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Un hombre de 36 años, de apellidos Monge Segura, quedó detenido como sospechoso de hurtar de un centro médico de San José medicamentos de uso muy reservado, ya que son para anestesiar e incluso uno de ellos usado en dosis alteradas puede causar la muerte.
Agentes judiciales de la Sección de Hurtos, allanaron una vivienda ubicada en Guadalupe, donde se logró la detención del sospechoso a quien se le atribuyen los delitos de Infracción a la Ley de Psicotrópicos y hurto.
Fentanilo, clonazepam, morfina, cloruro de potasio y otros medicamentos para anestesiar, así como plasma, son parte de lo que decomisó la policía en la vivienda del sujeto, del cual no se especificó si laboraba para la farmacia del hospital afectado.
De acuerdo con el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la investigación inició en mayo del presente año, luego de que los agentes recibieron la denuncia por el aparente faltante de varios medicamentos en el centro médico.
Luego de varias diligencias policiales a lo largo de seis meses, los agentes allanaron la vivienda donde encontraron pastillas, frascos y ampollas con los medicamentos, algunos de ellos con las etiquetas y el nombre de los pacientes a los que originalmente iban dirigidos.
Por ahora, Monge Segura, el sospechoso del hurto, quedó con un informe ante el Ministerio Público, para determinar su situación jurídica.
Fármacos de uso restringido
En setiembre pasado un hombre de apellidos Rojas Cerda fue detenido como sospechoso pactar encuentros con cinco sujetos y luego convencerlos de que lo llevaran a sus casas, ponía en la bebida de los denunciantes una sustancia que los hacía perder la consciencia, momento que él aprovechaba para sustraer objetos de valor de las viviendas.
La Sección de Robos del OIJ estima que el perjuicio económico de los cinco casos, registrados entre junio y agosto de este año es superior a los ¢80 millones.
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Por lo anterior, no se descarta que la sustracción de estas sustancias fuese para cometer actos de esa naturaleza por parte de terceros, lo cual es investigado por la Policía.
En cuanto al cloruro de potasio, se trata de un elemento usado para las inyecciones letales en países donde existe la pena de muerte por medio de ese sistema.
En nuestro país, en el 2012, se dio el caso de una enfermera pensionada, vestida como tal, que ingresó a la hora de visita al Hospital San Juan de Dios y le inyectó esa sustancia a Lilliam Arias Prendas, una vecina que estaba internada, lo cual le produjo la muerte.
La sentenciada fue Ángela Barrantes, condenada a 15 años de prisión en el 2013 por el delito de homicidio simple, y no por homicidio calificado, como lo había acusado la Fiscalía Adjunta de San José, razón por la cual el caso volvió a juicio.
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