EscucharEl 25 de abril, hace apenas nueve meses, el Poder Ejecutivo anunció la intervención del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), advirtió de su situación crítica y presentó denuncias penales contra los directivos que, en el 2010, aprobaron un manual de organización institucional con una estructura distinta al plan de reorganización administrativa registrado en el Mideplán en el 2008.
De las denuncias no se volvió a saber, quizá porque los supuestos delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad habían prescrito de sobra. Tampoco se supo más de la intervención y las medidas correctivas encargadas al presidente ejecutivo Alejandro Guillén Guardia, firmante de la ineficaz acusación junto con la ministra de Planificación, Laura Fernández Delgado.
Durante la gestión de Guillén, el AyA destacó por la renuncia de dos directivas en protesta por un contrato de ¢2.000 millones otorgado a una empresa china para la construcción de un tanque de agua, sin prever multas en caso de incumplimiento. “Quisiera que mi renuncia se lea como una alerta y una enorme preocupación ligada a la toma de decisiones estratégicas riesgosas para la Hacienda pública”, dijo una de las dimitentes. También se habló del AyA en conexión con el contrato de ¢2.313 millones otorgado al Sinart en forma directa, sin concurso, con base en un estudio de mercado de una página y un párrafo, pero de los resultados de la intervención nada se sabe.
En julio, el intendente del agua de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) acusó al instituto de haber “perdido el norte” y advirtió sobre la precariedad de sus finanzas y los riesgos para el suministro de agua a corto y mediano plazo por la mala gestión de proyectos y el abultado endeudamiento.
El martes, Guillén dejó el cargo a petición del presidente Rodrigo Chaves, quien admitió el mal manejo de la contaminación del agua en tres cantones de San José. Con la destitución se anuncia una nueva intervención del Instituto, lo cual parece confirmar el fracaso de la primera.
Juan Manuel Quesada Espinoza, hasta el martes presidente ejecutivo de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), sustituirá a Guillén. Durante su administración, Recope registró pérdidas netas de ¢19.373 millones al 30 de noviembre del 2023. Quesada puso en práctica un método para atribuir a la Aresep los aumentos del precio de los combustibles: Recope ya no pide alzas, solo proporciona los números y espera a que el ajuste lo haga la Aresep.
Los precios internos de los combustibles dependen del internacional y de la buena gestión de compra y costos de Recope. La Aresep solo revisa los números y decide si corresponde un ajuste. Cuando es a la baja, la nueva política de Recope es anunciarla con algarabía. Cuando sucede lo contrario, informa de la decisión de la Aresep. Si el nuevo presidente ejecutivo intenta trasladar el método al AyA, las dificultades de la institución crecerán exponencialmente.
El Instituto necesita recuperar la credibilidad necesaria para defender la revisión de tarifas. El desacuerdo de julio fue producto de una rebaja del 10,7 % propuesta por la Aresep para el servicio de acueductos luego de varias alertas sobre el elevado endeudamiento de la institución y la falta de información para validar sus inversiones.
La segunda intervención del AyA durante esta administración se produce en vísperas de cumplirse la mitad del período presidencial. Se está haciendo tarde para producir resultados en un servicio crítico, en cuya prestación el país sufre rezago aun sin considerar los nuevos retos del cambio climático.
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La nueva intervención en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) ocurre en vísperas de cumplirse la mitad del período presidencial. (Alonso Tenorio)
