El presidente de Limón F. C., Carlos Howden Pascall, pidió ayer a los jueces en su declaración final en el juicio que se le sigue por el presunto delito de legitimación de capitales: no voten por Carlos Pascall, háganlo por la justicia.
El imputado, sin ahondar en el cargo que se le atribuye, agradeció a su familia y al pueblo de Limón por el apoyo durante el proceso.
De inmediato, la presidenta del Tribunal, Patricia Araya Umaña, anunció que mañana jueves a las 4 p. m. darán a conocer la parte dispositiva de la sentencia.
Así llegó al final este debate, que se inició el pasado 14 de agosto y en el cual se juzgó a Pascall por, presuntamente, lavar dinero que le envió desde Estados Unidos su hermano Rodney Arnoldo Morrison.
En su alegato, que duró una hora, dijo que no hay elementos para condenarlo a 10 años de prisión, como lo pidió el Ministerio Público.
Al respecto, explicó que durante el debate no se demostró, primero, que el dinero fuera producto de un hecho ilícito, y segundo, que el imputado sabía de antemano que esos bienes eran producto de la comisión de un delito, como lo exige el artículo 69 de la ley sobre psicotrópicos para imponer prisión.
“El dinero que recibió provenía de la empresa Peacepipe Smoke Shop, cuyo gerente es Rodney Arnoldo Morrison, hermano de Pascall, no hermanastro. A quien pertenece el dinero es a la titularidad de la empresa, y eso no lo hace a él (Morrison) dueño del dinero que se envió a Costa Rica”, dijo.
Agregó que Morrison tenía otros ingresos pues era dueño de apartamentos y de un centro comercial, y dijo que la Fiscalía no aclaró durante el juicio si el dinero que entró a nuestro país era de la venta de los cigarrillos o de los otros negocios.
Para Carlos Ibarra, su representado no desarrolló una conducta para encubrir los fondos, sino que el dinero permaneció durante muchos años en los bancos y luego decidió invertirlos en propiedades, las cuales estaban a su nombre o de sociedades donde figuraba como presidente.
El abogado también solicitó al Tribunal de Juicio que levante el embargo de los bienes de Pascall.
Contrario a la posición de la defensa, la Fiscalía sostuvo que quedó demostrado que el dinero tiene una procedencia ilícita, y Pascall “sabía esa situación” y, al comprar carros y propiedades, trató de ocultar el origen del dinero.
Natalia Sarkis, fiscala, insistió en que los fondos eran de la venta de cigarrillos de contrabando y por ese hecho Morrison podrá ser condenado a 20 años de cárcel.