Rocío Aguilar sobre plan para vender acciones del INS: No se podría obligar a OPC a invertir en títulos que incumplan Ley

Primero, la aseguradora estatal debe estar listada en el mercado de valores, es decir, registrarse como emisor en la Superintendencia General de Valores (Sugeval) para que sus acciones sean de oferta pública porque así lo ordena la Ley de Protección al Trabajador. Además, las OPC deben contar con la posibilidad de vender tales instrumentos cuando lo deseen.

“Las operadoras podrían adquirir las acciones del INS en el mercado, entendiendo que deben ser acciones debidamente inscritas en la Sugeval, es decir que son transables y bursátiles, por ahí debería ir el proyecto (...) No estoy previendo que sea una ley que obligue, porque no se puede obligar a las operadoras a invertir en títulos que no cumplen con las características de la Ley de Protección al Trabajador”, afirmó la superintendente.

Danilo Ugalde, director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP), coincidió con la jerarca en que, para adquirir las acciones de la aseguradora estatal, estas deben poder venderse en el mercado de valores conforme la legislación y la normativa vigentes.

“Normalmente, las leyes que autorizan al Poder Ejecutivo a vender un activo del Estado habilitan a los fondos de pensiones para que puedan participar. Para que una operadora pueda realizar una inversión de cualquier tipo, debe estar autorizada por la ley y los límites que se establecen en los reglamentos de inversiones”, dijo Ugalde.

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El presidente Rodrigo Chaves anunció en su discurso de los primeros 100 días de gestión, este martes 16 de agosto, la intención de vender el 49% de las acciones del Instituto a las OPC lo cual generaría, al menos, ¢593.000 millones de ingresos extraordinarios al Gobierno. El objetivo de los recursos, dijo el mandatario, sería destinarlo a atenuar el endeudamiento gubernamental.

La Nación consultó, este miércoles 17 de agosto, a las 2:55 p. m., a Casa Presidencial, sobre las condiciones y características principales de la iniciativa legal que se presentará al Congreso. Sin embargo, al cierre de esta nota se informó que las consultas están en trámite.

Mónica Araya, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), aseguró, en un comunicado de prensa, que trabajarán en conjunto con el Gobierno los objetivos del proyecto de ley. “Quisiera indicarles que trabajaremos en conjunto con la Presidencia de la República los objetivos del proyecto, como empresa estatal y sólida que somos”, dijo la funcionaria.

Reglas de compra

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Las operadoras de pensiones deben regirse, para los procesos de inversión de los recursos de sus afiliados, por la Ley de Protección al Trabajador que dicta los parámetros generales de los instrumentos que se pueden comprar.

“Tendremos que ver el proyecto final (del Gobierno). Veremos con buenos ojos que el mercado de capitales se pueda mejorar y activar. Hay que tener los instrumentos que satisfagan las características”, subrayó la superintendente de Pensiones.

Para las características más específicas de los títulos valores, las operadoras deben guiarse por el Reglamento de Gestión de Activos. Esta norma es la que dicta los parámetros para adquirir acciones comunes o preferentes solo de compañías inscritas en los mercados de valores, sea local o externo.

Las acciones comunes brindan a quien las compra a obtener dividendos de las utilidades y el derecho de voto en la junta directiva de la empresa. Mientras que las preferentes, el inversionistas tendrá prioridad en el pago de dividendos y solo tendrá derecho a voto en las asambleas de accionistas que tengan que ver con cambios en las condiciones de los instrumentos adquiridos.

Aguilar destacó que, otras de las características de las acciones es que compran los fondos de pensiones es que se puedan adquirir hoy, en el futuro venderse sin ningún tipo de problema, de acuerdo a la estrategia de cada entidad regulada.

“La mayor parte de valores adquiridos por los fondos de pensiones es que los pueden hacer líquidos, en cualquier momento, dependiendo de las condiciones del mercado”, dijo la jerarca.

La normativa de inversión también impone un límite a las operadoras de compra de acciones de hasta un 25% del monto total de recursos administrados por la entidad en un solo emisor. Además de que los instrumentos comprados generen un beneficio a los afiliados.