Un proyecto de ley que avanza con respaldo mayoritario en la Asamblea Legislativa permitiría a los autobuseros transportar pasajeros con buses más viejos de lo que hoy está permitido.
Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos avalaron un dictamen favorable sobre una iniciativa para que los transportistas de rutas regulares puedan disponer de unidades de hasta 20 años, en vez de 15 años, como lo exige la ley actualmente.
La idea surgió en la legislatura anterior, en junio del 2021, de parte del entonces diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Erwen Masís, como una medida para ayudar a los autobuseros en la pandemia, bajo el argumento que una baja en la demanda se tradujo en pérdidas económicas para ellos.
El plan de “Ley para la protección del sector autobusero nacional ante la crisis sanitaria, social y económica provocada por el covid-19″ reformaría el artículo 46 de la Ley 7.600 para que se lea así: “El Consejo de Transporte Público y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) no permitirán la circulación de autobuses de ruta regular en el servicio público, después de transcurridos 20 años de su fabricación”.
Aunque ya el presidente de la República, Rodrigo Chaves, levantó el decreto que declaraba emergencia por la pandemia, los diputados continúan el trámite del proyecto con apoyo de las principales bancadas, con excepción del Frente Amplio (FA) y del diputado del Partido Progreso Social Democrático, Waldo Agüero.
La diputada del FA, Sofía Guillén, argumentó que este beneficio se aplicaría indiscriminadamente, sin que se tomen en cuenta factores como el tamaño de la empresa, por lo que podrían aprovecharse grandes empresas.
“El proyecto no diferencia entre pequeñas empresas autobuseras y los grandes ‘tagarotes’. Preocupan los posibles efectos sobre la seguridad del usuario al extender la vida útil permitida del bus. Además, el texto en discusión no añade controles y fiscalización sobre la calidad”, indicó la diputada frenteamplista.
En cambio, las diputadas del Partido Liberación Nacional (PLN), Kattia Rivera y Monserrat Ruiz, defendieron la propuesta.
“Esto es un proyecto de reactivación económica y quiero seguir poniendo la reactivación económica en el centro de esta comisión porque un es importante mensaje a la población y a los grupos afectados. Las afectación al sector fue del 70%, esto no se puede invisibilizar porque muchas rutas interrurales se vieron afectadas; el otorgarle este transitorio es el espacio adecuado para darle ese mensaje a la población”, dijo Ruiz.
Rivera apeló al argumento de la continuidad del servicio y a reconocer las pérdidas económicas durante la pandemia, en lo que fue acuerpada por la diputada de la Unidad Social Cristiana (PUSC), María Marta Carballo.
Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), indicó que este proyecto “no es la pomada canaria”, pero que muchas rutas están siendo afectadas porque no pueden seguir dando el servicio.
Actualmente, el proyecto de ley no contempla ningún transitorio, por lo que la regla de los 20 años se mantendría de forma indefinida.
De acuerdo con la última encuesta de satisfacción del servicio de Aresep, el estado de los autobuses mereció una calificación de 7 de 10 (satisfacción máxima). La antigüedad promedio de la flotilla actual es de ocho años, según la misma Aresep.
De las 66 quejas interpuestas ante esta autoridad relacionadas con el servicio de autobús, 26 son inconformidades por la calidad del vehículo.
Más por menos
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) advirtió, desde octubre del año pasado, que la propuesta podría darle menos calidad a los usuarios, por más dinero.
En su criterio, el entonces regulador general, Roberto Jiménez, señaló que las unidades más viejas requieren más mantenimiento y repuestos, por lo que esos gastos se trasladarían a las tarifas.
Esa preocupación también la expuso el diputado Waldo Agüero.
Asimismo, el exregulador indicó que la calidad de las unidades después de los 15 años está en duda, y puso como ejemplo que países con mejor transporte público, como Chile o España, no prestan el servicio con unidades de tantos años.
“El hecho que se amplíe la vida útil máxima de las unidades de autobús podría representar una afectación en la calidad de servicio que reciben los usuarios.
“Se prevé que, con el paso del tiempo, son mayores las necesidades de repuestos y accesorios, lo que significa que aumenta la probabilidad y el riesgo que, por las condiciones mecánicas de los vehículos, se pueda presentar eventos que afecten la continuidad del servicio, lo que incluye también un mayor riesgo para accidentes de tránsito”, señala el criterio de Aresep.
Del otro lado, Silvia Bolaños, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), puso en entredicho las afirmaciones de Aresep, pues asegura que, a partir de los 15 años, los buses están muy devaluados en términos financieros, por lo que no es posible que se tenga un impacto sobre la tarifa.
Por el contrario, argumentó que comprar unidades más nuevas impacta las tarifas ya golpeadas por el alza en los combustibles.
De todos modos, según Bolaños, aun con la posibilidad de reconocerse en las tarifas la compra de unidades más nuevas, muchos autobuseros no sujetos sujetos a crédito para comprarlas, por lo que está en riesgo la continuidad del servicio.
Según datos de Canatrans, alrededor del 10% de la flotilla de autobuses de ruta regular, unos 450 buses, tienen 15 o más años de antigüedad, por lo que no puede circular.
Los datos de Aresep apuntan que alrededor de 200 unidades que superan la antigüedad máxima están Metrocoop (Hatillo y Alajuelita), Autotransportes Pavas, Trancesa (Sabana-Cementerio), Rápidos Heredianos y Alfaro. Para el próximo año, esa cifra se duplicaría.
La diputada Vanessa Castro, presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos, manifestó que están por proponer un texto sustitutivo para que sea votado en este foro y así la propuesta avance al plenario legislativo.
La Junta Directiva del Consejo de Transporte Público (CTP) urgió a los diputados de aprobar la propuesta.
Un nuevo intento
Los intentos por mantener los buses por más tiempo no son nuevos, pues al menos desde 2010 se registran varias intenciones. Lo fue el expediente 17.267 que buscó la misma reforma, pero que resultó con un dictamen negativo de comisión.
Luego, en junio del 2021, se presentó otra propuesta desde el Poder Ejecutivo que, entre otras reformas, liberaba a los autobuseros de renovar sus unidades hasta diciembre del 2022, pero también fue rechazada por los diputados. Se trata del expediente 22.540.
Y recientemente, en marzo de este 2022, una vez más el Gobierno insistió en una nueva propuesta que aplica el mismo cambio, el 22.923 que actualmente está la Comisión de Asuntos Económicos.
