Insistir en la transmisión de las sesiones del Consejo de Gobierno, sin importar las consecuencias, pone al presidente en aprietos, pero puede consolidar una práctica perjudicial.

Esconder información pública es privar a los ciudadanos de uno de los derechos más preciados para la democracia y no debería pasar sin castigo.

Sesiones serían públicas y de libre acceso para evitar esperas por rezago en transcripción de actas; entidad no publica sus acuerdos desde julio de 2022.

Plan de secretaría permitió bajar a poco más de un mes la espera para conocer discusiones del máximo órgano de decisión institucional

“Se suspendió el inicio de la audiencia de verificación y cotejo (...) debido a unas diligencias que está realizando el Ministerio Público en las instalaciones de la dirección de Informática”, dijo Gloria López, directora electoral del TSE.

El Banco Nacional puso a disposición de los costarricenses las actas de las sesiones de la Junta Directiva.

Institución está obligada por fallo constitucional a publicar las discusiones de su máximo órgano de decisión; a principios de enero, las últimas actas en su web eran las de julio de 2018.

Tanto interés y utilidad confirman la necesidad de preservar la grabación de las sesiones del BCR, los demás bancos del Estado y, en general, de las instituciones públicas.

Los casos del cemento chino y Coopelesca no habrían trascendido si hubiera primado la opinión de los directores del BCR.