El ambientalista canadiense Paul Franklin Watson concilió desde finales del 2016 con pescadores puntarenenses en un caso en el que se le acusó del delito de peligro de naufragio, por golpear un barco tico en el 2002.
Sin embargo, el arreglo extrajudicial está pendiente de ejecutarse, pues las partes pusieron como condición de que el Tribunal Penal de San José dicte una prescripción de la acción penal y, consecuentemente, se emita un sobreseimiento a favor de Watson.
El acuerdo lo dieron a conocer este jueves los abogados Abraham Stern Feterman, defensor del ambientalista, y Luis Alberto Peraza Burgdorf, representante de los pescadores, durante una conferencia de prensa citada para anunciar que acusaron a 10 jueces por el delito de prevaricato.
La demanda la emprendieron pues insisten en que la acción penal está extinguida, pero –alegan– los jueces siguen dictando resoluciones contrarias a derecho.
Stern afirmó que la prescripción rige desde el 13 de marzo del 2014, en tanto para Peraza esta vigente desde el 24 de enero del 2016.
Antecedente
El hecho por el cual se abrió este proceso judicial ocurrió el 23 de abril del 2002 en aguas territoriales de Pacífico, en Guatemala, cuando el barco Ocean Warrior golpeó en tres ocasiones al pesquero costarricense Varadero 1, que llevaba seis tripulantes.
La acción, presuntamente, fue porque la embarcación tica realizaba aleteo de tiburones, una actividad ilegal y cruel.
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El Ocean Warrior es propiedad del grupo ecologista Sea Shepherd Conservation Society, del cual Watson, de 67 años, es el fundador. El día del incidente, él comandaba la embarcación.
Franklin Martínez, dueño del Varadero 1, dijo el 27 de abril del 2002 al periódico Al Día que el pesquero sufrió daños en la cabina, en un costado y se le torció un eje. Dos tripulantes sufrieron lesiones y estuvieron incapacitados 15 días.
En tanto Watson declaró, en esa mis ocasión a Al Día, que todo obedeció a un choque accidental. "Regresábamos de la Isla del Coco cuando los encontramos. Navegábamos paralelos a la embarcación y en eso ellos cambiaron el rumbo. Por eso chocamos", alegó.
Al regresar a tierra firme, los pescadores denunciaron a Watson ante la Fiscalía Adjunta de Puntarenas, la cual abrió un proceso por el delito de peligro de naufragio el cual que tiene una pena de seis a 15 años de prisión, según lo establece el articulo 256 del Código Penal.
Watson rindió declaración indagatoria el 29 de abril del 2002 en la Fiscalía de Puntarenas.
Posteriormente, vinieron varios señalamientos judiciales que no se realizaron por lo que el asunto fue pasado al Juzgado Penal de San José, que el 4 de diciembre del 2004 realizó la audiencia preliminar para determinar si el caso era elevado a juicio, pero Watson no se presentó a la diligencia.
Finalmente, se fijó para el 26 de junio del 2006 la realización del juicio, pero de nuevo el acusado no acudió.
Ese mismo día, el tribunal dictó la rebeldía de Watson y se giró una orden de captura internacional.
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El ambientalista fue capturado en mayo del 2012 en Fráncfort, Alemania y de inmediato se iniciaron los trámites para extraditarlo. Las autoridades alemanas lo dejaron bajo arresto domiciliario luego de que pagó una fianza de 250.000 euros.
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En julio del 2012, una corte alemana aprobó la extradición de Watson a Costa Rica pero para ese momento el imputado se había dado a la fuga. Nunca se presentó a enfrentar la justicia costarricense.
Este jueves la oficina de prensa del Ministerio Público informó: “Watson tiene una orden de captura vigente al 18 de noviembre próximo, lo anterior al encontrarse su causa penal activa y no prescrita. El expediente se encuentra en trámite en el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José, bajo la sumaria 02-000673-0061-PE” .
Puntos del acuerdo
Abraham Stern dijo que cuando se sentaron para conciliar con los pescadores se les ofrecio una disculpa, "y una compensación por los daños que ellos habían sufrido. Llegamos a un acuerdo de que ellos iban a colaborar con los proyectos de educación de pesca responsable. Hicimos un acuerdo macro muy completo donde involucramos a la parte social, la parte económica de ellos".
Agregó que cuando elevaron el arreglo al tribunal penal para la convalidación, los jueces respondieron que no era el momento procesal oportuno.
"Es un acuerdo de caballeros. El acuerdo está pendiente. Mi palabra y el compromiso de la organización se mantiene (...) Igual vamos a respetar a los pescadores. Lo que se les ofreció en ese momento (...), en terminos económicos, no puedo revelarlo porque tenemos un acuerdo de confidencialidad, pero es bastante sustancial y bastante bueno para los pescadores. Para muchos de ellos representaba más de un año de trabajo de pesca", manifestó.
Por su parte, Luis Alberto Peraza dijo que en este asunto lograron que la parte demandada entiendiera que "debían responder por una acción que abusivamente habían cometido. No estoy diciendo que Paul Watson sea un delincuente, pero sí que Paul Watson realizó un acto que iba por encima del derecho".
Agregó que se llegó a un acuerdo que era apropiado para todos. "Los afectados estaban muy agradecidos por lo que se estaba firmando en ese momento", agregó.
Peraza dijo que estas conciliaciones se pueden llegar en cualquier etapa del proceso, pero el tribunal se ha negado a aceptarlo.
"El acuerdo entrará en vigencia en el momento en que el tribunal conceda uno de los elementos fundamentales, que se de el sobreseimiento porque las partes han llegado a un acuerdo (...) los pescadores no quieren seguir con esto, ellos quieren seguir con su vidas, para descansar de este proceso", afirmó.
El representante legal de los pescadores dijo que la conciliación es muy beneficiosa para ellos y citó, a modo de ejemplo, que le permitirá al dueño de la embarcación recuperar toda la inversión que hizo para reparar la nave, que fue superior a los $40.000 (¢22 millones).