A menos de siete meses de que se cumpla el plazo prometido por el Gobierno para completar la ampliación de la ruta 32, el avance de las obras continúa a paso lento. Así lo revelan los últimos informes elaborados por la Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos (Unops) que tiene a su cargo la supervisión de los trabajos de la constructora china CHEC en el tramo de 107 km entre el cruce hacia Río Frío y el centro de Limón.
De acuerdo con esos documentos, disponibles en el sitio web del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), al 31 de enero el proyecto tenía un 86,5% de avance de construcción. Dos meses después, el documento correspondiente al 31 de marzo determina lo ejecutado en 88,2%. Esto significa que en ese período los trabajos se movieron a un ritmo de 0,8 cada mes.
Lo que resulta aún más crítico es que entre febrero y marzo solo se registró un avance de 0,1% dado que el análisis con cierre al 29 de febrero reportaba un 88,1% de ejecución. Ese reporte de febrero no aparece publicado en el listado de informes disponibles en el sitio del Conavi. Este diario lo obtuvo luego de plantear una solicitud a la unidad ejecutora.
En el recuento de marzo también se detalla que a la constructora china se le giraron $978.161 por labores ejecutadas durante ese mes en lo que corresponde al rubro de construcción.
Al detallar el avance financiero, la supervisora detalla que al 31 de ese mes se le habían cancelado $415,7 millones correspondientes al 89,2% de los $465,5 millones estipulados para el diseño y construcción.
Los avances mensuales en la obra revelan que la carretera, de continuar a ese ritmo, no estaría lista al terminar este año, tal como lo prometió el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) el mes anterior. Si todo sigue igual, llegaría ajustado al plazo aprobado por el Conavi a la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC), que vence en mayo del 2025.
No obstante, se había indicado que ese lapso adicional entre diciembre y mayo sería para completar obras pendientes y hacer el cierre del proyecto al que se le dio orden de inicio en noviembre del 2017. Esta carretera no solo es vital para los limonenses, sino para el transporte de carga pues por allí transitan la mayor parte de las exportaciones e importaciones del país, que se hacen por los puertos de Moín, en el Caribe.
La Nación consultó a Greivin Jiménez, ingeniero a cargo de la unidad ejecutora del Conavi, sobre las cifras de avance reportadas en los informes. Respondió que debía revisar dichos documentos pues no tenía presente las cifras.
En cuanto a la ejecución financiera, afirmó que el monto podría corresponder a lo que se canceló a la constructora, pero no necesariamente a todo lo que ejecutó pues podría haber labores para ese momento pendientes de recepción.
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Jiménez sostuvo que en el caso de marzo (cuando se dio la ejecución más baja) no hubo ninguna anomalía en la realización de las tareas.
Otras de las incógnitas que enfrenta el proyecto es que aún no se tiene certeza sobre si el banco chino, Eximbank, ya oficializó la extensión de la prórroga en la disponibilidad del crédito, el cual venció el pasado 10 de abril cuando aún quedaban por ejecutar $28 millones.
El pasado 3 de mayo, el Ministerio de Hacienda informó a La Nación que el Conavi aún dependía de la aprobación en la disponibilidad para continuar realizando las solicitudes de desembolso.
Asimismo, la Dirección de Crédito Público confirmó que el banco chino requiere de una serie de documentos solicitados al Conavi para continuar con el análisis de la solicitud de extensión. Agregó que no se tenía una fecha prevista para contar con una respuesta de parte de esa entidad.
El Eximbank le exigió al Conavi presentar un cronograma de expropiaciones y relocalización de servicios, así como el cronograma de construcción de las obras pendientes y un borrador de acuerdo comercial entre CHEC y la Administración con respecto a la finalización de las obras. La Nación consultó a Conavi si ya se enviaron esos documentos, pero al cierre de esta información no se tuvo respuesta.
Expropiaciones pendientes
Aunque la comparación entre los informes de enero a marzo revela una mejora en la tramitación de expropiaciones, la cifra de terrenos pendientes de adquirir para completar las obras sigue resultando elevada, al considerar el tiempo que le resta al proyecto.
De acuerdo con la supervisión de las obras, al 31 de enero había pendientes 265 expropiaciones de las 580 requeridas; para finales de marzo la cifra se redujo a 224 terrenos en trámite, pese a que el plazo para que CHEC concluya es diciembre, según el MOPT.
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Precisamente la lentitud en la gestión de las expropiaciones fue uno de los principales motivos para otorgar a la constructora 439 días más (14 meses) para terminar la ampliación, con lo que la fecha de entrega se trasladó al 28 de mayo del 2025.
Esa modificación representó la quinta prórroga otorgada a la empresa desde el 2017. De esta forma, al proyecto, que originalmente debía completarse en 1.291 días (3,5 años), habrá que sumarle un total de 1.701 días compensados, por lo que sería entregado más de ocho años después de haber recibido la orden de inicio y con más de cuatro años de atraso.
Las obras contratadas a CHEC recibieron orden de inicio en diciembre del 2016 para la fase de diseño y en noviembre del 2017 se ordenó la etapa constructiva, sin que para ese entonces se contara con la totalidad de permisos, traslado de servicios públicos, diseños y terrenos necesarios.
El proyecto original incluía la ampliación a cuatro carriles de 107 km de carretera, así como la construcción de 33 nuevos puentes, 13 pasos a desnivel (que ahora serán rotondas y cruces), 11 retornos, 24 puentes peatonales y las cinco intersecciones en los intercambios a Río Frío, Guápiles, Siquirres, Moín y la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).
El costo total del proyecto se estimó en $534 millones, de los cuales $465 millones provendrían del financiamiento con el Eximbank, y los restantes $69 millones a una contrapartida estatal. Sin embargo, el año pasado las autoridades estimaron que se requerirán unos $157 millones adicionales para completar los trabajos y pagar varios reclamos presentados por la constructora a causa de los sobrecostos ocasionados por los atrasos.