Entre los sentenciados están mi hermana Cristiana Chamorro, exprecandidata presidencial y expresidenta de la FVBCh; mi hermano Pedro Joaquín Chamorro, fundador del partido CxL y exvicepresidente de la FVBCh; los exfuncionarios de la FVBCh Walter Gómez y Marcos Fletes; y Pedro Vázquez, excombatiente del Ministerio del Interior en los años 80, conductor de Cristiana Chamorro.
La Fiscalía pide contra ellos penas que van de los siete a los trece años de cárcel, además de multas económicas por delitos que no pudieron demostrar en nueve meses de investigaciones y siete días de audiencias judiciales a puertas cerradas en la cárcel.
Igual que los otros 170 presos políticos, los cinco reos de conciencia de la FVBCh son inocentes, porque no han cometido ningún delito. La promoción de la libertad de prensa y la libertad de expresión, que ha sido la principal actividad de la FVBCh desde hace más de veinte años, no es un crimen, sino un derecho constitucional, que ha sido criminalizado desde que Daniel Ortega impuso un Estado policial en setiembre del 2018.
En realidad, la campaña de persecución política contra la FVBCh empezó en enero del 2021, el día en que Cristiana Chamorro anunció su decisión de buscar una candidatura presidencial de la oposición. Ese mismo día empezó a fraguarse su detención, el pretexto de la acusación y esta sentencia de culpabilidad.
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Venganza política
Otros seis precandidatos presidenciales y más de 40 líderes políticos y cívicos también están presos, y han sido condenados en la cárcel, por demandar elecciones libres.
Los siete precandidatos presidenciales de la oposición —Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Medardo Mairena, Miguel Mora y Noel Vidaurre— le ganaron anticipadamente al Frente Sandinista las elecciones del 7 de noviembre, y por ello la dictadura los encarceló, eliminó la competencia electoral y se robó las elecciones para imponer la reelección de Daniel Ortega.
Mi hermano Pedro Joaquín Chamorro fue capturado el 25 de junio del 2021 para investigarlo por supuesta “conspiración contra la soberanía nacional”, después de que en entrevistas con CNN y Univisión afirmó que estaba dispuesto a aceptar una posible nominación presidencial del partido CxL, cuando ya había seis precandidatos en la cárcel.
Por asumir ese riesgo, el régimen lo ha castigado con nueve meses de cárcel en El Chipote, y ahora lo está condenando por “gestión indebida”, no porque exista alguna prueba de malversación de fondos en una fundación en la que no manejaba recursos, sino por administrar los gastos de mantenimiento de un condominio de cuatro apartamentos, que no tiene ninguna relación con la FVBCh, del cual él era copropietario. Por ese delito inexistente, la Fiscalía pide que lo condenen a ocho años de cárcel, para justificar un acto de venganza política.
Walter Gómez, Marcos Fletes y Pedro Vázquez tampoco han cometido ningún delito, porque únicamente han ejercido su trabajo de forma honrada, eficiente y profesional.
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País encarcelado
Los 177 presos políticos en la cárcel representan hoy la decencia y la dignidad nacional frente a sus verdugos y torturadores. Su condena nunca acallará el reclamo de libertad, por el contrario, al castigarlos a penas que incluso sobrepasan el ilegítimo período presidencial de Ortega y Murillo, el régimen más bien está acortando los plazos políticos de su propia sobrevivencia.
Al condenarlos, Ortega va a relanzar con más fuerza la demanda nacional e internacional para la liberación incondicional de todos los reos de conciencia. Su libertad es un imperativo humanitario, para salvar sus vidas de la tortura, y también político, para comenzar la liberación de un país que se encuentra encarcelado.
Mientras tanto, quedará pendiente el clamor de justicia para investigar los crímenes de lesa humanidad que se mantienen en la impunidad.
En Nicaragua, todos sabemos quiénes son los verdaderos delincuentes que ejecutaron el mayor acto de corrupción de la historia nacional con la desviación de más de $5.000 millones de la cooperación estatal venezolana, para enriquecerse con sus negocios familiares a costa del Estado.
Los traidores a la patria son los que violaron la Constitución de la República y masacraron al pueblo que salió a las calles en abril del 2018 a demandar libertad, democracia y justicia.
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Los únicos golpistas son los que ejecutaron un golpe de Estado desde arriba, para demoler todas las instituciones democráticas, hasta imponer una dictadura totalitaria.
Los que menoscaban la soberanía nacional son los aliados de Vladímir Putin y la invasión rusa a Ucrania, que han colocado a Nicaragua en el mapa mundial de las sanciones contra los invasores y oligarcas rusos.
Los responsables del aislamiento internacional en que se encuentra el Estado son los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos, que han llegado al extremo de expulsar del país al nuncio apostólico, Waldemar Sommertag, exrepresentante del papa Francisco en Nicaragua.
La justicia llegará de la mano de la verdad, después del fin de la dictadura, y la ruta del cambio empieza con la liberación de todos los presos políticos y la anulación de los juicios espurios.
carlosf.chamorro@confidencial.com.ni
El autor es periodista nicaragüense.
