Es momento de defender a los niños. Los virus no entienden de política ni se eliminan por decreto. Durante más de dos años de pandemia, las medidas se fueron adaptando en cada país, según las circunstancias.
Está demostrada la eficacia de mascarillas, lavado de manos, distanciamiento físico y la técnica de tos y estornudo para controlar la diseminación y gravedad de la infección. Los otros virus respiratorios estaban limitados casualmente por el mismo cuidado de las personas, pero ahora, al casi desaparecer las medidas y los mensajes que se envían a la población, estos, que afectan seriamente a la población pediátrica, reaparecieron y complican la escena, ya que la covid-19 está afectando principalmente a aquellos que no han podido ser vacunados: los niños.
Los grupos antivacunas que han surgido en el país, alimentados por grupos similares de otros países, de forma irresponsable y sin ninguna evidencia científica, inundan las redes sociales con informaciones falsas o tergiversadas, y en forma criminal confunden a la población. Además, la falta de interés y la posición asumida por el gobierno no solo frenó el ritmo de vacunación, sino que retrasó el comienzo de la inoculación de los menores de cinco años.
Como si fuera poco, no se brinda información precisa sobre la evolución de la pandemia —que persiste— y el decreto de emergencia sanitaria fue derogado. Sin embargo, las noticias nos lo dicen a diario: salones saturados, recursos limitados, consultas de emergencia congestionadas y equipos humanos que deben destinarse a la atención de pacientes con virus respiratorios usuales y covid-19, que requieren protocolos diferentes.
Millones de vacunas se han aplicado en el mundo, y en nuestro país disminuyeron los internamientos y la gravedad gracias a ellas, lo que prueba su eficacia y seguridad. Pero los menores de cinco años no han recibido esta protección. ¿Por qué?
Los estudios correspondientes a este grupo etario se hicieron más extensos y detallados para que la seguridad de la vacuna fuera más certera, solo está pendiente que las traigan al país. A pesar de esta situación, se escucha con asombro las decisiones del gobierno de suspender las medidas de protección, de considerar la vacunación no obligatoria para personas de atención de primera línea en diferentes campos y los empleados públicos. ¿Y los niños menores de edad?
Como dicta la ley de 1974, los visionarios profesionales de esa época decidieron velar a través del Estado por el bienestar y la salud de los niños al declararla obligatoria, y como tal lo dice el Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley 7739) en el artículo 43: las políticas de vacunación le corresponden a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE), instituida con ese fin en la Ley 8111, pero existente desde muchos años antes.
Conformada por representantes de diferentes entidades, la Comisión posee la capacidad técnico-científica y la potestad de hacer recomendaciones de las vacunas necesarias para proteger tanto a niños como a adultos.
La vacunación siempre ha sido una herramienta de protección universal eficaz y segura, mucho más necesaria para las poblaciones vulnerables. Por eso, considerando el momento en que nos encontramos, es ahora cuando más se necesita comenzar a inocular a los más pequeños y reforzar a los mayores de cinco años y adolescentes.
Tanto el doctor Óscar Porras Madrigal, especialista en pediatría e inmunología y representante de Acope ante la CNVE, como los demás miembros son profesionales de trayectoria intachable, con conocimiento técnico y científico, por lo que sus aportes son valiosos para la salud pública.
La autora es presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Costarricense de Pediatría (Acope).