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La extradición del exsacerdote Mauricio Víquez, de 56 años, quedó en firme, lo cual implica que será puesto a las órdenes de las autoridades costarricenses para que afronte la causa penal en su contra por presuntos delitos sexuales en perjuicio de menores de edad.
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La información fue confirmada por la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público (OATRI), luego de una consulta hecha por La Nación.
Según indicó, en este momento se hacen las gestiones pertinentes para que las autoridades de México hagan la entrega del imputado, por lo tanto aún no se tiene una fecha para la extradición.
Esta noticia ocurre poco más de un año después de que el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, concedió en extradición al excura y casi dos meses después de que el juez mexicano Juan Mateo Brieba De Castro rechazara un amparo presentado por los defensores del exsacerdote, radicados en aquel país, para evitar su extradición a Costa Rica.
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En ese recurso, los abogados argumentaron que se estaba incumpliendo el Tratado de Extradición entre Costa Rica y México, que los delitos estaban prescritos y que, además, Víquez no contó con la asistencia consular efectiva de manera inmediata.
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No obstante, según una publicación del medio mexicano Milenio, Brieba concluyó que esos alegatos eran “infundados e inoperantes”.
Tras esa decisión judicial, los defensores podían apelar; sin embargo, según Rafael Rodríguez, abogado en Costa Rica del excura, tomaron la decisión de no apelar para que Víquez sea traído al país.
Aseguró que el imputado y su familia estuvieron de acuerdo con esa determinación.
Según Rodríguez, cuando el exsacerdote esté en suelo nacional deberá ser indagado por Fiscalía, pues ese trámite no se ha hecho.
“Cuando él se fue de Costa Rica, no había sido puesto en conocimiento de una causa en su contra, por lo que no se ha podido indagar. Lo primero que se hará es eso, para luego determinar las medidas cautelares en su contra”, explicó.
Dejó claro que, como defensa, buscarán la manera de que se le imponga una medida menos lesiva que la prisión preventiva.
En paralelo a estos trámites, Rodríguez señaló que también gestionarán una prueba para que, con eso en mano, la Fiscalía ya pueda dar término a la pesquisa en contra de Víquez y haga el requerimiento conclusivo correspondiente.
“Como no ha sido indagado, nosotros, como defensa, no hemos podido gestionar ninguna prueba, pero una vez que podamos la vamos a pedir, para que el ente fiscal la tenga y se dedique a culminar la investigación”, concluyó.
El caso
A Víquez Lizano, exvocero de la Iglesia católica costarricense en asuntos de familia y reconocido por sus fuertes planteamientos en pos del matrimonio tradicional, se le cuestionó por supuestos delitos sexuales en perjuicio de menores desde octubre del 2018.
La primera denuncia la presentó un hombre de apellidos Alvarado Quirós. Después, otros tres hombres de apellidos Venegas Abarca, Muñoz Quirós y Rodríguez Solera, lo denunciaron ante la Fiscalía por delitos similares.
Ante ello, la Fiscalía Adjunta de Asuntos de Género abrió una investigación dentro del expediente 18–000854–0994–PE en contra de Víquez.
Actualmente, se tienen tres denuncias acumuladas. No obstante, los detalles de esas causas no han sido reveladas, “en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal”.
En medio de toda esta situación, el religioso abandonó Costa Rica el 7 de enero del 2019. Estuvo en Panamá y luego cruzó a México, donde fue detenido el domingo 18 de agosto de ese mismo año en San Nicolás de los Garza, en Nuevo León.
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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía redoblaron los esfuerzos para dar con el paradero del exsacerdote en febrero; sin embargo, fue hasta el 11 de abril del 2019 cuando tuvieron indicios de su ubicación.
Wálter Espinoza, director de la Policía Judicial, afirmó en conferencia de prensa un día después de la detención, que la apertura de dos cuentas de redes sociales por parte de Víquez les permitió hacer un trabajo de inteligencia coordinado con las autoridades mexicanas.
El Código Penal establece penas de cuatro a diez años para el delito de abuso sexual, de 10 a 16 años para violación y de 12 a 18 para violación en modalidad calificada.
