Escuchar“La mentira se para sobre un pie; la verdad, sobre los dos”. Esta frase de Benjamin Franklin sirve para demostrar que el editorial de La Nación de este 16 de julio y la columna de Armando Mayorga, publicada un día después bajo el título “Se alquilan placas...”, son incapaces de resistir el golpe que le asesta la evidencia presentada en este derecho de respuesta.
Según los editorialistas, el Movimiento Libertario fungió, en su oportunidad, como abanderado de la lucha librada para crear un sistema de permisos nada liberal, refiriéndose a la ley N.º 8.955. Lástima que, antes de escribir, no revisaron que la iniciativa fue del Poder Ejecutivo. Tampoco tuvieron la rigurosidad de leer el acta del Plenario Legislativo N.º 119, del 7 de diciembre del 2010, donde quedó claro que la única fracción que se opuso a la vía rápida y dispensa total de trámites para el proyecto N.º 17.784 fue la del Movimiento Libertario. Mucho menos se acercaron a las sesiones de la Comisión Plena Segunda, órgano al que se le delegó el conocimiento de la iniciativa, para escuchar a nuestras diputadas Damaris Quintana y Marielos Alfaro oponerse durante las nueve sesiones consecutivas que duró la discusión, con decenas de mociones y sus respectivas revisiones. Al menos pudieron examinar el acta de la Comisión Plena Segunda N.º 29, del 16 de marzo del 2011, para verificar que en la votación del proyecto nuestras dos legisladoras se manifestaron en contra, mientras que los del PLN, PAC, PUSC, PASE y PRC lo hicieron a favor.
En todas estas actas queda muy claro que el Movimiento Libertario fue el único partido que se opuso a ese proyecto, desde el principio y hasta el final, advirtiendo en cada espacio los peligros que la nueva ley generaría. Para muestra, un botón: la legisladora Damaris Quintana, en el acta de la Comisión Plena Segunda N.º 26, del 23 de febrero del 2011, explicó que “(…) es necesario que este híbrido de actividad que no se otorga mediante la concesión pública, sino mediante un permiso, no se rija por la concentración ni por posibles monopolios, tanto relativos como absolutos, pues entiendo que esta actividad tiene como fin llevar el plato de comida a quienes se dediquen a brindar el servicio, no a hacer clavos de oro a algunos cuantos, tal y como ha ocurrido con el manejo de las placas de taxis”.
Por su parte, la diputada Marielos Alfaro manifestó, tal como consta en el acta N.º 25 de ese mismo órgano parlamentario, fechada el 16 de febrero del 2011, “(…) este proyecto lo que está haciendo es restringir la participación y dejándole a un grupo minoritario de porteadores la posibilidad de participar, excluyendo a un grupo mayoritario de la posibilidad de realizar esta actividad económica, grupo que lo ha venido desarrollando de manera legal, amparado al artículo N.º 323 del Código de Comercio”.
Si esas declaraciones no les bastaran a los editorialistas para rectificar su afirmación tendenciosa, según la cual el Movimiento Libertario previó esta ley como un mecanismo para hacer negocio a favor de unos cuantos, los invito a leer el acta N.º 29 de la Comisión Plena Segunda, del 16 de marzo del 2011, específicamente la declaración de la diputada Quintana: “(…) Este proyecto de ley resulta contrario a la libertad de asociación establecida constitucionalmente, pues se olvida de la posibilidad de que los ciudadanos pueden optar por cualquier servicio de transporte, sea público o privado. No desconocemos que la actividad del transporte público la tiene el Estado y la otorga mediante placas de taxi; sin embargo, nunca se interpone este control estatal al derecho constitucional de la libre asociación. Si sólo se autoriza a que las personas que ofrezcan el servicio de porteo lo hagan perteneciendo a asociaciones, se violentaría el principio constitucional mencionado”.
Lo dijimos una y otra vez en el Plenario, en la Comisión Plena Segunda, en controles políticos posteriores: donde hay permiso, hay chorizo. Denunciamos que esta concentración de permisos en pocas manos podría darse y que miles de personas que venían dedicándose al porteo quedarían sin trabajo. Pero no nos escucharon. A golpe de tambor aprobaron el proyecto.
No vengan ahora a enlodarnos por las acciones de otros. No vengan ahora a acusarnos por los excesos que una ley genera cuando de antemano la advertencia estaba hecha. La responsabilidad por este entuerto cae exclusivamente en la presidencia de la República y las fracciones legislativas del PLN, PAC, PUSC, PASE y PRC, que concurrieron con sus votos y su apoyo político para que esa ocurrencia se convirtiera en ley de la República.
Por el respeto y la objetividad de este diario, por respeto a la opinión pública y a la verdad, les solicito rectificar con hidalguía tan grave y tendenciosa desinformación.
