Gobierno corre para salvar dinero destinado a terminar la ruta 32

De no obtenerse la extensión del plazo, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) perdería $28,3 millones que aún no se han utilizado como parte de las obras que llevan un avance del 84% y deberían estar concluidas en diciembre. El año pasado, por ejemplo, el plan solo progresó un 8%.

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El ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, confirmó a La Nación que la prórroga aún no se formaliza y aseguró que la gestión está en proceso, pero se debe cumplir una serie de requisitos y esperar la respuesta del banco estatal chino. Acosta sostuvo que hay “apertura” de parte de esa entidad.

“El Gobierno y el EximBank conocen de la relevancia que tiene el proyecto para la provincia de Limón y el país en general, por lo que ven positivamente el trámite de solicitud de extensión del periodo de disponibilidad”, declaró Acosta.

Esta carretera, que actualmente es de un carril de ida y otro de vuelta, es de vital importancia para la competitividad del país ya que por allí se movilizan el 80% de las exportaciones e importaciones que pasan por la zona portuaria de Moín. A diario, transitan entre 15.000 y 20.000 vehículos.

Para la ampliación de los 107 km el Gobierno suscribió un contrato de préstamo con el Banco de Exportaciones e Importaciones de China (EximBank) en junio de 2013 por un monto de $395 millones, de los cuales $100 millones fueron otorgados en yuanes. Este último componente se ejecutó en su totalidad, mientras que el monto en dólares aún no ha sido desembolsado completamente.

A esta suma se añadió una contrapartida del Estado costarricense, originalmente fijada en $147,7 millones y luego ampliada a $154,1 millones. No obstante, las actuales autoridades del MOPT han insistido en que los recursos no serán suficientes para completar las obras y pagar los reclamos de la constructora China Engineering Company (CHEC).

Además de los sobrecostos por el retraso enfrentado por la carretera, la empresa mantiene 19 reclamos por más de $180 millones, indicó el ahora exministro de Obras Públicas, Luis Amador a finales del año pasado.

Las gestiones presentadas están siendo discutidas en un Centro de Resolución de Conflictos y abarcan diferencias de costos de materiales, alcance de obras, atrasos y otros temas que la empresa atribuye a la Administración. Uno de esos procesos ya se resolvió a favor de la compañía por $25 millones.

Proyecto entre prórrogas

Esta no es la primera vez que el Gobierno debe solicitar una prórroga al banco chino debido a las múltiples demoras que ha enfrentado la construcción de la carretera. Originalmente, el financiamiento vencía en abril de 2023, por lo que en esa ocasión se solicitó extender el plazo que finaliza el próximo 10 de abril.

En cuanto a la ejecución de los trabajos de ampliación, el MOPT ha concedido a la empresa CHEC cuatro prórrogas por más de 1.500 días compensables. La última de estas ampliaciones fue aprobada en noviembre anterior y trasladó la fecha de entrega del proyecto a diciembre de este año. Originalmente el proyecto debía haberse entregado en octubre del 2020.

Según el último informe de avance disponible en el sitio web del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), hasta diciembre anterior, el avance físico de la fase constructiva era del 84%, mientras que el avance financiero alcanzaba el 86%. A ese momento faltaba que el MOPT expropiara, al menos, 200 terrenos.

En una comparecencia ante diputados de la provincia de Limón, el jerarca de Hacienda había advertido en noviembre que la extensión del plazo en el financiamiento no era algo asegurado, ya que se habían otorgado otras prórrogas.

En esa ocasión, Acosta también estimó que se requerirían alrededor de $157 millones para finalizar la ampliación y pagar los reclamos de la empresa.

Hasta ahora, ni las autoridades del MOPT ni del Ministerio de Hacienda han indicado de dónde provendrían esos fondos pendientes.

La Nación consultó al nuevo jerarca del MOPT, Mauricio Batalla Otárola, desde el 3 de abril, a través de la oficina de prensa de ese ministerio, sobre el estado de la gestión ante el banco estatal chino, así como las acciones que se tomarían para financiar el proyecto en caso de no obtenerse la prórroga. Al cierre de esta información no se recibió respuesta.

Las obras contratadas a CHEC recibieron orden de inicio en noviembre de 2017. El proyecto incluía la ampliación a cuatro carriles de 107 km de carretera, así como la construcción de 33 nuevos puentes, 13 pasos a desnivel, 11 retornos, 24 puentes peatonales y las cinco intersecciones en los intercambios a Río Frío, Guápiles, Siquirres, Moín y la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).

Sin embargo, 11 de esos pasos e intercambios ahora serán rotondas, a pesar de que en muchos de ellos ya se habían colocado vigas y fundaciones que tendrán que ser retiradas. Este cambio fue una de las medidas anunciadas por Batalla (entonces director del Consejo Nacional de Vialidad) y el entonces ministro Luis Amador para reducir costos y plazos de ejecución y expropiaciones.

El costo inicial del proyecto se estimó en $534 millones. A este monto se le sumaría el costo de las obras complementarias, como puentes peatonales, bahías para buses, ciclovías y otras asociadas a la seguridad vial, que habían quedado fuera del proyecto y del presupuesto original. Actualmente, tampoco se tiene claridad sobre el futuro de dichas obras.

En febrero anterior, la unidad ejecutora del proyecto confirmó a este diario que ya se había realizado la revisión de las obras complementarias ordenada por la Contraloría General de la República. Este órgano técnico indicó que esta infraestructura deberá considerarse en una fase adicional y desarrollarse mediante un nuevo concurso.

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