Eillyn Jiménez B.. 15 octubre
Víquez fue detenido en México el 18 de setiembre. Un mes después, la Cancillería de México recibió los documentos para la extradición, pero pidió otros datos adicionales. Foto: Archivo/ Adriana Araya
Víquez fue detenido en México el 18 de setiembre. Un mes después, la Cancillería de México recibió los documentos para la extradición, pero pidió otros datos adicionales. Foto: Archivo/ Adriana Araya

El exsacerdote Mauricio Víquez Lizano enfrentará este miércoles una audiencia en México, en la cual sus abogados alegarán la prescripción de tres de los casos de delitos sexuales por los que se le acusa, así como el incumplimiento de los requisitos en la solicitud de extradición hecha por Costa Rica.

Así lo manifestó el abogado del excura, Rafael Rodríguez Salazar, quien detalló que el objetivo de la diligencia es poner en conocimiento de su cliente y los defensores que lo representan en suelo azteca la petición hecha por las autoridades ticas.

“En esta audiencia existe la posibilidad de presentar las oposiciones y excepciones correspondientes. En este caso, nosotros nos reunimos con los abogados y determinamos que se va a interponer una excepción de prescripción de tres de las causas que son objeto de la petición y una oposición por lo que consideramos una falta de cumplimiento de los requisitos que establece la solicitud de extradición en relación, más que todo, con la forma en que se dan los actos”, explicó Rodríguez.

El defensor detalló que la audiencia se realizará a la 1:30 p. m. (hora local) en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, del Circuito Javier Piña y Palacios, en Xochimilco, donde hay un despacho judicial para evitar el traslado de los privados de libertad.

Durante la sesión de este miércoles, el juez podrá resolver o decretar una suspensión para realizar un análisis de las peticiones, para lo cual tiene un plazo máximo de 10 días.

Una vez que se tome una decisión y esta queda en firme, la Procuraduría y la Cancillería serán informadas para que se tomen las medidas respectivas.

“Esa audiencia no tiene recurso de apelación, lo que procede es un recurso de amparo si se considera que se violentaron los derechos constitucionales o el debido proceso para el caso de don Mauricio (Víquez)”, dijo Rodríguez.

Desde setiembre, el defensor había recomendado al religioso someterse a un proceso ordinario de extradición y no hacerlo de manera voluntaria, para que se valore si los hechos por los que se le acusa son delito en México y si se encuentran o no prescritos.

El abogado contó que el viernes pasado visitó a Víquez, quien se encuentra bien de salud, pero a la vez preocupado por el hacinamiento que hay en la cárcel en la que está.

Agregó que el exsacerdote duerme en el suelo, ya que el aposento en el que se ubica fue diseñado para cuatro personas y actualmente hay 12.

Destacó que en México es fundamental tener dinero para acceder a la cobertura de algunas necesidades.

Los hechos

A Víquez, exvocero de la Iglesia católica en asuntos de familia y reconocido por sus fuertes planteamientos en pos del matrimonio tradicional, se le cuestionó por supuestos delitos sexuales en perjuicio de menores desde octubre del año anterior.

La primera denuncia la presentó un hombre de apellidos Alvarado Quirós, quien ahora tiene 27 años.

Después, en la primera semana de agosto, otros tres hombres de apellidos Venegas Abarca, Muñoz Quirós y Rodríguez Solera, lo denunciaron ante la Fiscalía por delitos similares.

El religioso abandonó Costa Rica el 7 de enero, estuvo en Panamá y luego cruzó a México, donde fue detenido el domingo 18 de agosto en San Nicolás de los Garza, en Nuevo León.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía redoblaron los esfuerzos para dar con el paradero del exsacerdote en febrero; sin embargo, fue hasta el pasado 11 de abril cuando tuvieron indicios de su ubicación.

Wálter Espinoza, director de la Policía Judicial, afirmó en conferencia de prensa un día después de la detención, que la apertura de dos cuentas de redes sociales por parte de Víquez les permitió hacer un trabajo de inteligencia coordinado con las autoridades mexicanas.

El Código Penal establece penas de cuatro a diez años para el delito de abuso sexual, de 10 a 16 años para violación y de 12 a 18 para violación en modalidad calificada.