Grupos ciudadanos emplazan a diputados: ¿Cuáles son los criterios técnicos para aumentar antigüedad de autobuses?

Nueve colectivos ciudadanos pidieron a los diputados reconsiderar las posibles consecuencias de ampliar la antigüedad máxima permitida de los autobuses que operan en Costa Rica, como lo propone una iniciativa que avanzó, por mayoría, en la Comisión de Asuntos Económicos.

Las organizaciones dirigieron una carta, este sábado, a los 57 diputados, demandándoles tomar en cuenta los criterios técnicos y los intereses de las personas usuarias del transporte público, al momento de meditar su voto sobre esta propuesta.

El plan permitiría a los autobuseros transportar pasajeros con buses más viejos de lo que hoy está permitido. La iniciativa establece que los transportistas de rutas regulares puedan disponer de unidades de hasta 20 años, en vez de 15, como lo exige la ley actualmente.

“Preocupa que la ampliación de la vida útil de los autobuses no responde a criterios técnicos, por el contrario, esta modificación únicamente ha sido justificada con argumentos económicos relacionados con el equilibrio financiero de las empresas que mediante concesión o permiso brindan el servicio”, dice la carta.

Las organizaciones sociales les recordaron a los congresistas que “los autobuses que ingresen hoy a dar el servicio podrán continuar dándolo hasta el año 2042″.

La carta fue firmada por la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove), Aconvivir, Fundación Centro para la Sostenibilidad URbana, Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente, Bici Bus, Chepecletas, Colectivo Las Luciérnagas, Pedalizate y Arquitectura en Bicicleta.

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La idea de ampliar la antigüedad de los autobuses surgió en la legislatura anterior, en junio del 2021, de parte del entonces diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Erwen Masís, como una medida para ayudar a los autobuseros en la pandemia, bajo el argumento que una baja en la demanda se tradujo en pérdidas económicas para ellos.

El plan de “Ley para la protección del sector autobusero nacional ante la crisis sanitaria, social y económica provocada por el covid-19” reformaría el artículo 46 de la Ley 7.600 para que se lea así: “El Consejo de Transporte Público y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) no permitirán la circulación de autobuses de ruta regular en el servicio público, después de transcurridos 20 años de su fabricación”.

Aunque ya el presidente de la República, Rodrigo Chaves, levantó el decreto que declaraba emergencia por la pandemia, los diputados continúan el trámite del proyecto con apoyo de las principales bancadas, con excepción del Frente Amplio (FA).

Exigen respuestas de diputados que dictaminaron proyecto

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Por medio del pronunciamiento, los colectivos ciudadanos también emplazaron públicamente a los diputados que votaron a favor de la iniciativa en la Comisión de Asuntos Económicos.

Los congresistas que aprobaron la iniciativa fueron Kattia Rivera y Montserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional (PLN); Vanessa Castro y María Marta Carballo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Waldo Agüero, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD); Olga Morera, del Partido Nueva República (PNR); y Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP). Solo se opuso la diputada Sofía Guillén, del Frente Amplio (FA).

Les pidieron a esos congresistas que apoyaron la medida responder públicamente a una lista de 10 consultas. Entre ellas se citan:

• ¿Cuáles son los criterios técnicos que utilizó para emitir su apoyo para ampliar la vida útil de los autobuses?
• ¿Por qué aprobó una propuesta que otorga el beneficio de manera indefinida y sin delimitarlo a las empresas que demuestren que necesitan del beneficio?
• ¿Por qué apoya que el proyecto plantee una modificación en el plazo de forma permanente a la vida útil de los autobuses y no como una medida transitoria?
• Si la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) envió un criterio a la comisión con propuestas de mejora, ¿cuáles son los sustentos técnicos que utilizó para ignorar las recomendaciones?

Los colectivos cuestionaron insistentemente a los diputados por tomar una decisión contraria a las recomendaciones emitidas por órganos como la Aresep y del Consejo de Transporte Público (CTP).

“En Costa Rica, ninguna ruta cuenta todavía con unidades eléctricas, el proyecto de sectorización se atrasó una vez más y la Asamblea Legislativa pretende hacer más antiguas las unidades hasta 20 años, sin ningún plan de modernización ni electrificación de las unidades, sin métricas de desempeño ni acciones de mejora de calidad del servicio”, cuestionaron las agrupaciones.

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