EscucharMientras la contribución de los trabajadores independientes llegue hasta el 18,5 % y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) insista en cobrar cuotas con diez años de retroactividad a quien decida regularizar su situación, la informalidad seguirá creciendo. Si las obligaciones del cotizante se agravan, como en la propuesta inicial de reforma al Reglamento de Afiliación de Trabajadores Independientes, el daño será mayor.
Pedir el desembolso de la quinta parte de los ingresos para el seguro social, luego de atender el pago de impuestos, es un despropósito. Agregar a la base de cálculo ingresos no generados por el trabajo, como el alquiler de propiedades y el rendimiento de inversiones, delata la distancia entre la burocracia de la Caja y la realidad nacional.
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Los trabajadores independientes también pagan impuesto sobre la renta, cuya tarifa es del 25 % y no el 15 % cobrada sobre el salario. Si alguno gana ¢1,9 millones mensuales y debe pagar el 18,5 % a la Caja según la escala utilizada para fijar el porcentaje de cotización, prácticamente la mitad de sus ingresos (¢826.500) le serán descontados de entrada.
No es casualidad la legión de trabajadores independientes sumidos en la informalidad y tampoco el reducido número que declara ¢1,9 millones o más de ingresos (solo 450 de 251.000 inscritos). La inmensa mayoría dice ganar menos de ¢300.000 al mes.
Por fortuna, la fuerte reacción al disparate inicialmente planteado parece haber enderezado el rumbo. Ahora, la Caja estudia formas de reducir el porcentaje de cotización y conceder una amnistía a quienes decidan formalizarse, en lugar de pasarles la factura por una década de contribuciones omitidas.
La reducción del porcentaje será gradual, dice Gustavo Picado, gerente financiero de la Caja. «La idea es establecer un mecanismo para homologar las tasas del trabajador independiente con las del asalariado, pero no necesariamente serán para los dos seguros (el de salud y el de pensiones) porque se requiere tiempo para no someter las finanzas institucionales a una presión adicional», afirmó.
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En cuanto a la amnistía, Picado exhibió la misma claridad: «La institución ha entendido que debe dar un paso en la línea de la amnistía, que es la figura normal, y se aplicaría no solo a trabajadores independientes sino también a patronos». Las amnistías siempre implican una injusticia contra el ciudadano cumplidor, pero con frecuencia son aliadas del realismo. Es iluso pensar en la formalización masiva al precio de una década de cotizaciones atrasadas, con intereses, multas y recargos. Prolongar la situación a nadie favorece, comenzando por la Caja.
Las nuevas propuestas también demuestran realismo al reconocer la fluctuación de los ingresos del trabajador independiente y la necesidad de adaptar las cotizaciones a esa circunstancia. La institución estudia la posibilidad de ajustar los pagos al flujo de ingresos del trabajador y aplicar tasas diferenciadas a los nuevos emprendimientos. Como estímulo adicional al cumplimiento, el gerente propone ofrecer medios virtuales para agilizar el proceso de afiliación y presentación de documentos.
En conjunto, las reformas constituyen un programa realista para reducir la informalidad entre los trabajadores independientes, muy alejado de las absurdas pretensiones de la propuesta inicial. Falta definir aspectos esenciales, como el ritmo de reducción de los porcentajes de cotización, pero el pragmatismo de los planteamientos orienta el esfuerzo en la dirección correcta. Toca a la Junta Directiva decidir si lo pone en práctica.
