Según la Organización Mundial de la Salud, los productos de asistencia (o de apoyo) sirven para mantener o mejorar la autonomía de una persona y su capacidad para movilizarse. Con ello se promueve el bienestar y la seguridad.
Entre muchos otros, incluyen audífonos, sillas de ruedas, dispositivos para la comunicación, anteojos, prótesis, pastilleros, implementos para manejo de la incontinencia y recordatorios. Son utilizados en las actividades de la vida diaria por personas de todas las edades con limitaciones funcionales leves o graves.
La legislación nacional (Ley 7600) e internacional (Ley 8661) establece la obligación de las instituciones públicas a garantizar la provisión a quienes lo requieran. Sin embargo, el Estado no asume sus compromisos con seriedad y responsabilidad.
Es cierto que instituciones como la CCSS asignan montos para la compra de tales productos, pero lo es también que los fondos cubren las necesidades de un número limitado de gente que además debe sufragar un porcentaje del costo.
Muchas organizaciones de beneficencia, fundaciones y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) contribuyen a solventar parcialmente las necesidades, pero en muchas ocasiones los productos que proveen no se ajustan a las necesidades de las personas, determinadas principalmente por las especificidades de su condición y contexto.
Esto puede conducir al desarrollo de complicaciones y mayor discapacidad. Debido a la falta de un presupuesto congruente, en muchos centros de salud existen listas de espera, sobre todo en lo que a sillas de ruedas concierne.
De acuerdo con un estudio publicado recientemente en la revista The Lancet, 2.400 millones de personas se beneficiaron de la rehabilitación en el 2019, y la mayoría de ellas necesitaron también productos de apoyo.
Según el Reporte global sobre tecnología de asistencia, publicado por la OMS y la Unicef, hay más de 2.500 millones de personas que se beneficiarían de uno o más productos de apoyo, y de aquí al 2050 serán 3.500 millones.
Las necesidades, sin embargo, se resuelven solamente para un porcentaje muy limitado. El reporte ofrece útiles recomendaciones que son desconocidas, o desestimadas, por las instituciones responsables. “La tecnología de asistencia cambia la vida: abre la puerta a la educación para niños con discapacidad, el empleo y la interacción social a personas mayores”, expresó el director de la OMS durante el lanzamiento del documento.
La OMS puso a disposición de los países la lista de productos de apoyo prioritarios con el propósito de mejorar el acceso a ayudas técnicas de calidad y a precio razonable. Al igual que la lista de medicamentos esenciales, es una guía que debe ser aprovechada por los sistemas de salud y servicios sociales con el fin de garantizar servicios integrales y equitativos a los habitantes.
Asimismo, la OMS, a través del Programa de Cooperación Global en Tecnología de Asistencia, da recursos prácticos, tales como la Guía sobre la provisión de sillas de ruedas manuales en entornos con menos recursos y otra sobre Rehabilitación en los sistemas de salud: una guía para la acción o Evaluación de capacidad sobre tecnología de asistencia (ATA-C).
La segunda es “un sistema para evaluar la capacidad de un país para financiar, regular, procurar y proveer tecnología de asistencia”. La ATA-C es una herramienta que contribuye a entender mejor el estado actual e identificar acciones clave para mejorar el acceso a la tecnología de asistencia. Las guías y recomendaciones que podrían brindar mejores opciones y una vida con dignidad para muchas personas también son ignoradas por las autoridades de Salud.
“El acceso a los productos de asistencia permite a las personas tener una vida saludable, productiva, independiente y con dignidad; participar en educación, en el mercado de trabajo y en la vida civil; reduce la necesidad de servicios de salud formales, la atención a largo plazo y el trabajo de los asistentes personales (’cuidadores’). Sin los productos de apoyo, las personas son frecuentemente excluidas, aisladas o encadenadas a la pobreza”, lo que deriva en el incremento del impacto de una enfermedad o discapacidad en la persona, sus familias y la sociedad, dice la ATA-C.
En tanto persista el desinterés y el menosprecio por parte del Estado, de las autoridades de salud en particular, hacia muchos costarricenses de todas las edades con limitaciones funcionales, es inexacto afirmar que nuestro país cumple con las normas legales y respeta los derechos humanos.
El autor es exdirector del Cenare.