423 mujeres murieron víctimas de feminicidio en los últimos 16 años

Se trata de un flagelo social que deja, en promedio, 26 víctimas de feminicidio por año y más de dos por mes, según las más recientes estadísticas del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial. Desafortunadamente, la cifra no está completa, pues aún están en estudio 17 decesos de féminas en los primeros dos meses del 2023.

De ese total, 174 mujeres murieron a manos de su esposo o pareja sentimental, incluso cuando ya existía un divorcio, separación o ruptura, según los tipifica el artículo 21 de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres.

Otros 242 casos se clasificaron como feminicidios ampliados, es decir, los atacantes no tenían una relación de matrimonio o unión libre con la afectada, sino que los crímenes ocurrieron después de un divorcio, durante un noviazgo o en un ámbito público, según lo establecido en la Convención de Belém do Pará. Esta denominación se mantuvo hasta el 2021, cuando se reformó la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres.

Los siete casos restantes fueron feminicidios en otros contextos. Una categoría incorporada en la reforma de 2021 y que recoge las muertes violentas por género, ocurridas en situaciones donde la persona autora se aprovecha de un vínculo de amistad, confianza o parentesco, sea explotador sexual, o tenga antecedentes de violencia en el ámbito familiar, entre otros.

En el periodo 2007-2022, el año que registró más feminicidios fue el 2011 con 42 vidas cegadas. El segundo fue el 2009 con 39 decesos y le siguió el 2008 con 33.

La constante variación numérica entre un año y otro provoca que las especialistas del Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial prefieran no hacer conclusiones sobre esos cambios, pues consideran que no existe una tendencia significativamente establecida.

El feminicida no distingue si su víctima es una adulta mayor o incluso una bebé. Al revisar los datos estadísticos, disponibles a partir del 2016, la fallecida más longeva fue Vilma Ledezma Garita, de 85 años. Su cuerpo apareció enterrado en una fosa cubierta de concreto, en la ciudadela La Carpio, en La Uruca.

Mientras que las más pequeñas fueron dos bebés de tres y cuatro meses, quienes perdieron la vida en 2021 y 2017 respectivamente. La edad promedio de las afectadas es variable, pero oscilan entre los 30 y 40 años.

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Sin políticas públicas

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Rodrigo Campos, director de Ciencias Criminológicas de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), sostiene que, ante esta dura realidad, ni una ley ni un aumento de la pena cambiarán la conducta del agresor, que no dejará de cometer el delito, simplemente se volverá “más sofisticado” en el proceso.

“Las leyes no cambian la conducta de las personas, un agresor no está pendiente de qué día publican en La Gaceta una modificación para dejar de ser agresor. Quien comete estos actos no lo hace pensando en cuántos años va a tener que estar privado de libertad”, enfatizó.

Según Campos, al analizar las cifras de feminicidios lo importante no es si son más o menos este año, o si hay una tendencia creciente o decreciente en determinado periodo, pues el comportamiento del agresor persistirá en tanto se mantengan ciertas condiciones particulares, sociales, económicas, educativas y solo cuando los individuos se someten a ciertos tratamientos voluntariamente, en ocasiones pueden vivir sin hacer daño.

“La gente seguirá muriendo y a las mujeres las seguirán matando porque no hay una política pública que se integre donde debe integrarse”, lamentó el especialista, en entrevista con La Nación.

¿Qué hacer para lograr un cambio? Para el especialista la clave está en aprender a ser ciudadanos y ciudadanas con formas más asertivas de comunicarse, a tener mayor tolerancia y a entender que existen diversas maneras de resolver los conflictos para lograr restituir el daño a través de lo que se aprende en la escuela y en el colegio; sin embargo, todos estos temas están ausentes en la malla curricular.

“Así como en la escuela aprendimos a lavarnos los dientes, lavarnos las manos y reciclar, tenemos que aprender tolerancia, comunicación asertiva, manejo adecuado de conflictos para poder, ojalá a los 15 años, tener una generación que sepa qué hace el hombre con su masculinidad y la mujer saber a dónde recurrir si esto ocurre y que las dos personas sepan cómo resolverlo”, indicó Campos.

Difusión e instrumentos de detección

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Jeannette Arias, jefa de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, también coincidió con Campos en que el cambio en los roles culturales y la educación desde niveles tempranos marcará una diferencia.

No obstante, existen otra serie de propuestas para atacar el problema según el tipo de feminicidio. Entre ellas, la difusión y la disponibilidad de mecanismos de protección a los cuales pueden acceder las mujeres por parte del Estado y las autoridades judiciales, ya que ‘un extenso porcentaje de víctimas que mueren por feminicidio no habían solicitado medidas de protección’ o desconocían quizás cómo hacerlo.

“Las que más sufren feminicidios nunca se habían acercado al sistema. De 2010 a 2019 fueron solicitadas 485.276 medidas de protección”, precisó.

Al mismo tiempo, resaltó la importancia de mejorar los instrumentos de detección del riesgo. Más kits de botones de pánico en horas no hábiles, unificar la información y datos de las víctimas entre las diferentes instituciones participantes del proceso y fortalecer los comités locales para la detención de casos de alto riesgo de feminicidio, llamados Clais.

De estos últimos, actualmente hay 20 en el país en todas las provincias y se abren por recomendación del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) de acuerdo al riesgo de incidencia de violencia en cada cantón. Están integrados por diversos representantes judiciales, de seguridad, Inamu, entre otros.

“Estas estrategias han demostrado en otros países que han ayudado a disminuir. Hay medidas de prevención, de cambio cultural, pero cuando ya tenemos el problema hay que buscar las medidas de disminución del riesgo”, añadió.

Precisamente, una reciente radiografía realizada por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), en alianza con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), permitió identificar los 28 cantones donde las mujeres están más expuestas que sus pares a experimentar robos, violencia doméstica, violaciones, embarazo adolescente y hasta feminicidios.

La mayoría de esos 28 cantones “rojos” están ubicados en Guanacaste y Puntarenas, aunque también figuran, en la parte alta del índice, comunidades del Caribe y la zona norte, así como dos de la Gran Área Metropolitana (GAM) –Belén y San José central–.

Tras analizar diferentes estadísticas policiales de asaltos y hurtos; las infracciones a la ley de penalización de la violencia contra las mujeres; y los asesinato, el cantón más peligroso para las mujeres es Los Chiles, Alajuela, ubicado en la frontera con Nicaragua. En el segundo lugar aparece Garabito, en el Pacífico Central; y en el tercero, Talamanca, en Limón.

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