Editorial: Tribunales para imponer terror

Este burdo caso, sin embargo, palidece ante los grotescos procesos colectivos que se han realizado en Nicaragua y Cuba, con total desdén por los más mínimos componentes del debido proceso.

Su finalidad común es doble en su perversidad: primero, penalizar en extremo a personas que han tratado de ejercer el derecho a expresarse, manifestarse, organizarse o participar en política; segundo, enviar de este modo un ominoso mensaje de represión y terror al conjunto de sus sociedades. Lo que este dice, en síntesis, es que el poder de la cúpula dictatorial no admite discusión y que quien ose disputarlo pagará de las peores formas posibles.

El lunes la cadena de condenas contra opositores en Nicaragua, que se inició en enero mediante procesos sumarios y cerrados en la cárcel El Chipote, llegó a uno de sus clímax con la condena a ocho años de cárcel a Cristiana Chamorro.

Aunque esta sentencia es menor que los 13 años impuestos ya a la mayoría de las casi cuatro decenas de presos políticos, y la cumplirá bajo arresto domiciliario, la suya tiene un simbolismo particular. Es hija, como su hermano Pedro Joaquín (condenado a 13 años de cárcel), de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, mártir de la libertad de expresión y de la lucha contra Anastasio Somoza, y de Violeta Barrios, quien derrotó a Daniel Ortega en las elecciones de 1989. Además, en junio del pasado año, cuando fue detenida arbitrariamente, se perfilaba como una candidata presidencial capaz de repetir la hazaña de su madre, en noviembre.

Las espurias detenciones y condenas en Nicaragua tienen como pretendida base jurídica un paquete de legislación represiva aprobada en el 2020 por la Asamblea Nacional, que controlan los cómplices del orteguismo, en particular una llamada ley de defensa de la soberanía. Su articulado criminaliza las actividades de organizaciones independientes, como la fundación que Chamorro dirigía, dedicada a promover el periodismo responsable y la libertad de expresión.

Cinco días antes, en La Habana, el llamado Tribunal Supremo de Cuba divulgó los fallos y grotescas condenas contra 128 participantes en las protestas populares que conmocionaron la isla el 11 de julio del pasado año. Estas se suman a decenas de muchas más en el resto del país, como parte de la peor oleada represiva desde que los hermanos Castro transfirieron el poder a sus acartonados e impopulares sucesores.

A 56 de los procesados se les impusieron condenas de entre 15 y 30 años de cárcel, otra señal tanto de la naturaleza totalitaria como de la debilidad intrínseca del régimen. Porque la mayoría de quienes llenaron las calles de varias ciudades para protestar por falta de bienes básicos y libertades elementales no fueron “agentes del imperialismo” o parte de grupos “subversivos”, como afirman las consignas del régimen, sino jóvenes “hijos de la revolución”, que actuaron espontáneamente en reclamo de derechos básicos.

La fría truculencia de las penas provocó el descontento incluso en círculos y personalidades afines o cómplices del régimen, como el cantautor Silvio Rodríguez, quien declaró sobre los condenados: “Que yo sepa no mataron a nadie. ¿Condenas de 15, 20 y 30 años por desórdenes públicos? No me parece justo”.

La “hermandad” represiva de los dictadores Ortega y Miguel Díaz-Canel es producto de las similitudes de los regímenes que encabezan, de su absoluto desdén por la libertad y la justicia, y de su determinación de mantenerse en el poder cueste lo que cueste. Sin apoyo suficiente para lograrlo en relativa paz, han redoblado la represión y expuesto, ahora con mayor fuerza, su lógica de terror. Así, se han alejado aún más de sus pueblos y minado la casi inexistente legitimidad que los rodea.