Lucha antinarco salió de vacaciones

Pese a los resultados, la vigilancia conjunta quedó suspendida el 8 de julio, por motivo de vacaciones. Es insólita, pero esa es la razón. Los diputados salieron a receso sin renovar la autorización para el ingreso de las naves a territorio nacional y volverán a sus curules hasta el día 22. No hay manera de saber cuánto tiempo tardarán, a partir de esa fecha, en dar trámite al permiso.

La solicitud de la renovación semestral del permiso fue enviada por la Embajada de los Estados Unidos tres semanas antes de su expiración el 8 de julio. La Asamblea Legislativa estuvo a punto de votar la autorización, un trámite simple cuya única dificultad consistía en modificar la agenda. Un grupo de diputados se opuso y prefirió dejar desprotegidos los mares.

Los narcotraficantes no toman vacaciones y, si lo hacen, es mucho pedir a la suerte que coincidan con las de los legisladores. Mientras tanto, no sabremos cuánta droga pasará sin estorbo por las aguas nacionales, como habría ocurrido con los estupefacientes decomisados entre enero y mayo.

Legisladores de casi todas las fracciones dicen estar de acuerdo con el programa de patrullaje conjunto. Carmen Muñoz, jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana, manifestó la disposición de su bancada a conceder el permiso, pero culpó al Movimiento Libertario de haberlo impedido. Los libertarios, por su parte, nunca se han negado a respaldar el patrullaje conjunto.

Justo Orozco, de Renovación Costarricense, y Rodolfo Sotomayor, de la Unidad Socialcristiana, también declararon su anuencia a respaldar el permiso y culparon a otras fracciones por el fallido trámite. La fracción liberacionista jamás le ha puesto peros a la cooperación binacional.

En otras palabras, el Congreso está muy cerca del consenso. El acuerdo generalizado indica algún grado de conciencia de la importancia del patrullaje conjunto, pero eso no bastó para renovar el permiso. La Asamblea no se mueve, no obstante la sencillez del trámite, su pacífica aceptación por la mayoría o el reconocimiento de la importancia del programa.

El ingreso de naves estadounidenses ha sido motivo de intensas polémicas, no hay duda, pero había razones para creerlas superadas. Por un lado, los opositores se dieron por satisfechos con la participación del Servicio de Guardacostas, en lugar de la Marina de Guerra. Por otro, la Sala Constitucional estableció la armonía del convenio con el ordenamiento jurídico costarricense.

Los magistrados ya se habían pronunciado en ese sentido y citaron el precedente del último voto sobre el tratado para reafirmar que “… no se trata de la permanencia de fuerzas castrenses en territorio de Costa Rica, en su sentido más amplio del concepto: por un lado, porque los fines que se persiguen no son militares, ni se fundamentan en actuaciones bélicas, ni se pretende autorizar el acantonamiento o permanencia de fuerzas del Ejército de los Estados Unidos de América en territorio nacional, lo que no solo no es objeto de discusión en este tratado, ni el mismo permite, bajo ninguna circunstancia, que pueda ser interpretado en ese sentido; y segundo, porque es precisamente la naturaleza de la operación conjunta del patrullaje, como medio idóneo escogido libremente por ambas partes para combatir el tráfico ilícito de estupefacientes, lo que la distingue de las operaciones militares”.

La Sala señaló, además, la “modesta dotación de recursos” de la Policía costarricense y su “clarísima desventaja” en la lucha contra el narcotráfico.

En la misma sentencia, citó razones de derecho internacional, múltiples tratados, instrumentos y declaraciones de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, a cuyo tenor el país hace bien en participar de la cooperación internacional contra el tráfico de drogas.

Ninguna de esas razones ni la gravedad del tema bastaron para impedir que los legisladores den vacaciones al convenio. La demostrada incapacidad del Congreso aconsejaría votar los permisos por plazos más prolongados.