Así lo denunció el diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, y la activista y regidora de Goicoechea, Nicole Mesén, quienes evidenciaron que el vehículo, placa número SJB 010930, era modelo 2007, y que en este mes de diciembre habría salido de circulación, de acuerdo con la legislación actual.
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En el acta del 43-2022 del CTP, con fecha el 28 de setiembre de 2022, consta que Transportes Doscientos Cinco junto con otras empresas autobuseras pidieron una prórroga para la sustitución de unidades fuera de vida útil. En esa ocasión, el Consejo rechazó la solicitud.
Una revisión en el Registro Nacional de la Propiedad permitió constatar que el autobús incendiado era un Volkswagen Granmidi con capacidad para 49 pasajeros, aunque en el momento del accidente llevaba 45 personas a bordo.
Además, el vehículo posee dos gravámenes por “Denuncia de Tránsito” fechados en febrero de 2021 y 2022.
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En caso de que los diputados aprueben el proyecto de ley 22.530, los autobuses con 20 o menos años de antigüedad podrán mantenerse en las calles.
El proyecto Ley para la Protección del Sector Autobusero Nacional ante la Crisis Sanitaria, Social y Económica Provocada por la covid-19, fue presentado en junio de 2021 por el entonces diputado Erwen Masís, actual representante del Gobierno ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Dicha iniciativa plantea una reforma al artículo 64 bis de la Ley 7600, que protege los derechos de las personas con discapacidad. Actualmente, el texto se encuentra en discusión por mociones de fondo en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.
Con el texto actual, los legisladores extenderían la vida útil de los buses a 20 años de forma permanente, a pesar de que el Área Técnica del CTP aconsejó, en 2021, limitar esta medida solo durante la emergencia nacional por la covid-19, para aliviar el impacto económico sufrido por los autobuseros
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Además, hace apenas tres días el consejero del usuario de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), Jorge Sanarrusia, aseguró que la medida es injusta para los usuarios y favorecería a un grupo reducido de empresas que han recibido múltiples beneficios.
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