Editorial: Terremoto político en Chile

Cuáles serán sus implicaciones a largo plazo es algo difícil de calibrar, en vista de la volatilidad en las preferencias de los electores chilenos durante los últimos años. En cambio, sí tendrá enorme impacto inmediato en tres ámbitos fundamentales para el presente y futuro del país. El más importante y directo será determinar el contenido del nuevo texto constitucional, razón de ser de la elección. El Consejo tendrá poco menos de siete meses para redactarlo y presentarlo a consideración de los votantes en diciembre. Si fuera aprobado, la nueva constitución entraría en vigor; si no, se mantendría la actual, emitida durante la dictadura de Augusto Pinochet, pero reformada en múltiples ocasiones durante el período democrático.

A lo anterior se añaden dos consecuencias visibles más: un fuerte golpe a la legitimidad, el proyecto y la capacidad de acción del gobierno izquierdista de Gabriel Boric, y el fracaso de las agrupaciones políticas de centro e izquierda moderada —como los Partidos Demócrata Cristiano y Radical—, que fueron actores fundamentales en la reconstrucción democrática de Chile. Su alianza no logró elegir ni un delegado al Consejo y su futuro está ahora en entredicho.

El Partido Republicano, de derecha dura, fundado por el excandidato presidencial José Antonio Katz —al que derrotó Boric en diciembre del 2021—, obtuvo el 35,5 % de los votos y 23 de los 50 consejeros constitucionales. Al superar los 21, logró poder de veto. Unidad para Chile, la alianza del presidente, recibió un apoyo del 28 % y eligió 17 representantes. La centroderecha tradicional, agrupada en la coalición Chile Seguro, alcanzó el 21 % de la votación y 11 escaños. En cambio, Todo por Chile, en la que se coaligaron la Democracia Cristiana y el Partido Radical, apenas rozó el 9 % de la votación y quedó fuera del juego, lo mismo que el Partido de la Gente, de orientación populista (un 5,5 %).

Con esta aritmética, no hay duda de que la nueva constitución será totalmente distinta del proyecto de “refundación nacional”, con altos componentes izquierdistas e identitarios, que fracasó dramáticamente en el referendo celebrado en setiembre del pasado año. Tal resultado fue un preludio de lo sucedido el domingo, y no existe duda alguna de que el proyecto en el que trabajará el Consejo tendrá inspiración de derecha. La incógnita es hasta qué punto.

Los republicanos, con agudas tendencias conservadoras en lo social y neoliberales en lo económico, tienen la ventaja de su enorme apoyo para impulsarlas. Sin embargo, los centroderechistas de Chile Seguro es posible que rechacen sus impulsos radicales e impongan varias cuotas de moderación. Esto podrán intentarlo de dos maneras: mediante una tarea de convencimiento a los seguidores de Katz, que probablemente será su preferida, o, si fracasa, apelando a alianzas puntuales con Unidad para Chile.

Tras la elección del domingo, Juan Antonio Coloma, presidente del Senado y representante de la derechista Unión Democrática Independiente, parte de Chile Seguro, llamó al gobierno a hacer “un cambio de agenda” consecuente con los resultados, pero añadió que el Partido Republicano tiene la responsabilidad de “terminar con un texto constitucional que una”. Añadió lo siguiente: “Espero que al final lo que haya sea un ánimo común. Los países tienen espacios para enfrentarse, es parte de la democracia, pero también hay momentos para acordar, sobre todo cuando son procesos a largo plazo”.

Es lo que esperamos y deseamos para Chile. Llegó la hora de que al fin pueda producirse una definición clara sobre su ley fundamental, y que esta sea un factor de unidad, solidaridad y las mejores prácticas democráticas posibles. En esto todos los actores políticos tienen responsabilidades que cumplir, pero especialmente los ganadores. No deben desperdiciarla.