¿Querrán los accionistas conservar la función social del INS?

La trascendental decisión genera variadas posiciones, tanto a favor como en contra. Como ciudadanos responsables, debemos analizar las implicaciones que podría tener para la sociedad a mediano y largo plazo, particularmente, a raíz de la llamada función social establecida en artículo 1.º de la ley del INS.

El INS es una empresa en competencia con otras 12 aseguradoras. Además de ofrecer seguros comerciales, cuenta con dos que se consideran solidarios, que hasta ahora ofrece en forma exclusiva, porque, para ser honesto, no son un buen negocio para el sector privado. Me refiero a los seguros de riesgos del trabajo y el obligatorio de automóviles (SOA). Este último, incluido en el marchamo.

En estos dos, el INS ha tenido un margen de utilidad mínimo o incluso nulo, y representan aproximadamente un 33% de su cartera, porción que no es para nada despreciable. ¿Interesaría invertir en un negocio con una gran porción del negocio sin margen de ganancia?

Si la respuesta es no, para que estos productos sean rentables habría que subir las primas de los dos, y esto golpearía los bolsillos de los patronos, pues las empresas perderían competitividad y la empleabilidad resultaría afectada por el aumento de los costos.

En lo que respecta al seguro de vehículos, podría ocasionar también que el INS busque reducir sus gastos, lo cual podría traducirse en la reducción de personal, sedes, infraestructura, aportes sociales, entre otros.

Más allá de la venta de la prima de seguros de riesgos del trabajo y el SOA, está el servicio que presta el INS para atender a los accidentados, ya sea por razones laborales o choques. Con esa finalidad, el INS, por medio de su subsidiaria llamada Red de Servicios de Salud, ha invertido más de ¢88.000 millones en infraestructura, equipos médicos y terrenos en los últimos años.

La inversión le ha permitido brindar a los accidentados un servicio de primer mundo. Por ejemplo, los tiempos de espera en el INS no superan los 12 días, en el caso de las cirugías generales, y 15, para procesos ambulatorios.

En una eventual privatización de la aseguradora estatal, ¿continuará el INS invirtiendo en infraestructura médica de la forma como lo ha venido haciendo, teniendo en consideración que estos seguros tienen un margen mínimo o nulo de ganancia?

El INS es la única empresa estatal del sector financiero que entrega un dividendo al Estado, adicionalmente al impuesto sobre la renta y otras contribuciones, que se calcula con base en la utilidad después de aportes. ¿Qué pasaría con este dividendo si se privatiza, puesto que la institución se convertiría en sociedad anónima o de capital mixto?

Tras la privatización, el Estado sería accionista mayoritario, con el 51%, pero eso no significa necesariamente que tendría el control absoluto en las decisiones del INS. La junta directiva se compone de siete miembros nombrados por el Consejo de Gobierno, órgano colegiado que tiene la obligación de ejercer sus funciones con absoluta independencia y bajo su exclusiva responsabilidad.

La propuesta es que los fondos de pensiones adquieran participación; sin embargo, estos entrarían como un socio privado y aquí la rentabilidad, con base en la inversión, adquiere relevancia, y este sería el punto principal donde el INS debería moverse con respecto a los seguros de riesgos del trabajo y el obligatorio automotor, que se manejan prácticamente al costo.

Los que hemos presidido juntas directivas de instituciones públicas sabemos que hay situaciones en las cuales los miembros del órgano colegiado pueden tomar decisiones diferentes a las del Poder Ejecutivo, como parte del funcionamiento normal del gobierno corporativo.

No es tan cierto entonces que el control absoluto vaya a tenerlo el Estado por ser accionista mayoritario. Por otro lado, para que la compra de acciones sea llamativa, todo inversionista querrá conocer antes el manejo de la empresa y pondrá sus reglas, porque no es un cheque en blanco, por ende, incidirá en la selección de los miembros de la junta directiva, la alta gerencia y demás.

Otro dato que llama la atención es que la venta del INS, según el cálculo que brindó el presidente en su informe, rondaría los ¢598.000 millones, pero el precio tendría que determinarse por medio de un estudio técnico de una firma consultora con experiencia en fusiones y adquisiciones, ya que el precio de venta depende de muchas variables de mercado. Si se tomara este monto como un “estimado”, el ingreso por la venta del INS sería mucho menor al 2% de la deuda pública. Muy lejos de resolver la situación fiscal del país.

La revisión posacuerdo que realizó el Fondo Monetario Internacional va por buen camino y la deuda para el 2022 empieza a disminuir, por lo que la iniciativa de venta de los activos del Estado no es necesaria, lo que se requiere es disciplina, de conformidad con el criterio técnico del FMI.

Colateralmente, una eventual privatización también repercutiría en el Cuerpo de Bomberos, que cuenta con la garantía financiera del INS para cubrir sus necesidades si no logra los ingresos por medio del 4% de las primas de las aseguradoras, el tributo sobre la electricidad y otras fuentes. Para un inversionista no sería llamativo asumir ese gasto.

Por otra parte, hay que analizar ampliamente la función social del INS, que ha alcanzado a la sociedad en momentos críticos, como cuando entregó al Estado ¢75.000 millones para cubrir parte de los bonos proteger durante la etapa más dura de la pandemia, así como otros rubros para apoyar la vacunación contra la covid-19.

La función social alcanza también el arte y la cultura a través del Museo del Jade, y ni hablar de las labores de prevención, por medio de las cuales promueve la calidad de vida y el bienestar integral de personas y empresas.

El INS se ha comprometido con un enfoque moderno de rentabilidad que va mucho más allá del beneficio económico. Como empresa aseguradora del Estado se centra en generar resultados financieros positivos, pero este compromiso trasciende los fríos números. Su deber con todas las partes interesadas lo ha llevado a concentrar sus esfuerzos en la triple utilidad: ambiental, económica y social.

A las puertas de una posible privatización, ¿seguirá cumpliendo la función social que lo distingue de las demás aseguradoras y del resto de las empresas del Estado?

El autor es expresidente del INS.