EscucharCon pesar hay que reconocer que en muchas partes del mundo existe una especie de fascinación con las armas de fuego, y Estados Unidos es el mejor ejemplo de ello. La tragedia de la ciudad de Newtown, en Connecticut, que enluta al país entero, demuestra que ese país no ha hecho lo suficiente para impedir más muertes innecesarias y sacudirse de una tradición insostenible de más de dos siglos de existencia.
La segunda enmienda de la Constitución estadounidense parte de diez modificaciones a la Constitución de 1787, es la más controvertida de todas. Su texto dice: “Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas”.
Con esta enmienda, los primeros colonos americanos pretendían disuadir a un Gobierno no democrático repeler invasiones y suprimir insurrecciones y, por ello, permitieron a la gente organizar sistemas de milicia.
Pero, aun admitiendo que su objetivo fuera proteger el derecho de todos los estadounidenses a poseer armas de fuego, la lectura de esta enmienda debe ubicarse en el contexto del siglo XXI.
Los Estados de la Unión Americana tienen una amplia gama de potestades para regular sus propios asuntos, como el expendio y portación de las armas de fuego, porque ni la Constitución ni la segunda de sus enmiendas se los prohíbe. La legislación de Connecticut permite comprar lo mismo una motosierra que un fusil de asalto, un arma de guerra.
Un signo de esperanza. La propuesta de la senadora demócrata por California Dianne Feinstein de reinstaurar la prohibición de la venta de rifles de asalto y cargadores de alta capacidad (“magazines”), que estuvo vigente entre 1994 y el 2004, es una medida en la dirección correcta.
El presidente Obama ha dicho que la respaldará, y la poderosa defensora de las armas de fuego, la Asociación Nacional del Rifle, una vez más propone otra ridícula solución: hay que armar a los centros educativos para proteger a sus estudiantes.
Una propuesta introducida en Naciones Unidas en el segundo gobierno del expresidente Óscar Arias, y basada en una iniciativa suya y de otros galardonados con el Premio Nobel de la Paz lanzada en 1997, tendrá una nueva oportunidad de aprobarse en el próximo mes de marzo después del fracaso de las negociaciones de julio del 2012, cuando un día antes de terminar el plazo de la discusión Estados Unidos, bloqueó una decisión final argumentando necesitar más tiempo para estudiar la propuesta.
El comercio de armas convencionales, hoy día insuficientemente regulado, tiene efectos negativos en el desarrollo humano, contribuye a la escalada de los conflictos y a las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, alrededor del mundo.
La Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano ha tenido el honor de apoyar el trabajo de la Misión de Costa Rica ante Naciones Unidas en Nueva York, en la discusión de este tratado. Al dejar la dirección ejecutiva después de 10 años de trabajo, renuevo mis esperanzas de que la cordura se impondrá sobre los intereses comerciales y que la aprobación del tratado sirva de tributo póstumo para tantas víctimas inocentes de las armas de la violencia.
Además, sería muy significativo que, una vez aprobado, Costa Rica se convierta en el primer país del mundo en ratificarlo.
Nuestra ley de armas. Por su parte, es necesario y urgente que la Asamblea Legislativa discuta el texto sustitutivo de la Ley de Armas, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados, expediente número 18.050, que ha sido preparado diligentemente por el Ministerio de Seguridad y Gobernación, en consulta con las distintas fracciones legislativas y organizaciones de la sociedad civil, que han formulado aportes muy importantes para regular el expendio y la portación de armas de fuego, entre otros aspectos.
En el 2011, Costa Rica importó 9.085 armas que incluyen pistolas, revólveres, escopetas, rifles y carabinas. Para el 2012, se estima que el país habrá importado un valor cercano a US$1.900.000 en armas y municiones.
Por ello, está en el mejor interés del Estado y los ciudadanos costarricenses asegurar que los sectores involucrados en la importación y venta de armas convencionales operen en un ámbito debidamente controlado.
