A pesar de que el 2 de noviembre del año pasado el gobierno anunció a los diputados que la ampliación de la ruta 32 estaría lista en diciembre del 2024, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) otorgó a la constructora China Harbour Engineering Company (CHEC) plazo para entregar la obra de 107 km hasta mayo del 2025.
Ese plazo, finalmente, fue aprobado por la Unidad Ejecutora del proyecto el 25 de enero, de acuerdo con el último informe elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), que tiene a su cargo la supervisión de esa obra.
Según ese informe, la fecha prevista para la finalización pasó del 15 de marzo de 2024 al 28 de mayo del 2025, lo que implica 439 días más (14 meses) para el contratista. No se menciona ninguna decisión de noviembre, cuando el Conavi había anunciado a diputados de Limón de que se extendería a diciembre de este año. Es decir, la prórroga se otorgó hasta el 25 de enero pasado, dos meses después de ese anuncio, y por más tiempo, lo cual, tampoco se informó públicamente.
El documento de Unops, con fecha del 29 de febrero, detalla que esta última compensación a CHEC obedece a “impactos sufridos en el cronograma a partir de la programación por parte de la Unidad Ejecutora de liberación de propiedades en proceso de expropiación”.
A la fecha, el Estado aún no ha tomado posesión de 261 terrenos para continuar el proyecto entre el cruce a Río Frío y el centro de Limón, el cual se inició en noviembre del 2017 y debió haber concluido en octubre del 2020.
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Esta prórroga de 439 días se convirtió en la quinta que se le otorga a la empresa desde el 2017. De esta forma, al proyecto que originalmente debía completarse en 1.291 días (3,5 años) habrá que sumarle un total de 1.701 días compensados, por lo que sería entregado más de ocho años después de haber recibido la orden de inicio y con más de cuatro años de atraso.
Según el reporte sobre el progreso de la obra, al terminar febrero registraba un avance físico del 88%, aunque se aclara que esta valoración se basó en datos preliminares, pues a la fecha no se contaba con un programa de trabajo actualizado. Además se indicó que el avance programado a esa fecha debía ser del 98%.
Venció plazo del crédito
En relación con la ejecución financiera, UNOPS informó que se habían realizado pagos por $414 millones al contratista, que representaban un avance financiero de 91,8%.
El documento también identificó como posibles riesgos del proyecto el vencimiento del crédito con el que se construye la vía, cuya fecha de caducidad estaba prevista para el 10 de abril. “Se destaca este riesgo como el de más alto impacto, dado que de no existir un acuerdo previo a abril 2024, podría significar el fin de las actividades de proyecto por parte de CHEC al extinguirse el financiamiento”, cita.
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La semana anterior el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, confirmó a este diario que todavía se encontraban en gestiones con el estatal Banco de Exportaciones e Importaciones de China (EximBank) a fin de lograr la extensión en el plazo para no perder los $28 millones que quedan por invertir.
Este jueves 11 de abril, ante una nueva consulta, Hacienda confirmó que prosigue en el trámite: “En la actualidad, el Gobierno está realizando las gestiones necesarias ante el EximBank para la extensión del periodo de disponibilidad del crédito por alrededor de 12 meses, lo que permitiría desembolsar en ese plazo el saldo pendiente”.
El costo inicial se estimó en $543 millones, de los cuales $395 millones provienen del préstamo del Eximbank y una contrapartida estatal, originalmente fijada en $147,7 millones y luego ampliada a $154,1 millones.
Además, las autoridades estiman que se requieren $157 millones adicionales para completar los trabajos. No obstante, ni el MOPT ni el Ministerio de Hacienda han indicado de dónde saldrán esos recursos, ni qué pasará con las obras complementarias que también habían quedado fuera del proyecto y el presupuesto original.
Faltan más de 200 expropiaciones
Aunque según el informe de avances, solo falta por concluir poco más de un 10% del proyecto, al Estado le hace falta apropiarse de casi la mitad de lotes necesarios para levantar puentes, pasos a desnivel, rotondas y otras obras claves para su funcionalidad. Según el último registro, del total de 580 expropiaciones que se requerían, solo 319 (55%) ya son estatales; las restantes 261 aún están en trámite.
Como parte de las medidas para reducir la necesidad del terreno y bajar los costos de obras, el MOPT decidió el año pasado sustituir los 12 pasos a desnivel en las intersecciones a lo largo de los 107 km y en su lugar construir rotondas. En informe de supervisión entregado a este medio, se detalla que la Administración ordenó construir 10 rotondas y en dos casos únicamente se habilitará el giro a nivel con carriles de aceleración y desaceleración. Estas obras ya se comenzaron a ejecutar, añade el recuento de trabajos.
Persiste riesgo por falta de señales
Desde mediados del año pasado, cuando se habilitaron los primeros tramos del proyecto a cuatro carriles, la principal preocupación de conductores y peatones ha estado asociada con la falta de señalización y el riesgo que esto implica para quienes usan la vía.
La supervisora del proyecto destacó en el informe de febrero que aún se carece de rotulación en las intersecciones y desvíos lo cual genera confusión en el tránsito. Añade que en muchos de esos cruces no se cuenta con flechas intermitentes ni “ceda el paso”. Además, gran parte de la rotulación se encuentra en mal estado o bien no es del todo visible. Estos incumplimientos fueron detectados entre los km 137 y 153 de la ruta 32.
“La falta de señalización de las zonas es un tema reincidente, el cual se ha venido reportando de manera semanal y aun así no existe cambios por parte de la constructora correspondiente por lo que es un tema alarmante ya que esta carretera es considerada como una de las más transitadas y aun así se presentan una serie de factores que hace de esta un sitio no seguro”, cita puntualmente el documento entregado por Unops al Conavi.
La lenta ejecución de la empresa china, así como los incumplimientos de la Administración propiciaron una serie de reclamos de ambas partes, los cuales son discutidos en un Centro de Resolución de Conflictos. Ese órgano determinó recientemente el pago de $25 millones a favor de la empresa, al darle la razón en una gestión por aumento de costos debido a los mismos atrasos.
El año pasado fue uno en los que la obra registró una menor ejecución, pues solo avanzó un 8% entre enero y diciembre. En repetidas ocasiones, autoridades del MOPT y el Conavi han atribuido las demoras a la falta de recursos, problemas de comunicación y hasta la ausencia de un gerente del proyecto.
Las obras contratadas a CHEC recibieron orden de inicio en diciembre del 2016 para la fase de diseño y en noviembre del 2017 se ordenó la etapa constructiva, sin que para ese entonces se contara con la totalidad de permisos, traslado de servicios públicos, diseños y terrenos necesarios.
El proyecto incluía la ampliación a cuatro carriles de 107 km de carretera, así como la construcción de 33 nuevos puentes, 13 pasos a desnivel (que ahora serán rotondas y cruces), 11 retornos, 24 puentes peatonales y las cinco intersecciones en los intercambios a Río Frío, Guápiles, Siquirres, Moín y la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).
