Costa Rica reitera llamado a liberación de presos políticos del régimen de Daniel Ortega

A traves de un comunicado difundido este domingo por la tarde, el canciller costarricense, Rodolfo Solano, manifestó su “profunda y seria preocupación” por el resultado de los juicios realizados contra voces opositoras al régimen.

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Entre los juzgados y sentenciados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo están Cristiana Chamorro, Walter Gómez, Marcos Fletes, Pedro Joaquín Chamorro y Pedro Vásquez.

En el caso de Cristiana Chamorro, por ejemplo, la sentencia de la excandidata presidencial se produjo tras un juicio de siete dias, sin acceso a la prensa ni al público, celebradi en la cárcel conocida como El Chipote.

En el mismo juicio fueron declarados culpables su hermano, Pedro Joaquín, y tres extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Los cargos son por “gestión abusiva, apropiación y retención indebida, falsedad ideológica y lavado de bienes y activos”.

“Estas declaraciones de culpabilidad constituyen un golpe adicional a la institucionalidad en Nicaragua. En un Estado de Derecho se debe garantizar la independencia judicial, la cual nunca puede estar comprometida”, declaró el canciller Solano.

Según el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, la carta de presentación de la región centroamericana debe ser el respeto a la institucionalidad democrática, así como la defensa y promoción de los derechos humanos, y la libertad de prensa y expresión.

Solano instó a la inmediata liberación y restitución de los derechos plenos de todos los presos políticos. “Costa Rica insta a Nicaragua, en línea con lo planteado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde enero anterior, a garantizar el debido proceso, el acceso a una defensa adecuada y a cesar todo hostigamiento en contra de todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente”, declaró el jerarca.

Solano también considera urgente que el Estado nicaragüense cumpla con sus compromisos con el derecho internacional, el marco jurídico regional y su obligación de proteger los derechos humanos de la población de Nicaragua en general y de los detenidos en particular.

“Que se permita el acceso a Nicaragua a los representantes de la Oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Tal como lo ha expresado la Organización de las Naciones Unidas, Nicaragua está llamada a cooperar plenamente con los mecanismos de derechos humanos pertinentes”, insistió el representante gubernamental de Costa Rica.