Don Luis Gerardo Villanueva, presidente de la Asamblea Legislativa, no oculta su satisfacción al referirse al nuevo texto del proyecto de ley general eléctrica, como el de haber sustituido el modelo de apertura total por un modelo limitado de cogeneración, queriendo decir con ello que las distribuidoras eléctricas podrán atender la demanda de sus zonas regionales sin competencia y con sus propias plantas de generación eléctrica, lo que es equivalente a una profundización de su monopolio, sin un beneficio tangible para sus abonados. Todos sabemos que en Cartago, nada cambia en Jasec sin la consulta y aprobación política de don Luis.
Y desde hace varios años, Jasec les viene incrementando fuertemente las tarifas eléctricas a sus pobladores, con un último incremento del 50% a la tarifa del alumbrado publico.
Recordemos que hace menos de un año, con la reducción de las tarifas eléctricas que aprobó Aresep a petición de Acograce, fueron las distribuidoras (Coneléctricas), las más opuestas a dicha rebaja, por cuanto se enviciaron con el beneficio económico que les proporcionó el incremento sostenido de tarifas desde el 2002, y el cual les ha permitido subir sus gastos de operación y mantenimiento, a la misma tasa de crecimiento de las tarifas al consumidor final.
A esta fecha, las distribuidoras eléctricas adquieren la energía del ICE a un precio máximo de ocho centavos de dólar el kW/hora, y la revenden en horas pico en más de veintiún centavos de dólar, caso de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), lo cual significa un alto margen de comercialización.
De producir su propia energía, el margen de utilidad para las distribuidoras eléctricas sería todavía superior, pues los costos de producción privada con potencial hídrico siguen siendo todavía del orden de los seis centavos de dólar.
Monopolio consolidado. Con el nuevo texto de la LGE que presentará la Administración Chinchilla el próximo mes, la apertura de mercado propuesta por la anterior administración bajo el proyecto de ley N.° 17666 se modifica a un simple cambio del 30 al 35% en el tope para la generación privada, y desaparece totalmente la apertura del mercado de distribución, el cual hubiese permitido la compra y venta directa entre grandes consumidores y generadores privados, así como la introducción de nuevos agentes comercializadores virtuales privados compitiendo con las distribuidoras, y la obligación de la generación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) compitiendo con los demás entes privados.
Con esos cambios, la consolidación del monopolio de las distribuidoras eléctricas, incluyendo las del ICE, queda asegurado, y sin beneficio alguno para los abonados.
El modelo de consolidación del monopolio de las distribuidoras que será propuesto es una aberración legislativa, como lo fue la Ley N.° 7200 que le otorgó al ICE la potestad de comprador único mayorista de la producción privada.
También será un contrasentido para la atracción de inversiones extranjeras tan urgentes para el desarrollo nacional.
Ese nuevo modelo simplemente estimulará el uso de los fideicomisos nacionales para financiar obras eléctricas, tal y como se viene haciendo desde hace varios años, pagando jugosos intereses a los financistas nacionales, hasta del 9% en dólares, los cuales serán cargados tarde o temprano a la tarifa y al bolsillo del abonado.
El nuevo texto de ley general eléctrica de acuerdo con lo que ya nos adelantan sus proponentes, tampoco ofrecerá garantía alguna para la estabilización de las tarifas, por cuanto al imponer topes a la generación privada, el numero de oferentes de generación eléctrica privada se verá reducido a no más de cuatro licitantes de 50 MW (megavatios) cada uno, o dos de 100 MW para incrementos nacionales anuales estimados en 200 MW en capacidad de planta.
Esa limitada participación no garantiza una efectiva competencia, de manera que el abonado tendrá que seguir soportando fuertes incrementos en las tarifas eléctricas, a consecuencia de los altos costos de la generación que nos pronostica desde ya el ICE (Pirrís entrara produciendo a Trece centavos de dólar el kW/hora) y por lo que saldrán costando las generadoras propias de las distribuidoras como la CNFL, cuya planta eólica en Santa Ana tendrá un costo de construcción por megavatio de casi el doble de la planta eólica privada ya en operación en Guanacaste.
En conclusión, estamos ante un caso de políticos legislando en beneficio económico de empresas y cooperativas de servicio público bajo su control.
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