Editorial

Editorial: Tragedia ambiental en Abangares

El colapso del borde de una laguna de almacenamiento de aguas utilizadas en minería, en Abangares, plantea vitales interrogantes sobre la inspección y control de este tipo de construcciones en el país. Las razones del incidente no están claras, pero ninguna hipótesis deja de sembrar inquietud sobre la labor reguladora.

Una primera explicación es la lluvia caída en grandes cantidades en días recientes. Perfectamente puede ser el motivo, mas no es una sorpresa. El régimen de lluvias, incluida la posibilidad de precipitaciones intensas, es bien conocido en todo el país. Ninguna construcción puede dejar de tomarlo en cuenta, como tampoco la inestabilidad de laderas o el paso de fallas.

Tratándose de instalaciones industriales, la concesión de permisos debe hacerse con minucioso apego a la seguridad constructiva y con seguimiento, a lo largo del tiempo, de la estabilidad de la estructura y su capacidad para resistir los fenómenos previsibles en la zona donde se ubican.

Lagunas como la afectada pueden contener químicos peligrosos utilizados en la minería, como mercurio y cianuro. Las aguas rebosadas de la laguna fueron a dar a los ríos Santa Lucía y Abangares, y causaron la muerte de gran cantidad de peces y otras especies. Todavía no se sabe si la causa es la toxicidad del agua o el arrastre de sedimentos en cantidad suficiente para impedir a la fauna acceso al oxígeno.

Si hubiera elementos tóxicos en los ríos, también existe la posibilidad de afectación de la salud humana. La preocupación es suficiente para motivar a la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Abangares a repartir bidones de agua a alrededor de 100 familias precaristas sin acceso a agua potable y dependientes del río. Incluso se ha planteado la posibilidad de evacuar las márgenes.

Descartar la presencia de sustancias tóxicas respondería otra de las interrogantes fundamentales planteadas por lo ocurrido. Los exámenes no solo importan por el efecto inmediato en los pobladores, sino también por la posibilidad de filtraciones al subsuelo donde podrían correr aguas subterráneas, incluso utilizadas para consumo humano.

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) dice no haber recibido ninguna alerta relacionada con el sitio. Su labor es preservar la vida silvestre y fiscalizar obras cuando se desarrollan cerca de los ríos, pero la Dirección de Geología y Minas (DGM) del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) es la encargada de conceder los permisos para la operación de plantas como la instalada en La Luz, para procesar los desechos minerales y eliminar sustancias tóxicas.

La pregunta, sin embargo, no es solo quién concede los permisos, sino también a quién corresponde hacer las inspecciones posteriormente. Es fundamental saber si esa obligación existe y cuándo fue la última revisión de la planta y las lagunas de retención de aguas procesadas.

Una investigación cuidadosa puede enseñarnos mucho sobre lo sucedido. Ninguna pregunta debe quedar sin respuesta porque las lecciones podrían evitar otra “tragedia ambiental”, para utilizar la expresión de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo. La afectación de kilómetros de cauces ya es irremediable y se teme que el impacto del accidente llegue hasta el golfo de Nicoya.

El Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio de Salud, el Sinac y la Dirección de Geología y Minas están en busca de las respuestas. El país entero debe estar atento porque lo sucedido no debe repetirse, y quizá las autoridades estén a tiempo de impedir un accidente similar.

LE RECOMENDAMOS

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.