Apenas con siete años, un niño comienza a probar drogas porque en su hogar pareciera natural, ya que hay adutlos que consumen o venden. El hecho suena perturbador, pero no es ficción ni tampoco un caso aislado.
Por el contrario, los profesionales de los centros de rehabilitación a los que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) envía menores de edad con adicciones, afirman que esta situación es cada vez más frecuente.
“A la hora de hacer la entrevista inicial, tenemos una gran mayoría que dice haber iniciado el consumo a los siete años. Son hijos de papás que consumen diferentes sustancias, vienen de casas en las que la marihuana está en cualquier parte y se normaliza el consumo”, aseveró Carlos Alanis, consejero de adicciones de la Fundación Génesis.
Esa organización administra en Alajuelita, San José, uno de los tres centros de rehabilitación a los que el PANI envía menores que desarrollaron una adicción a las drogas. En 2023, 346 adolescentes fueron internados en esas instituciones para tratar de rehabilitarse, la cifra creció un 35% en comparación con 2019. De ellos, solo el 42% completa el programa de terapias que tiene una duración de entre nueve y 15 meses.
La ingesta precoz no es exclusiva de los menores que llegan a Fundación Génesis. A 17 kilómetros de Alajuelita, en las montañas de Coris, en Cartago, la Asociación Renacer mantiene un centro de rehabilitación para mujeres de entre 12 y 18 años. Allí también llegan jóvenes que empezaron a probar drogas a los siete años.
“De acuerdo con las entrevistas de diagnóstico, se puede determinar que el consumo de las niñas, aunque ingresan a nuestras instalaciones a partir de los 12 años, se inició desde los siete u ocho años”, aseguró Sergio Acevedo, director de Renacer.
Según el vocero, la edad de consumo ha bajado porque las niñas son víctimas de relaciones impropias en las que los adultos les suministran drogas o porque viven en casas en las que las sustancias de iniciación, como el tabaco, el alcohol y la marihuana, están a la mano.
El tabaco y el alcohol fueron por años las primeras drogas que probaron varias generaciones, pero el panorama cambió recientemente, según Alanis. “Cada vez se inician menos con el tabaco y el alcohol y más con la marihuana”, dijo.
También lo afirmó Marisela Mora, médica de la Fundación Génesis. Ella es contundente al señalar que la marihuana desplazó al alcohol como la sustancia con la que arrancan el consumo los menores de edad. “En estos chicos, son contados con los dedos de una mano los que tienen problemas con el licor. Todos empiezan con otras sustancias y, por lo general, es la marihuana”, indicó.
Fundación Génesis también reporta fenómenos particulares en algunos barrios josefinos. Por ejemplo, en Pavas, los adolescentes tienen una tendencia al consumo de ketamina, un anestésico de efecto rápido que en dosis altas provoca alucinaciones, así como clonazepam, una benzodiazepina que se usa en el tratamiento de trastornos convulsivos o ataques de pánico, entre otros.
LEA MÁS: Saúl: Aprendiz de narco a los 13, detenido a los 16
“Ellos (los menores de edad) le compran los frascos de ketamina o clonazepam a las personas adultas que son tratadas en el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), esa es la forma en que consiguen esas sustancias”, precisó Alanis.
Los datos del IAFA ratifican un aumento en la cantidad de menores que consumen drogas y una edad de consumo cada vez más temprana. De 2021 a 2023, las consultas en los 14 Centros de Atención Integral de Drogas (CAID) crecieron un 169%. Las cifras suministradas por esa entidad señalan que 5.826 adolescentes fueron atendidos en los últimos tres años. Del total, 1.595 eran mujeres y 4.231 eran hombres.
Al revisar el rango de edad de los pacientes, se confirma la alerta que dan los centros de rehabilitación. En el CAID de Alajuela, por ejemplo, en 2022 atendieron adolescentes de entre los 11 y 17 años; en 2023, llegaron a consulta, niños y jóvenes de entre los 7 y 17 años.
La situación se repite en otros centros. Es el caso de San Ramón, donde en los últimos dos años, los profesionales del IAFA en manejo de adicciones recibieron a menores de entre 9 y 17 años. Mientras que en 2021, en ese mismo cantón, la edad de los pacientes osciló entre 11 y 17 años.
Los datos del Programa de Valoración Inmediata del IAFA, que funciona en las oficinas ubicadas en Montes de Oca, San José, ratifican el incremento del uso de drogas entre menores de edad. De 2021 a 2023, los pacientes atendidos en ese sitio pasaron de 735 a 1.657.
“El aumento en el consumo es una problemática social, está relacionada con el nivel de violencia en el país, con la separación de las familias y con el desempleo. Todas estas situaciones provocan que muchos chicos no tengan, en general, una supervisión adecuada de los padres”, consideró Karla Mora, psicóloga del PANI.
Menores en adicción viven conflicto interno
Sin duda, los menores que ingresan a los centros de rehabilitación tienen posibilidades de recuperación, pero no salen emocionalmente intactos. Estos lugares tienen instalaciones físicas agradables, pero con atmósferas pesadas: en muchos de los internos se percibe un fuerte conflicto, saben que deben permanecer allí para superar su dependencia a los estupefacientes, pero que al mismo tiempo desean escapar, huir.
Aunque existen cámaras de vigilancia hasta en las habitaciones y supervisión de adultos las 24 horas del día, a veces ocurren fugas, pues muchos de los jóvenes no llegaron a esos lugares por voluntad propia, algunos están allí por presión de sus padres, por orden de un juez o porque no tienen otro sitio donde acudir.
LEA MÁS: Adolescente, migrante y en adicción: ‘Las drogas me robaron la paz’
“Ellos (los adolescentes) llegan por medio del PANI, no es que la mamá dice ‘yo necesito internar a mi hijo’. No funciona así, el PANI ya ha llevado el caso de cada chico durante algún tiempo y nos los refieren”, explicó Diana Serrano, una de las psicólogas de la Fundación Génesis.
La mayoría de los jóvenes que ingresan a ese centro de rehabilitación, con capacidad para 24 muchachos, tienen causas judiciales pendientes.
“Les dan la opción de tomar un tratamiento para no ir a un centro penal”, aclaró la especialista.
Las características de los menores en rehabilitación son muy diversas, pero hay varias que comparten, como el hecho de provenir de comunidades socialmente vulnerables –que es de donde viene la mayoría–, sufrir carencias afectivas en sus núcleos familiares y presentar rezago educativo, pues terminaron la primaria, pero abandonaron la secundaria.
Al repasar estas condiciones, Serrano es clara al advertir que la drogadicción no es un problema exclusivo de familias pobres, ya que también reciben muchachos de hogares con recursos económicos, aunque representan la minoría.
En los centros es usual ver a los encargados lidiando con las crisis de los adolescentes, persuadiéndolos para que no se vayan, para que no abandonen el tratamiento, para que no regresen al consumo.
En ocasiones, también deben batallar con episodios de violencia, como el que ocurrió semanas atrás en Renacer. Durante el tiempo de alimentación, una menor que acababa de ingresar se levantó, fue al área de cocina, tomó un cuchillo y se cortó parte del cabello.
Sergio Acevedo, director de Renacer, expresó que, en muchos casos, se conjugan enfermedades de salud mental con adicción, lo cual complica el problema y la recuperación.
“Muchas de las niñas vienen con patologías duales, con situaciones a nivel mental, conductas muy violentas y desafiantes”, declaró.
Según el PANI, para ingresar a esos tres centros de rehabilitación los menores deben pasar por un proceso de desintoxicación, pero no siempre ocurre. Muchos llegan a estos sitios sin haberse desintoxicado y cargando con el síndrome de abstinencia..
Para poder atender a menores de edad con problemas de consumo, los centros de rehabilitación deben contar con el aval del IAFA, eso implica disponer de instalaciones adecuadas, profesionales en Psicología, salud, trabajo social y otros. Además, deben contar con un plan de terapias aprobado.
Los tres centros de atención mencionados cumplen un rol fundamental en la asistencia de menores con trastornos provocados por el consumo de sustancias psicoactivas, pues desde julio de 2020 el IAFA perdió capacidad instalada debido a la inundación de sus instalaciones. Casa Jaguar, el centro de rehabilitación del IAFA, pasó de atender 130 menores en 2021 a solo 79 en 2023.
En 2023, el Estado desembolsó ¢2.044 millones para la atención de menores en los tres centros de rehabilitación disponibles, ese monto es 224% mayor a lo requerido en 2019.
Sin trazabilidad
¿Qué pasa con los adolescentes que logran terminar los programas de rehabilitación una vez que cumplen 18 años? El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) no lo sabe. Carolina Blanco, abogada del Departamento de Protección de esa institución, afirmó que no existe un mecanismo para dar trazabilidad a las personas en edad adulta.
“El PANI no continúa con la trazabilidad después de que cumplen 18 años. Nosotros nos aseguramos del desarrollo de habilidades para la vida, de la prevención y fortalecimiento de la preparación académica, si es posible, pero seguimiento después de los 18 años no”, reconoció.
En una entrevista realizada el 27 de febrero, se le consultó a Karla Mora, psicóloga del Departamento de Protección cuántos menores completan el programa de rehabilitación y la respuesta fue que no sabía. Posterior a esa cita se reiteró la consulta vía correo electrónico y la respuesta llegó hasta el 3 de abril.
El PANI rechazó que envíen los menores a los centros de rehabilitación y se desentiendan de ellos, pero admitió que solo visitan los sitios una vez cada seis meses para supervisar las condiciones.
LEA MÁS: Suicidio aparece entre primeras causas de muerte entre adolescentes
Mora agregó que el PANI no ejecuta procesos de auditoría externa sobre los centros de rehabilitación, pese a que, solo en el 2023, recibieron ¢2.044 millones.
La funcionaria admitió que es contradictorio que el presupuesto para atender menores con dependencia a las drogas en centros de rehabilitación haya crecido más de un 200% y, al mismo tiempo, el Estado reduzca la inversión en educación y otras políticas públicas preventivas.