El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) tarda 10 años o más en concluir obras de alcantarillado sanitario, reveló este jueves un informe de fiscalización de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
El análisis de la Autoridad se centró en 76 proyectos de saneamiento iniciados entre los años 2016 y 2021, los cuales están aún sin finalizar. Estos consisten en inversiones para prevenir el vertido de aguas negras o jabonosas en ríos, como efecto de actividades en hogares, comercios e industrias.
Según determinó la Aresep, el AyA carece de un plan maestro de planificación que justifique técnicamente las inversiones propuestas para el servicio de saneamiento.
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La Nación consultó al Instituto sobre estos señalamientos. Su jerarca, Alejandro Guillén Guardia, admitió que “efectivamente hemos detectado un retraso en lo referente a los sistemas de saneamiento, pero desde la nueva Presidencia de AyA estamos desarrollando las acciones correctivas que promuevan el concretar los proyectos y que aceleren las inversiones”.
Según el vocero, eso incluye análisis para valorar las estrategias económicas y financieras que permitan, de manera priorizada, sustentar las necesidades que tiene el país en materia de saneamiento, agregó.
El funcionario, eso sí, mencionó que desde su ingreso en febrero anterior, topó con “hallazgos de orden estructural y organizativo” que atribuyó a administraciones anteriores y, según su declaración, han limitado la capacidad de ejecución de las inversiones.
Otro problema que dio a conocer la Aresep, es que la información disponible sobre estas obras “presenta incongruencias”. Estas incongruencias, dijo, se dan tanto en cuanto a la cantidad de proyectos ejecutados, como en la trazabilidad de la información de cada proyecto, incluso en el registro de activos.
Igualmente, advirtió, no se dispone de un control y seguimiento en la ejecución de proyectos al punto que, en algunas subcontrataciones, se sobrepasa en el 100% respecto al costo inicial de la contratación. Entre estos, hay dos casos vinculados a préstamos otorgados por organismos internacionales.
“El incremento desmedido en los costos de los proyectos de saneamiento, se explican en parte por el plazo que transcurre entre las diferentes etapas de desarrollo, muchos justificados por problemas de gestión interna”, afirmó la Aresep en un comunicado.
Así, la ejecución de obras del AyA toma 10 o más años, contados desde el momento en que se identifica la necesidad hasta que finalmente el proyecto se pone en operación, “por lo que su alcance es insuficiente a las necesidades de las comunidades”.
Un ejemplo, es el sistema de alcantarillado para llevar las aguas residuales de 11 cantones a la planta de tratamiento Los Tajos, en la Uruca. Aunque la planta comenzó a operar desde 2015, se completará la infraestructura para trasladar las aguas desde los cantones hasta el 2024, si se cumplen las últimas previsiones.
El costo del plan pasó de $250 millones a $600 millones.
Deficiencias adicionales
Aresep también descubrió que en el AyA no existe política de aseguramiento de sus activos, razón por la cual tampoco existen pólizas de seguros para estas obras.
Otro aspecto sobre el que advierte la fiscalización es que la mayoría de los sistemas de tratamiento de aguas residuales se encuentra en la región metropolitana, lo que deja al descubierto zonas rurales y costeras. Esto genera que, en esas zonas donde sirve el AyA, estas carezcan de planificación o priorización de soluciones claras.
“El descuidar estas inversiones tiene consecuencias negativas sobre la salud de las personas, el turismo y la economía”, consideró Aresep, que suma a ese listado el daño ambiental.
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“El AyA tiene serias deficiencias en la planificación, el diseño, seguimiento y ejecución de proyectos de inversión de obras, ni siquiera tiene una visión integral interna entre las áreas estratégicas (Gerencia-Planificación-Finanzas- Inversiones y Tarifas), lo cual provoca elevados costos a los usuarios del servicio público”, recalcó Aresep.
Por esta razón, la Autoridad emitió una serie de disposiciones, con carácter de urgencia y de acatamiento obligatorio por parte del AyA, para reformar los proyectos de inversión, endeudamiento y planificación para la atención de necesidades del servicio de saneamiento.