Renuncian directivas de AyA por contrato de ¢2.000 millones con firma china
Directoras salieron luego de lograr dos veces anular convenio carente de cláusulas de castigos y multas si hay incumplimientos de proveedor. Plan avanzó con aval de jerarca de entidad
Alejandro Guillen Guardia, presidente del AyA, este miércoles en conferencia de prensa en Casa Pesidencial. Fotografía: Cortesía.
Dos directivas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) presentaron su renuncia esta semana luego de que se hiciera público un conflicto interno relacionado con la adjudicación de un contrato por ¢2.000 millones a una empresa china, mediante un cartel que carece de multas o castigos en caso de incumplimientos de la empresa elegida.
El contrato, defendido por Alejandro Guillén Guardia, presidente del AyA, es para la construcción de un tanque de agua como parte del proyecto “Mejoras al abastecimiento del sector oeste del área Metropolitana de San José, diseño y construcción del tanque La Uruca”, según reportó el medio digital CRHoy.
La Nación se comunicó este sábado 5 de agosto con Guillén Guardia para hacerle consultas sobre las salidas de ambas directivas y el contexto en el cual se desvincularon del AyA. El jerarca de la empresa dijo que iba a referirse al tema en próximas horas.
Alejandro Guillén Guardia durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial. Él era viceministro de Obras Públicas y Transportes hasta febrero del 2022, cuando fue nombrado en el AyA después que el presidente Rodrigo Chaves despidiera al anterior jerarca, Roberto Guzmán Gutiérrez. Fotografía:
Las directivas Beverly Hernández Castro y María Fernanda Jiménez Morales presentaron sus renuncias el 1.º y 2 de agosto respectivamente, confirmó el diario La Nación.
Un artículo de CRHoy, publicadoel 2 de agosto, y que se basa en actas de la Junta Directiva del AyA, reflejan el conflicto interno por la adjudicación del contrato para la construcción en China de uno de los tanques más grandes del país, con un diámetro de 40 metros, a cargo de la empresa identificada como Shijiazhuang Zhengzhong Technology.
El 7 de julio anterior, en una sesión extraordinaria de la Junta Directiva, la licitación se declaró desierta por cuatro votos, incluyendo los de las directivas que luego renunciaron. Sin embargo, en una sesión posterior el 18 de julio (sesión extraordinaria 034-2023), se presentó un recurso de aprobación y el contrato se sometió a votación nuevamente.
En esta ocasión, el contrato fue aprobado por cuatro votos a favor y dos en contra (incluyendo el voto de Hernández Castro), en una sesión donde Jiménez Morales no participó.
“Sí quisiera que mi renuncia se lea como una alerta y una enorme preocupación ligada a la toma de decisiones estratégicas riesgosas para la hacienda publica, como Junta Directiva tenemos la obligación de velar por que se ejecuten los proyectos pero dentro del bloque de legalidad”, indicó este sábado.
Ella aseguró que había que declarar desierta la contratación y realizar otra pero con las cláusulas de sanciones y multas. Además, reconoció que la continuidad del contrato sin tales previsiones la obligó a renunciar.
“Es un tanque de 10.000 metros cúbicos construido y traído desde China. Si pasa algo no están esas cláusulas en el contraro, no tenemos respaldo alguno. Tuvimos tres sesiones, y en dos se votó en contra y teniendo todos los argumentos técnicos correspondientes para declararla desierta”, recalcó.
Según dijo, fue mediante “argumentos falaces” que en una tercera sesión extraordinaria, y sin variar los argumentos de fondo, se revirtió todo.
“Esto se sumó a otras situaciones y fue el parteaguas donde yo decido que ya no puedo continuar en la toma de decisiones con la dinámica que se está dando en este órgano colegiado”, indicó.
Por su parte, Jiménez Morales indicó en su mensaje de salida que “aunque mi deseo sería poder continuar en esta posición, luego de un profundo análisis, llego a esta decisión, que no ha sido fácil de tomar, pero siento que es la más adecuada en este momento de mi trayectoria profesional”.
Hernández Castro citó también esperaba que su salida sirviera como “señal de alerta ante la actual crisis” en referencia a lo que denominó como una incapacidad institucional de presentar datos precisos sobre la contabilidad tarifaria que, agregó, “impide satisfacer requerimientos de los entes reguladores” y pone en riesgo la sostenibilidad de la prestación del servicio en el mediano y largo plazo.
“Este tema es medular y pone en evidencia las deficiencias en el engranaje entre las diferente áreas estratégicas y operativas de la institución. Las tarifas son el espejo de la administración del hecho generado de ingresos y, la afectación en el flujo orgánico afecta el respaldo al portafolio de inversiones y la ejecución de proyectos estratégicos”, cita el documento.
Jiménez Morales, también consultada este sábado, aseguró que el AyA tiene demasiados riesgos en este momento y “considero que la sostenibilidad de la organización yo no la podría asegurar”.
Más renuncias
Copiado!
El mensaje de esa exdirectiva llegó a pocos días de la renuncia de Pamela Castro Leitón, Subgerente de Sistemas Periféricos del AyA, ocurrida el pasado 18 de julio.
En su carta de renuncia, obtenida por este diario, enumeró varios problemas y razones que motivaron su decisión.
Entre los problemas mencionados, Castro Leitón señaló un debilitamiento de áreas operativas, poniendo como ejemplo el caso de San Ramón, donde el traslado de un ingeniero resultó en más de 500 indisponibilidades y un empeoramiento en la calidad del servicio, lo que generó constantes quejas de la comunidad.
Además, la exfuncionaria citó la falta de recursos, incluyendo plazas, equipo, maquinaria y espacio físico de oficina para la subgerencia. Expresó su preocupación por la reducción de plazas y la dificultad para nombrar personal, lo que ha dejado a su equipo agotado y desmotivado.
Otra de las acusaciones de Castro Leitón es la inexistencia de respaldo en procedimientos legales, ya que según expuso, ha sido expuesta a firmar documentos y asumir responsabilidades de decisiones o directrices emitidas por la administración sin el debido respaldo o asesoría legal, lo cual pone en riesgo su integridad física y moral.
