 2015 en atención de recomendaciones de la Contraloría General de la República y la Comisión de Notables que analizó la crisis de la entidad.
Muñoz había asegurado en su denuncia que la crisis incluso afectó al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que adquirió títulos valores al Régimen de Salud, Enfermedad y Maternidad (SEM), sin contar con un estudio técnico que respaldara esa adquisición.
El economista indicó que el Comité de Inversiones del IVM obligó la compra de los títulos para solventar el problema de liquidez del Régimen de Salud, aunque eso implicara “una enorme pérdida potencial en el rendimiento de los fondos del IVM”.
‘La acusación es absolutamente contradictoria’
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Chirino aseguró que, a lo largo de la audiencia, defendió que lo acusado por el Ministerio Público ya se encuentra prescrito.
Además, señaló que la acusación “es absolutamente contradictoria e imprecisa, no llega a determinar cuáles fueron las acciones o conductas contrarias a la probidad que podían ser imputadas a mi representado”.
”Se logró demostrar que con ocasión de la gestión de la Junta Directiva de la Caja que integró el Dr. Cabezas, fue el periodo en que más inversión en infraestructura, compra de medicamentos y de instrumental médico se ha hecho en el último tiempo, además que las decisiones tomadas por la Junta Directiva, lejos de afectar patrimonialmente a la Caja, le dejaron un superávit que incluso fue constatado por la Contraloría General de la República”, indicó el abogado defensor.
Según Chirino, la acción civil resarcitoria planteada por la Procuraduría General de la República (PGR) “debe ser rechazada”, porque no es accesoria a la causa principal y no logra demostrar los daños que había planteado en su petitoria.
