Dos de los tres imputados por el cierre de Coopemex fueron condenados a ocho años de prisión, este lunes en el Tribunal Penal de San José.

Hugo Jiménez Espinoza y Gerardo Ramírez Quesada fueron declarados culpables por el delito de administración fraudulenta. Ellos eran el contador y el director de crédito de la cooperativa, respectivamente.

Además de cumplir la sentencia, Jiménez y Ramírez deberán pagar la acción civil resarcitoria, la cual fue acogida en abstracto, es decir, el monto a cancelar será definido en otra instancia.

Por otra parte, el presidente del comité de vigilancia, de apellidos Sánchez Castillo, fue absuelto de los cargos.

Hace una semana, la Fiscalía había solicitado 10 años de prisión para cada uno de los acusados. A ellos, el Ministerio Público les atribuye ser responsables de los problemas financieros que llevaron a la desaparición de la entidad en el 2010, además de la pérdida de ¢25.000 millones.

La administración fraudulenta atribuida en el juicio afectó a unos 6.000 asociados y ocurrió entre el 2005 y 2009, mientras que la denuncia penal fue presentada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) en el 2010, año en el que Coopemex fue absorbida por el Banco Popular.

El Tribunal detalló que los sentenciados ocultaron reportes de créditos morosos a la cooperativa, por medio de la existencia de una cartera fuera de balance.

“La defensa ni siquiera negó su existencia (de la cartera), únicamente los encartados negaron su conocimiento y su participación en estos hechos", explicó la jueza Laura Sánchez.

Sánchez señaló que, con base en declaraciones de una testigo que relató el descubrimiento de esta cartera, “encontramos que había toda una articulación dentro de la cooperativa con el propósito de esconder esta situación”.

La jueza describió una “maraña” contable en la que se pasaban fondos de una cuenta a otra para simular que los clientes morosos estaban al día.

Sobre la absolutoria de Sánchez Castillo, el Tribunal definió que él no actuó como debía; sin embargo, la acusación del Ministerio Público y la querella no lo imputaron de manera correcta.

El abogado de los afectados, Rodrigo Araya, declaró que sus representados esperan “que en algún momento Coopemex pueda, de alguna manera, repartir, al final de todo este proceso, todo lo que significa el perjuicio patrimonial que ellos sufrieron”.

“Esta es una lucha que se ha dado durante muchísimos años, que lleva diez años y todavía faltará que esta sentencia quede firme, pero realmente en cuanto a la pena y a la parte de la indemnización se hace justicia”, añadió.

Humberto Méndez, abogado del condenado Hugo Jiménez, adelantó que tanto él como el defensor de Gerardo Ramírez apelarán la decisión de las juezas.

Méndez alegará que su cliente fue sentenciado como coautor de administración fraudulenta, aunque la Fiscalía lo acusó como cómplice, lo que implicaría una pena menor.

También reclamará que la condena impuesta fue “muy alta” y que el área donde trabajó Jiménez, contabilidad, no se involucró en el delito cometido.

Los otros procesos

El debate inició con 14 indiciados, pero 11 de ellos aceptaron procesos alternos.

Ocho aceptaron los hechos para someterse a la suspensión del proceso a prueba y conciliación, por lo que evitaron una condena de cárcel, a cambio de realizar trabajo comunal, hacer donaciones a instituciones de bien social y devolver los montos adeudados a la que fue la tercera cooperativa más grande del país.

Estos fueron los denunciados de apellidos Clark, Lara, Coronado, Carrillo, Carpio, Mata, Solano y Espinoza.

Otros tres ingresaron a un procedimiento especial abreviado, en el que Sandoval, García y Villalobos admitieron los cargos para recibir penas reducidas. Ellos fueron el gerente general, el auditor interno y el presidente del comité de administración.

Según el acuerdo con la Fiscalía, las condenas serían de siete años, pero estas aún no han sido ratificadas por el Tribunal.

Araya explicó que todos los condenados, incluidos los del proceso abreviado, deberán pagar la acción civil resarcitoria.

“Esto significa que, de manera solidaria, todos los imputados van a responder de manera equitativa por las pérdidas. Ya le tocará a Coopemex perseguir la parte monetaria, que eso llevará otros procesos, pero por lo menos con la esperanza de que se pueda recuperar algo y que se haya hecho justicia el día de hoy”, manifestó el abogado.