Gustavo Picado, gerente Financiero de la CCSS, confirmó a La Nación dichas propuestas son parte del proceso de reforma del Reglamento de Afiliación de Trabajadores Independientes, a lo cual se sumó brindar el beneficio de parte de las deudas a empresas.

“La institución ha entendido que tiene que dar un paso en la línea de amnistía, que es la figura normal, y que se aplicaría no solo para trabajadores independientes sino para patronos”, reconoció el jerarca.

Picado explicó que, en las próximas semanas, llevarán la propuesta a la Junta Directiva de la Caja para la discusión y votación; para posteriormente enviarse a consulta pública.

El jerarca detalló que el 35% de los trabajadores autónomos está moroso, es decir 87.000 personas, es un problema que debe resolverse.

“Mientras se mantiene la deuda, la persona no tiene acceso a los servicios del seguro de salud ni a pensiones. Este es un tema pendiente que debemos buscar la forma de atenderlo. La amnistía es la posibilidad”, explicó Picado.

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Las medidas se toman, recalcó el gerente financiero, a raíz de la situación económica por la pandemia y porque es necesario tomar decisiones de carácter extraordinario.

La iniciativa de la entidad autónoma es adicional al actual proyecto de ley, en discusión en la Asamblea Legislativa, que promueve la condonación de deudas a 117.000 trabajadores por cuenta propia.

El pasado 4 de junio, La Nación informó que la entidad autónoma tiene intensión de crear tasas de contribución social diferenciadas para personas que laboran por cuenta propia, en especial, para las personas jóvenes que inician una nueva actividad.

Además de permitiría pagos flexibles, según la realidad de la actividad económica donde se desempeñe la persona.

Dichas medidas son parte de un replanteamiento a la primera propuesta, de marzo pasado, de nuevas reglas para el aseguramiento de trabajadores independientes, la cual recibió fuertes críticas por parte de colegios profesionales.

A marzo pasado, la CCSS tenía registrado un saldo de morosidad de ¢543.000 millones de patronos y trabajadores independientes, según los estados financieros del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) y al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Al SEM, los patronos deben ¢166.000 millones y los empleados por cuenta propia, ¢163.000 millones.

En tanto, la mora al fondo de pensiones era de ¢156.339 millones, por parte de los trabajadores independientes, y de ¢57.723 millones, de los patronos.

Propuesta en construcción

No es la primera vez que la CCSS aplica una amnistía para patronos morosos ante la seguridad social.

En diciembre de 1995, la Junta Directiva aprobó un proceso de perdón de deudas por un periodo de tres meses.

En ese momento, a los empleadores se les otorgó una condonación de multas e intereses; y solo debían pagar el monto principal en mora.

Si el proceso ya estaba en cobro judicial, la institución solo estableció como requisito el pago de las costas del proceso para poder acogerse al beneficio. En 1980 y 1986, la CCSS también implementó un proceso similar.

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En esta ocasión, los detalles específicos de cómo se aplicará el perdón de deudas están por definirse y presentarse a los sectores sociales en las próximas semanas.

Sin embargo, la institución cuenta con algunas características del proceso para los patronos, trabajadores independientes y las personas informales que deseen inscribirse en la CCSS.

En el caso de los patronos, la CCSS planteará la medida solo por los aportes vinculados con la seguridad social.

Las contribuciones al Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf), al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y al régimen de pensiones complementarias quedarán excluidas de la medida, pues estos aportes no dependen de la Caja.

“En principio la amnistía es no aplicar intereses, multas y recargos, pero está obligado a hacer un arreglo por todo lo demás, es decir, las cuotas obrero-patronales, servicios médicos, la pensión complementaria y Fodesaf”, explicó Picado.

El jerarca recalcó que al final el monto perdonado podría estar muy por debajo de lo esperado por el empleador.

En el caso de los trabajadores independientes, la entidad persigue reducir la morosidad de manera significativa para brindarle acceso a los servicios de salud a las personas.

Como en los patronos, la medida se aplicaría en intereses, multas y recargos, pero, adicionalmente, se busca adaptar el sistema de aseguramiento a la realidad de los ingresos de los trabajadores.

En el caso de las personas que laboran de manera informal, la opción es suprimir en su totalidad el cobro retroactivo de cuotas hasta por un plazo de 10 años, o que tenga un límite, por ejemplo reducirlo el cobro solo a los últimos 12 meses de cuotas no reportadas.

Sin embargo, la institución analiza si tal medida puede hacerse mediante un reglamento o si es necesario un cambio legal.

“Hemos entendido que el cobro retroactivo ha tenido implicaciones muy fuertes para muchos trabajadores, porque cuando se hace una facturación cinco o seis años, realmente la deuda que se genera es impagable y eso provoca una exclusión de la seguridad social”, reconoció Picado.

Para Alonso Elizondo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, la entidad debe crear incentivos que permitan a las personas migrar a la formalización, como lo es el tema de la amnistía, pero sin la aplicación de medidas retroactivas.

En tanto, Guillermo Smith, presidente del Colegio de Contadores Públicas, aseguró que el actual sistema de afiliación para trabajadores independientes empuja a las personas a la informalidad.

Smith enfatizó que el actual sistema de cobro retroactivo es inconstitucional, desproporcionado y aleja a las personas de la seguridad social.