EscucharCasi tres años después de que un hombre de apellidos Saborío Soto lanzó un gato desde un sexto piso en Curridabat, el caso irá a juicio. El Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, ubicado en Goicoechea, agendó el debate para setiembre próximo, exactamente del 26 al 29 de ese mes.
La información fue brindada por el departamento de prensa del Poder Judicial, ante consulta de La Nación. La fecha se conoce luego de que en enero anterior, en la audiencia preliminar, se decidió que los hechos se discutirían en un debate oral y público.
Rubén Rodríguez, presidente de la Asociación Cinológica Autónoma Nacional de Costa Rica (ACAN), dijo a inicios de año que esperan que “con una buena estrategia legal se logre condenar a esta persona y pues claramente llegar a las últimas consecuencias”.
Este caso se remonta a noviembre del 2019; sin embargo, fue hasta agosto del 2020 que los hechos se hicieron públicos, luego de que circulara en redes sociales un video que generó la apertura de la causa 20–016620–0042–PE. En ese mismo mes se detuvo a Saborío, pero luego de comprobar los arraigos procesales, se le impusieron medidas cautelares alternas a prisión, entre ellas firmar una vez al mes, mantener un domicilio fijo, permanecer en Costa Rica y no acercarse a animales o mascotas.
Como parte de las pesquisas, al animal se le hizo la necropsia correspondiente, la cual le permitió al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) determinar que la caída, de una altura de 27,98 metros, le provocó “fracturas de cadera multifocales severas, luxación de sínfisis mandibular severa, contusiones pulmonares multifocales severas y hemorragias subcutáneas diafragmáticas y pericárdicas severas”.
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Además, los investigadores realizaron entrevistas a vecinos del condominio donde se registraron los hechos, que ayudaron a identificar a las personas que le brindaron asistencia al gato luego de los hechos y a quienes lo enterraron.
Inicialmente se buscó un acuerdo porque Saborío aceptó los cargos y se mostró arrepentido, por lo que el Ministerio Público recomendó que el caso se tramitara bajo la modalidad de Justicia Restaurativa, que busca solucionar el conflicto lejos de salas de juicio, estableciendo planes reparadores que contempla la ley, como el tratamiento de drogas bajo supervisión judicial.
Empero, el proceso no fructificó y por eso fue necesario plantear la acusación con solicitud de apertura a juicio.
La Ley de Bienestar Animal establece que el delito de muerte de animal lo comete “quien dolosamente, de forma directa o por interpósita persona, cause la muerte de un animal doméstico o domesticado”. La sanción para esta conducta consiste en pena de prisión de tres meses a dos años.
