19 autobuses han sufrido incendios durante el 2022

Ese número está muy por debajo de estadísticas de los últimos cinco años donde el promedio anual son 33 unidades, según datos del Cuerpo de Bomberos. Sin embargo, estos sucesos encienden las alarmas pues ocurrieron al mismo tiempo en que los legisladores pretenden aprobar un proyecto de ley que aumentaría la vida útil de los buses de 15 a 18 años, según la última modificación.

En principio, la propuesta era extender la vida útil 20 años o menos, como estrategia para mitigar las pérdidas de los autobuseros durante la pandemia. No obstante, el proyecto está varado en el Congreso por las múltiples mociones presentadas por la fracción del Frente Amplio, quienes sugieren extender la antigüedad de las unidades solo por un año, siempre y cuando los empresarios demuestren el perjuicio económico en los años 2020 y 2021.

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Precisamente, esa unidad consumida por el fuego hace pocos días, tenía que haber salido de circulación en este mes de diciembre de acuerdo con la normativa vigente. El autobús, modelo 2007 y con un valor de ¢18,1 millones, pertenece a la empresa Transportes Doscientos Cinco Sociedad Anónima, una de las compañías que había solicitado al Consejo de Transporte Público (CTP) extender el ciclo de sus buses de 15 a 20 años.

Aunque no está claro si la antigüedad del vehículo influyó en el siniestro, pues aún las causas están en investigación, el contenido inflamable del 95% de los materiales del automotor, el almacenamiento de combustible, problemas de mantenimiento, modificaciones y la experiencia, inciden en que un bus se prenda en llamas y ponga en peligro la vida de decenas de pasajeros.

Según Luis Salas, jefe de operaciones de Bomberos, las observaciones de ese cuerpo de rescate y los informes previos de la revisión técnica vehicular coinciden en que una de las fallas más comunes es la falta de mantenimiento en los vehículos. Por ejemplo, fugas de líquidos inflamables (como el combustible), que al contacto con superficies calientes como muflas o tanques, pueden provocar un incendio. A esto se suma el sobrecalentamiento de frenos o la sobrecarga del sistema eléctrico.

Salas también resaltó que las modificaciones de las unidades deberían realizarse bajo la supervisión de personal especializado, pero no siempre es así, sino que los manipula un mecánico de confianza de los dueños, con el objetivo ‘de abaratar costos’.

En el tercer lugar influye el expertise de los choferes de autobús, que en criterio de Salas, no tienen suficiente conocimiento para operar las rutas o los motores, porque muchas de las emergencias que atiende el cuerpo de socorro se relacionan con principios de incendio en los frenos debido a una mala conducción.

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Ley no exige póliza de incendio

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En el país existen alrededor de 15.000 unidades de autobuses de rutas regulares y transportes especiales, sin embargo, solo 3.126 (20,84%) de esas disponen de la cobertura por riesgo adicional de incendio en el Instituto Nacional de Seguros (INS).

La razón podría asociarse a que la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial (9078), solo establece como requisito para la circulación de vehículos de transporte público, el seguro obligatorio de automóviles (SOA, que no cubre incendio) y una póliza voluntaria de responsabilidad civil que ampare daños a la propiedad de terceros, lesión y muerte de personas, pero no hace referencia a daños por incendio.

Incluso, de los 19 buses incendiados en 2022 ninguno ha cobrado indemnización en el INS por el daño en sus automotores, de acuerdo con datos de esa institución proporcionados a La Nación. Para Grace Segura, jefa de la Dirección de Automóviles del INS, accidentes como esos pueden representar una pérdida total, no obstante, el desconocimiento, falta de presupuesto o buscar protección en otras aseguradoras, pudo conjugarse para que ningún autobusero lo hiciera hasta entonces.

En su experiencia, los autobuses generalmente solo adquieren coberturas de responsabilidad civil, no gestionan la compra de coberturas de daño directo para colisiones o vuelcos, y ‘muchísimo menos’ la cobertura H (de incendios), por lo que al ocurrir un evento de este tipo se pierde el patrimonio o la unidad.

Datos de Bomberos revelan que de 2017 a la fecha se atendieron 4.379 emergencias por fuego en vehículos, siendo los automóviles los de mayor frecuencia de casos, seguidos los motores de carga pesada, carga liviana, motocicletas y cuadraciclos.

‘Aunque quisiéramos hacer una sustitución de flota no podemos’

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Silvia Bolaños, directora de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), indicó que las 19 unidades de autobús involucradas en accidentes de fuego este año es un número que podría inducir ‘a error a la población, debido a que el INS no realiza una segregación si son unidades regulares o de servicios especiales’.

En su criterio, no han existido incendios en todos los automotores, sino que cuando hay un conato o llamada ya se cataloga como un riesgo, pero ‘no es que se han incendiado unidades’ a diferencia del último caso ocurrido el 5 de diciembre pasado, del que sí tuvo conocimiento la jerarca.

‘En la actualidad, aunque quisiéramos hacer una sustitución de flota no podemos, porque no hay acceso al crédito’, expresó Bolaños al referirse que las compañías autobuseras enfrentan trabas al presentar estados financieros de los últimos años al banco, y no ser candidatos a un préstamo por las pérdidas que enfrentaron durante la pandemia.

Razón por la cual el proyecto vigente en la Asamblea Legislativa plantea una transitoriedad para que durante los tres años de antigüedad que se solicitan, se hagan los cambios correspondientes. Añadió que este solo beneficiaría alrededor de 20% de los autobuseros que tienen los buses más longevos del país.

Asimismo, se aumentaría la vida útil siempre y cuando las unidades cumplan con condiciones mecánicas como inspección técnica vehicular tres veces al año (actualmente dos) y aspectos de accesibilidad. Por lo que no le parece un riesgo para los pasajeros, en el tanto se respeten los criterios.