Gobierno acusa a exdirectivos del AyA por delitos ya prescritos
Mideplán y jerarca de Instituto solicitaron a Fiscalía investigar hechos del 2010 contra exfuncionarios entre quienes figura el actual presidente del PLN
06/09/2022 Edificios de San José y de gobierno, oficinas Instituto Costarricense de Acuaductos y Alcantarillados ( AYA )en Pavas. Foto Alonso Tenorio Alonso Tenorio
Oficinas centrales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), en Pavas. Fotografía: (Alonso Tenorio)
El Gobierno denunció este martes ante la Fiscalía que en el 2010 se creó en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) una estructura organizacional abultada, innecesaria, que pesa sobre las finanzas de la entidad y que, considera, está al margen de la ley.
Según la denuncia firmada por Laura Fernández Delgado, ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), y Alejandro Guillén Guardia, presidente del AyA, los entonces directivos de aquel momento, habrían incurrido en acciones de prevaricato, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.
Esos son los delitos que le atribuyen a los ahora exfuncionarios entre quienes figura Ricardo Sancho Chavarría, actual presidente del Partido Liberación Nacional (PLN), quien asumió el cargo de esa agrupación en octubre anterior.También fueron denunciados Abenilda Espinoza Mora, Juan Bautista Arce Chaves e Irma Morales Hernández.
No obstante, por el tiempo transcurrido, los supuestos delitos están prescritos según las leyes de Costa Rica.
“Si los hechos son del 2010 y lo que se acusa son tipos penales como abuso de autoridad, prevaricato e incumplimiento de deberes, parece más que evidente que se encuentran a la fecha absolutamente prescritos de forma tal que presentar una denuncia por hechos prescritos, parece tan temerario como absurdo”, manifestó el especialista en Derecho Penal, Juan Marcos Rivero.
El penalista recordó que la prescripción de la acción normalmente se rige por el máximo de la pena que debe imponerse. “El Código Procesal Penal es muy claro: una vez que transcurre el máximo de la pena, está prescrito”, advirtió.
En el caso del prevaricato, el artículo 357 del Código Penal, dice: “Se impondrá prisión de dos a seis años al funcionario judicial o administrativo que dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos”.
Es decir, la pena máxima son seis años y desde los hechos que se denuncian han pasado 13.
Para el abuso de autoridad, el artículo 338 dispone penas de prisión de tres meses a dos años para el “funcionario público, que, abusando de su cargo, ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien”.
Finalmente, el incumplimiento de deberes, tipificado en el artículo 339, “reprime con pena de inhabilitación de uno a cuatro años, el funcionario público que ilegalmente omita, rehúse hacer o retarde algún acto propio de su función”.
De esta forma, estarían prescritos los tres delitos señalados en la denuncia presentada ante la Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de San José.
Los hechos
Copiado!
Según el documento de Fernández y Guillén, los ilícitos se habrían dado porque en el 2007 el AyA presentó una reorganización administrativa ante el Mideplán, la cual quedó registrada en el 2008. No obstante, en el 2010, la Junta Directiva de la entidad aprobó un Manual de Organización Institucional con una estructura distinta a la registrada ante Mideplán desde el 2008.
El esquema contenido en el Manual, alegaron los denunciantes, incluyó subdivisiones de unidades asesores, unidades técnicas y administrativas que no cumplían con el procedimiento. La situación generó puestos y jefaturas que se apartaban de la estructura correcta y que, dijeron, se mantienen a la fecha.
“Denunciamos que opera una estructura paralela o con roles, la cual no está vinculada con la estructura oficial aprobada por el Ministerio de Planificación y Política Económica y no cuenta con el visto bueno de MIDEPLAN, situación que se mantiene en la actualidad, siendo un delito continuado”, señala la denuncia.
Sobre tal afirmación, el penalista Rivero llamó la atención sobre otro criterio erróneo.
“El delito continuado primero debe relacionarse con hechos de carácter patrimonial y en el caso del delito de prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes no se da esa situación, verlo como un delito continuado ¡nunca!; ¡no tiene el menor sentido!”, declaró.
La queja presentada ante la Fiscalía enfatiza en la existencia de una “estructura organizacional de hecho, pero no a derecho”. La situación, dijeron, complica el accionar de los jerarcas actuales debido a esta “estructura organizacional informal”. No obstante, no detallan cantidad de puestos de más o puestos duplicados ni costos para la institución.
La Nación consultó al Mideplán este martes detalles adicionales sobre el caso pero su área de prensa informó de que no tenía autorización para ampliar al respecto y que sería el presidente Rodrigo Chaves Robles quien daría más información este miércoles una vez concluida la sesión de Consejo de Gobierno.
Entretanto, en el AyA solo confirmaron la existencia de la denuncia.
