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Un absurdo

Acción Ciudadana anuncia la presentación de una agenda legislativa contra el tráfico de influencias. Los cambios obligarían a llevar un registro de las citas concedidas por los funcionarios públicos y de las solicitudes recibidas en el curso de su gestión. La idea es buena pero, mientras los legisladores se esfuerzan por crear y mejorar registros, las juntas directivas, en particular en los bancos estatales, destruyen la grabación de sus deliberaciones y la sustituyen por lacónicas actas, de escasa utilidad para el registro histórico y muy poca relevancia para establecer responsabilidades, si fuera necesario.








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